El Gobierno vuelve a dilatar el horizonte de la gratuidad de la AP-9

Una patada hacia delante del Gobierno que evita así que el Estado tenga que afrontar, en el corto o medio plazo, el pago de una indemnización milmillonaria a la concesionaria por anular su permiso de explotación, pero que condena al conflicto a seguir alargándose e incluso a terminar llegando hasta los tribunales europeos y que sean los jueces quienes decidan, después de un proceso de varios años, de qué manera se resuelve. El Gobierno tiene ahora por delante la tarea de convencer a la Comisión Europea para evitar llegar hasta ese extremo.

Se confirma, así, la negativa del Ejecutivo a aceptarel último dictamen motivado que envió la Comisión Europea a mediados de julio instando a España a tomar medidas en un plazo de dos meses para regularizar la situación de la Autopista del Atlántico, tras incumplir los gobiernos de Felipe González y José María Aznar los requisitos de contratación pública que establece la normativa europea al ampliar la concesión de Audasa durante sus mandatos sin abrir un nuevo concurso para seleccionar qué empresa debía gestionar la vía. En concreto, Bruselas sostiene que las prórrogas otorgadas por ambas administraciones supusieron «modificaciones sustanciales equivalentes a la adjudicación de nuevos contratos de concesión y, por lo tanto, requieren un procedimiento de licitación».

Fuentes del Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible informaron ayer por la mañana de que «una vez consumido el plazo de dos meses desde el último dictamen motivado, se ha remitido una respuesta amplia a la Comisión Europea en la que España aporta las aclaraciones precisas y la información justificativa a tener en cuenta a la hora de que se pueda realizar una valoración siempre en defensa de los intereses generales» del país.

Desde el departamento que dirige Óscar Puente avanzan que analizarán «los siguientes pasos de la Comisión Europea con este recurso para, llegado el caso, agotar las posibles opciones de respuesta», y consideran que es al PP, que ejecutó la última prórroga de la concesión hasta el año 2048, a quien le corresponde «explicar los motivos por los que tomó una decisión que este Gobierno no hubiera adoptado y que claramente es perjudicial para los derechos de los ciudadanos».

Una decisión que, sin embargo, el Gobierno de Pedro Sánchez se resiste a revocar, como solicita Bruselas. Probablemente, por su elevado coste, puesto que, en caso de declararse la nulidad de la concesión, el Estado debería indemnizar a Audasa. La cuantía iría desde los casi 905 millones de euros, según un estudio encargado por el BNG a la Universidad de La Coruña, a los 4.000 millones a los que ha llegado a apuntar el propio ministro Puente, y pasando por los 2.356 millones cifrados por la Xunta.

De hecho, las mismas fuentes de Transportes reconocen que «las políticas de movilidad y reequilibrio territorial que actualmente defiende este Gobierno van en la dirección contraria», pero desde el departamento «se ha colaborado y respondido a todos los requerimientos realizados por la Comisión Europea por responsabilidad y para velar por el interés común, como también hemos hecho en esta ocasión».

Entre tanto, el Ejecutivo reivindica que «para paliar las políticas del PP que llevaron a alargar los peajes, este Gobierno ha apostado por una política de bonificación de peajes de esa autopista y, por eso, desde abril de 2025 hay un descuento del 100% del peaje de retorno para vehículos ligeros que realizan sus trayectos de ida y vuelta en 24 horas». «Desde 2018 y hasta final junio de este año con el Gobierno del Presidente Pedro Sánchez, los usuarios se han ahorrado más de 375 M€ al circular por la AP-9, en bonificaciones directas o limitando la subida de los peajes», destacan las mismas fuentes.

Se abre así una nueva pantalla en el conflicto. El Gobierno de Sánchez intentará ahora convencer a Bruselas de encontrar una solución intermedia para evitar que el Ejecutivo comunitario acuda a la justicia europea. Mientras tanto, el tiempo corre, y las barreras de los peajes siguen bajadas.