El caso del mayor alijo de cocaína incautado en España durante el confinamiento se juzga en Vigo

Es una táctica habitual en este tipo macrocausas: que las defensas busquen los resquicios para desacreditar las investigaciones policiales que se hicieron a sus clientes para intentar evitar que sean juzgados. Este miércoles, según ha recogido Europa Press, la defensa de Santórum –y de otros seis encausados– en una extensa exposición de motivos ha puesto en cuestión la investigación policial, argumentando que las actuaciones habían sido prospectivas y basadas en indicios débiles. Además, han impugnado varios autos e informes, e insistieron en reclamar la nulidad de las actuaciones por vulnerar «derechos fundamentales» de sus clientes.

Sus argumentos han sido los siguientes: las geolocalizaciones de los vehículos, las intervenciones telefónicas y las vigilancias se hicieron, en opinión de la defensa de Santórum, en base a informes policiales que recogían «afirmaciones arbitrarias y falsas», e incluso «tonterías». Esta abogada también ha pedido al tribunal que sus patrocinados declaren al final del juicio, que se alargará varios días, y no al principio, como es habitual. Otras defensas mostraron su preocupación por que uno de los principales testigos de cargo sea un exjefe policial investigado por posibles vínculos con organizaciones de narcotraficantes.

Casi cuatro toneladas es mucha cocaína. Pero la operación en la que el 25 de abril de 2020 los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado abordaron el MV Karar, un buque con bandera de Togo de 60 metros de eslora, fue importante también porque permitió acorralar a Juan Carlos Santórum, al que los investigadores sitúan como cabecilla de la trama, y que nunca fue condenado por narcotráfico. Santórum se dio entonces a la fuga, pero acabó entregándose, meses después, para cumplir una pena de algo más de dos años de cárcel en el marco de una causa por un delito de revelación de secretos: fue condenado por corromper a dos agentes de la Guardia Civil, quienes le facilitaron información sobre investigaciones relacionas con narcotráfico.

Tanto los investigadores de las unidades Greco de la Policía Nacional como el fiscal señalan a Santórum como el responsable de una organización «coordinada, estable, estructurada y especializada», provista de lanchas específicamente diseñadas para el tráfico de drogas, que acudían al encuentro de buques que cruzan el Atlántico con grandes cargamentos de cocaína. La trama, supuestamente liderada por el arousano, utilizaba, como se puede ver, el 'modus operandi' tradicional de las organizaciones clásicas: recibir la droga del buque nodriza, para introducirla luego en lanchas por la costa.

En su escrito de acusación previo al juicio, y ya centrándose en el buque MV Karar, el fiscal señala a diez de los procesados por «colaborar directamente» con Santórum. Estas personas tenían el cometido, sobre todo, de preparar las narcolanchas para alijar la cocaína. Entre ellos estaba un hermano del supuesto cabecilla. La Policía localizó seis naves industriales, la mayoría ubicadas en la comarca de O Salnés, relacionadas con estas embarcaciones ilegales: unas, destinadas a acondicionarla las lanchas; otras, simplemente a esconderlas. Tres personas más, entre ellos un funcionario aduanero, fueron los encargados, según la acusación, de concertar las operaciones y distribuir luego la cocaína. Los trabajos de preparación de las lanchas, según la Fiscalía, corrían especialmente a cargo de Fidel F., un empresario del sector náutico, que supuestamente colaboraba con Santórum «de modo paralelo a su dedicación empresarial lícita». Para acondicionar las narcolanchas, se desplazaba a esas naves que controlaba Santórum.

Desde marzo de 2020 hasta el 26 de abril del mismo año, fecha en la que fueron detenidos, los acusados, supuestamente, se estuvieron preparando para desembarcar el alijo del Karar. Este operativo fue diseñado en la provincia de Pontevedra, «en comunicación y coordinación» con quienes dirigían el buque nodriza. El Karar fue abordado el 25 de abril, incautándose 3.824 kilos de cocaína. Santórum y el resto de investigados, según el fiscal, habían concertado de un «modo concreto» cómo recibirían la droga, incluso las coordenadas marítimas exactas en las que las lanchas de la trama debían salir al encuentro del buque.

El barco lo capitaneaba un individuo de Bangladesh, también detenido, junto a otros 14 tripulantes, casi todos de Bangladesh y Nepal. La operación destapó también que el funcionario de Aduanas y su mujer habían comprado dos billetes de lotería premiados, supuestamente para blanquear. Se da la circunstancia de que el 25 de abril se cumplen cuatro años desde que ingresaron en prisión los tripulantes del buque. La ley no permite superar ese plazo de prisión preventiva, por lo que saldrían en libertad provisional antes de dictarse la sentencia.