Penas mínimas para liquidar la causa de proxenetismo con más páginas de España

La controvertida jueza Pilar de Lara había instruido una causa que superó los 250 tomos, el centenar de imputados y se acercaba al medio millar de testigos. Pero de aquellos polvos, pocos lodos quedaron. La macrocausa de la Operación Carioca se desgajó en medio centenar de piezas secundarias, que con el tiempo fueron desinflándose. La que se juzga estos días en Lugo es la pieza principal, que si bien ya había llegado muy delgada a la sala de vistas, ahora ha quedado consumida.

Son cinco los investigados que finalmente han acabado en el banquillo. José Manuel G., Marcos G. y Jesús G., propietarios de tres prostíbulos de la provincia de Lugo, el Queens, el Eros y el Eclipse, respectivamente. Los tres con un antecedentes de explotación sexual a mujeres. Y para ellos la Fiscalía reclamaba, en esta causa, penas que oscilaban entre el año y el año y medio de cárcel, con multas a mayores.

Les acompañan en el banquillo de la Audiencia Provincial de Lugo el cabo de la Guardia Civil Armando L. y el que era su superior, Julio B. Formaban parte de los equipos Emume del Instituto Armado, que debían velar por las mujeres e inspeccionar que los locales cumplieran la ley. Para el primero, líder de la trama, la Fiscalía reclamaba varias penas, que, sumadas, alcanzaban los 21 años de cárcel por una decena de delitos, entre ellos agresión sexual, tentativa de extorsión y revelación de secretos. Para el segundo policía, un año y siete meses de prisión.

La tesis de la Fiscalía es que, lejos de proteger a las mujeres, los agentes se dedicaban a alertar a los dueños de los clubes de alterne sobre las redadas y las inspecciones que se iban a hacer en sus locales. Como contrapartida, los agentes de la autoridad eran agasajados con servicios sexuales y a veces con dinero. En el caso de Armando L., el líder de la trama, «con ánimo de satisfacer sus instintos sexuales, y abusando de su condición de guardia civil», ofrecía su ayuda a las mujeres para regularizar su situación en España. Gestiones a las que se el guardia civil se prestaba siempre a cambio de servicios sexuales.

Pero todo esto quedará, especialmente lo relacionado con las penas solicitadas, en buena parte en papel mojado. Este martes ha arrancado el juicio con una sesión dedicada a plantear cuestiones previas, pero que la Fiscalía ha aprovechado ya para anunciar que cuatro de los cinco acusados van a reconocer los hechos, lo que implicará una rebaja sustancial de sus condenas. Se trata de los dueños de los tres clubes de alterne, sobre los que caerán penas casi testimoniales, con el pago de una multa, cuando el fiscal modifique su escrito de acusación. Y Armando L., el líder de la trama, cuya pena final no superará, gracias al pacto, los seis años de prisión, frente a la petición inicial de 21 años de prisión. «Sí, reconozco», admitido tres de ellos desde su asiento cuando el tribunal les ha preguntado si reconocían los hechos que se le imputan. El cuarto, Manuel G., también asintió pero por videoconferencia desde prisión. La letra pequeña del pacto se conocerá previsiblemente en la sesión de este miércoles, con la que se dará carpetazo al juicio.

Solamente uno de los cinco encausados, el jefe policial Julio B. se desmarca del pacto al que han llegado con la Fiscalía sus compañeros de banquillo. Será el único que en la práctica será sometido a un juicio descafeinado, exclusivamente destinado a esclarecer su participación en la trama, y que previsiblemente quedará mañana visto para sentencia, 16 años después de estallar la Operación Carioca. Podría haber sellado él también el acuerdo y quedarse con una pena testimonial, pero prefiere defender su inocencia.

Su abogado, este martes, en el trámite de cuestiones previas, ha lamentado la «vulneración del derecho de defensa» de su cliente por una instrucción «parcial y deficiente» y el «abuso en el uso de testigos protegidos de manera no justificada». En declaraciones a los medios antes de la vista oral, recogidas por Europa Press, los abogados de las defensas ha coincidido en señalar que una instrucción tan larga «no es justa ni para las víctimas ni para los acusados». El día anterior, la Plataforma contra la Impunidad en la Operación Carioca había calificado el pacto de la Fiscalía con los acusados como «los acuerdos de la vergüenza».