El Parlamento gallego reclama, por cuarta vez, la transferencia de la AP-9 a Galicia

Los populares propugnan que la autopista pase a manos de la Xunta porque «es una infraestructura vital para Galicia» y obtener «su titularidad permitiría adaptarla a las necesidades de Galicia y sus habitantes, y dar lugar a una serie de obras y medidas imprescindibles. Se gestionaría de forma más eficiente», defendió en O Hórreo popular José Manuel Balseiro. Además, recordó que la anterior proposición «llegó por unanimidad en el Parlamento gallego, pero en estos últimos cinco años vimos que no se dio ni un paso más«.

Sobre este tema, la portavoz nacional del BNG, Ana Pontón, expuso que «la ley de la AP-9 no cayó por cuestiones técnicas -como la disolución de las Cortes, como había resaltado la diputada socialista Patricia Otero-, sino porque se pasaron dos años mareando la perdiz» desde el Gobierno central.

Tanto la proposición del BNG como la del PPdeG exigen una transferencia de la titularidad de la autopista, pero varían en matices. Por ejemplo, el BNG especifica que el traspaso debería de ser en los seis meses posteriores a la aprobación legal, o si en el caso de que se confirme la nulidad de la concesión hasta 2048 es ilegal, deberá de ser el Estado quien pague «las obligaciones económicas y financieras». El PPdeG, por su parte, amplía el catálogo de obligaciones presupuestarias del Estado, incorporando «el cumplimiento de todas aquellas infraestructuras ya comprometidas, así como aquellas que sean necesarias en el futuro».

Durante el debate parlamentario, a pesar del acuerdo a grandes rasgos sobre la titularidad, hubo intercambio de reproches. Balseiro insistió en la norma aprobada por el Gobierno de Zapatero que encarece, por 20 años, los peajes un 1% de mínimo. La supresión de esta norma, además, es una de las peticiones en la proposición. Y, tirando de hemeroteca, recordó cuando el BNG se oponía a la construcción de la propia autopista, tachándola de «navajazo para Galicia».

Pontón, por su parte, hizo memoria sobre las concesiones otorgadas primero por socialistas, y luego por el Gobierno de Aznar, extendiéndola hasta el máximo legal en 2048. «Desde el BNG seguiremos trabajando para rescatar una concesión cuyas prórrogas son ilegales. Lo dice la Comisión Europea, que dictaminó eran ilegales y también los peajes cobrados bajo esas ampliaciones«, expresó desde la tribuna de O Hórreo.

Es la cuarta vez que esta cuestión se eleva al Congreso. Y las tres anteriores no llegaron a buen puerto. La primera, en 2016, fue cuando el Gobierno de Mariano Rajoy, después de tratar de «vetar», según Pontón, el debate, rechazó el traspaso debido al alto coste que tendría. En 2019 ocurrió algo similar que este año: el adelanto electoral truncó las intenciones de Galicia dejando caer en saco roto la proposición. Ahora, lo mismo: la diputada Patricia Otero defendió que, después de dos años con la proposición registrada, no es culpa del Gobierno de Sánchez que no se hubiera terminado de tramitar el traspaso: «Estamos en un nuevo momento con la disolución de las Cortes, decayó el procedimiento por el adelantamiento electoral. Es así por una norma del Congreso de los Diputados, no por voluntad socialista».