La fiscal insiste en pedir casi diez años de cárcel para Gonzalo Boye por ayudar a la trama de Miñanco a blanquear

«Así se referían a él todos los procesados, es decir, es la única persona que controlaba totalmente la organización delictiva, puesto que nadie hace nada sin su consentimiento y aprobación, y por debajo existía una multitud de personas que desempeñaban tareas de toda índole», ahondó la fiscal en la exposición de su informe.

El narcotraficante arousano lideraba una «organización sólida», según la fiscal. Por debajo de él se situaban más de medio centenar de individuos, «con un claro reparto de papeles», pero siempre a las órdenes de Miñanco, como «máximo y único responsable de esta organización». Una trama delictiva que no planificó únicamente el alijo del buque Thoran y el de un contenedor en los Países Bajos, sino que intentaron otras operaciones cuando las primeras se frustraron.

«Estamos enjuiciando a 53 personas, pero el número de investigados fue muy superior, y todos ellos conformaban una estructura sólida dotada de estabilidad, cuya actividad delictiva se prolonga a lo largo de los años 2016 a 2018, pero sus relaciones se remontan a muchos año antes, a 2021», ha ahondado la representante del Ministerio Público este martes en el juicio, según recogió Europa Press. En ese reparto de papeles, destaca el rol que jugaban en la organización las figuras de García Arango y Fernández Fernández, que estaban en el «vértice de la pirámide».

Por esta misma causa se sienta también en el banquillo de la Audiencia Nacional Gonzalo Boye, abogado de, entre otros, el propio Sito Miñanco o el expresidente de la Generalitat fugado durante el 'procés', Carles Puigemont. La Fiscalía pide para el letrado nueve años y nueve meses de prisión. Según recordó otro de los fiscales del caso, que se encargó de la parte del informe final relativa al blanqueo de capitales, Boye aparece en atestados policiales como una de las personas que participó «en el diseño y la construcción de toda una operación jurídica mendaz» para la «recuperación» de casi 900.000 euros.

Una buena parte del tiempo de su informe final los fiscales lo dedicaron a rebatir las alegaciones de las distintas defensas, que buscan la nulidad del juicio por supuestas diligencias irregulares: «No se ha producido vulneración alguna de derechos y no concurre causa alguna de nulidad», remachó de forma rotunda la fiscal.

La representante del Ministerio Público insistió en que la investigación no fue prospectiva y en que todas las escuchas contaron con autorización judicial. También negó que hubiera alteraciones o manipulaciones de las mismas. Y si la investigación se prolongó en el tiempo, fue «porque la propia organización necesitó, a su vez, ese tiempo para desarrollar su actividad delictiva». La fiscal defendió que los dispositivos instalados para grabar a los encausados tenían autorización judicial y que fueron medidas «proporcionales» en relación a los delitos que se estaban investigando.