Galicia impulsa un observatorio del juego para prevenir adicciones y velar por una actividad responsable

Así lo ha anunciado el conselleiro de Presidencia, Xustiza e Deportes, Diego Calvo, quien este lunes ha sustituido al presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, al frente de la reunión semanal del Gobierno autonómico —en la que se aprobó el decreto que regulará este nuevo organismo— y en la posterior comparecencia ante la prensa.

Este órgano tendrá como funciones principales elaborar propuestas y recomendaciones sobre normas y políticas públicas en esta materia, además de impulsar campañas de sensibilización orientadas al fomento de un juego responsable.

Uno de los puntos fuertes del futuro Observatorio do Xogo de Galicia será su composición. En el pleno del organismo, integrado por una presidencia y varias vocalías, estarán representadas las consellerías con competencias en áreas como seguridad, sanidad, juventud, educación, deportes y hacienda. También se incluirán representantes de las tres universidades públicas gallegas, del sector del juego y, de forma especialmente relevante en un órgano de este tipo, de asociaciones de lucha contra las adicciones y de asociaciones de madres y padres.

En definitiva, la intención de la Xunta es compatibilizar esta actividad económica con un modelo de responsabilidad, protegiendo al mismo tiempo a los colectivos más vulnerables y con mayor riesgo de desarrollar adicciones al juego.

La creación de este observatorio se enmarca en la Ley reguladora de los juegos de Galicia, aprobada en 2023, que, según Diego Calvo, sitúa a la comunidad «a la vanguardia de España» en la regulación del sector y «sirve de modelo a otras comunidades autónomas que están actualizando» sus respectivas normativas.

Entre otras medidas, esta ley prohíbe conceder créditos a usuarios del juego, bonificaciones en forma de partidas gratuitas y la publicidad en radio y televisión públicas de ámbito autonómico. Además, establece un régimen «muy estricto» —según la Xunta— en lo relativo a la promoción, patrocinio y publicidad de estas actividades, incluyendo la prohibición de su difusión en la calle o en medios de transporte.

La normativa también obliga a que todos los establecimientos cuenten con control de acceso para impedir la entrada de menores y de personas inscritas en el Registro de Prohibidos. Asimismo, fija una distancia mínima entre los locales y los centros educativos, y establece un concurso público como vía para la autorización de nuevos establecimientos.