AP-9: la autopista que verán gratis nuestros hijos

Lo fácil es buscar culpables, que para eso este Gobierno no necesita ayuda. En el argumentario ese punto es más relevante que la respuesta al problema. La factura de la AP-9 habrían de pagarla PSOE y PP a escote. El primero, por la ampliación que hizo Borrell de la concesión en 1994, extendiéndola hasta 2023; el segundo, por hacer lo propio en 2000, estirando el negocio de Audasa hasta 2048. Y sin olvidarnos de José Blanco, ahora reciclado a 'montorear' desde su empresa de lobby, que permitió repercutir en los peajes las obras de ampliación de la autopista en Rande y la circunvalación de Santiago. Lo dicho, hay para todos.

Lo peor no es este cruce de culpabilidades entre decisiones del pasado que hoy ya no tienen remedio. Buscar responsables es perder el tiempo porque no resuelve el problema. Es más descorazonadora la ausencia de transparencia que rodea el debate de qué hacer con la AP-9. Un ministro serio –uno que no fuera Óscar Puente, vaya– habría puesto encima de la mesa el informe de los técnicos de su departamento para detallar, negro sobre blanco, cuánto cuesta el rescate de la infraestructura. Si el ministro maneja la cifra –que oscila entre los 4.000 y los 6.000 millones de euros, céntimo arriba o abajo– y ha sido calculada con recursos públicos, qué menos que aportarla para ir acotando los términos del debate.

Así podríamos tener un elemento con el que comparar el resto de cálculos que rodean el rescate, como los 2.800 millones que estima la Xunta –que contrató a una empresa para que le hiciera los números– y los apenas 900 que afirma el BNG, apoyándose en un informe de la UDC. Con tal disparidad de cantidades, hay alguien que no está jugando limpio.

Aclarado eso, a partir de ahí podríamos empezar a preguntarnos si tiene sentido seguir con esta política de bonificaciones parciales y condicionadas –dado que no las disfrutamos el 100% de los usuarios de la autopista– o, por el contrario, es sensato plantearnos la posibilidad del rescate. Si vamos a pagar con dinero de todos, ¿no será mejor que lo hagamos con una vía que sea nuestra, y no el negocio de una concesionaria?

La política es el 'arte' de anteponer lo necesario a lo razonable. El Gobierno no necesita rescatar la AP-9 porque en realidad es una infraestructura que vertebra solo dos provincias gallegas: La Coruña y Pontevedra. Sí, las más pobladas y las de mayor dinamismo económico, pero a efectos electorales para el PSOE, en sus actuales circunstancias, ¿qué podrían suponer, dos escaños más en unas elecciones generales, uno por circunscripción? ¡Si ya prometió la gratuidad en las últimas autonómicas y ni por esas evitó el batacazo de Besteiro!

El Gobierno no necesita a Galicia. Sí a Cataluña, a la que le va a regalar una financiación autonómica a su medida, que consolide al PSC como el sustento electoral único de Pedro Sánchez. Será una regalía nada razonable y que, de materializarse, va a amputar una mano –fiscalmente hablando– al Estado, mermando su capacidad para acometer operaciones como el rescate de la AP-9, que sí entra dentro de lo entendible.

Luego está la retórica pintoresca del nacionalismo, que nos quería hacer creer que poseía la fuerza parlamentaria para torcer el brazo del Gobierno en infinidad de cuestiones. Pero llega la hora de la verdad y se demuestra su irrelevancia, su exotismo inútil. Aunque siempre pueden rebautizarla 'autopista Alexandre Bóveda', o conseguir que las máquinas del peaje atiendan solo en gallego. ¿Le montarán una plataforma con manifestación a Sánchez? Asumámoslo, la AP-9 la verán gratis nuestros hijos.