La Xunta advierte al Gobierno con la «vía judicial» si no les remite el expediente europeo de la AP-9

Desde el Ejecutivo autonómico, la conselleira de Vivienda y Planificación de Infraestructuras, María Martínez Allegue, advirtió este jueves al Gobierno que acudirán «a la vía judicial» si siguen sin compartir dicho expediente, del que la Xunta sigue sin saber «absolutamente nada» pese a ser una administración implicada, alegando que el Ejecutivo de Pedro Sánchez está incurriendo en la «inactividad» ante un asunto capital para Galicia.

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Luis García López

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«A la vista del dictamen de la UE entendemos que lo mejor para el interés público de Galicia es el rescate y que sea lo antes posible, porque con la habitual falta de transparencia del Gobierno central vemos como siguen sin tomar la decisión», indicó la conselleira en declaraciones recogidas por Ep.

Pese a que todos los grupos parlamentarios gallegos aprobaron en multitud de ocasiones la solicitud de traspaso y rescate de la autovía que vertebra Galicia, el Gobierno central recurrió una vez más -es el segundo dictamen que señala la ilegalidad en las prórrogas a la empresa Audasa para gestionar los peajes de esta vía- el expediente europeo, lo que en la práctica supone defender las prórrogas llevadas a cabo por Felipe González y José María Aznar y por las que los particulares y empresas de Galicia siguen pagando en forma de peaje.

En esta ocasión, aseguró Martínez Allegue, Galicia buscará apoyo en las comunidades de Castilla y León y Asturias para «coordinar» una acción conjunta que permite liberar de peajes tanto la AP-9 como la AP-66 ante la falta de respuesta del Gobierno y, concretamente, del ministerio de Transportes que dirige Óscar Puente.

Después de un año en el que la conselleira solicitó reunirse con el ministro «hasta en cinco ocasiones», el encuentro sigue sin producirse. Además, la Xunta remitió a Puente el informe encargado a la Axencia Galega de Infraestrucutras -que cifra en 2.356 millones el importe del rescate-, donde se muestra que, «de acuerdo con las cifras publicadas por la propia Audasa, las políticas de Gobierno central han producido un fuerte incremento de los ingresos por peaje. En tan solo cuatro años, los beneficios de la concesión aumentaron en un 40%», aseveró.

Por su parte, el BNG remitió este jueves a Puente su propio informe encargado a la Universidad de La Coruña - que cifra el rescate en 905 millones- e instó al ministro a aprovechar esta ventana legal que ofrece Europa para declarar ilegal la prórroga y evitar la temida indemnización milmillonaria.

El delegado del Gobierno en Galicia, Pedro Blanco, evitó mencionar el rescate y puso el foco en la gratuidad, subrayando el esfuerzo del Ejecutivo por «aliviar el peso» de los peajes. «Confiaba en que la conselleira pidiese perdón por la decisión del PP de Aznar de hipotecar a Galicia durante décadas», afirmó Blanco, pese a que su Gobierno recurrió el dictamen europeo que tacha esta prórroga de ilegal.