Las defensas del caso Samuel Luiz maniobran para convencer al jurado de que casi todos iban drogados y borrachos

Diego Freire, abogado de Alejandro Freire, alias 'Llumba', reclutó con ese objetivo a un psiquiatra. Un perito de parte que en la sesión de este miércoles del juicio -la número 13- ha asegurado que el joven sufría un «trastorno adictivo múltiple», que lo llevaba a consumir, sobre todo, alcohol y cocaína, además de haber sido diagnosticado con un trastorno por déficit de atención e hiperactividad (TDAH). Eso sí, a preguntas de la fiscal, Olga Serrano, este psiquiatra, profesor en la Universidade de Santiago de Compostela (USC) con 30 años de experiencia, ha reconocido que sus informes no sirven para evaluar si el día de los hechos había consumido sustancia alguna.

El psiquiatra se remontó a la infancia de Llumba, que ahora tiene 24 años, para tratar de buscar explicaciones a sus adicciones y a su inclinación por la violencia. Explicó que su madre murió cuando él tenía dos años y una de sus abuelas se encargó de su crianza hasta que el Alzhéimer la dejó impedida. Su relación y convivencia con su madrastra nunca fue «armoniosa».

Ese déficit en su estructura familiar llevó a Llumba, según la tesis del psiquiatra contratado por su defensa, a buscar «referencias» fuera de casa. En concreto, en dos grupos de amigos que simultaneaba. Por una parte, la que el perito califica de «pandilla buena», de jóvenes con los que compartió estudios y que fueron «los únicos» que le visitaron en la cárcel. Y, por otro lado, la «pandilla de barrio», las malas compañías, un grupo de jóvenes «conflictivos» al que pertenecen varios de los acusados del linchamiento que acabó con la vida de Samuel Luiz.

Cuando la fiscal ha tomado la alternativa este miércoles en el juicio que estas semanas se celebra en la Audiencia provincial de La Coruña, se ha esforzado en encontrar las costuras al informe psiquiátrico encargado por la defensa de Llumba. Con sus preguntas, el perito ha reconocido que la base de su informe habían sido dos entrevistas que mantuvo con el joven en enero de 2024, cuando ya llevaba más de dos años y medio en prisión. También ha admitido que no le hizo ninguna prueba biológica. Y, sobre todo, lo más importante, ha dejado claro que su estudio no sirve para confirmar si Llumba estaba drogado o borracho la noche en que, supuestamente, participó en el linchamiento.

Las acusaciones piden para Llumba 22 años de cárcel por un delito de asesinato con alevosía y ensañamiento. Varios testigos aseguran que, después de que Diego Montaña iniciase la agresión a Samuel Luiz, a las puertas del pub Andén –en el paseo marítimo de La Coruña–, Llumba se unió cogiendo a la víctima del cuello y por la espalda, tirándolo al suelo. La Policía dice también que dio puñetazos a Samuel. Además, se encontró ADN de Llumba en los cristales de una botella que apareció en el lugar de los hechos. Varios testigos escucharon el ruido de cristales durante el linchamiento.

Pero la defensa de Llumba no es la única que maniobra en busca de atenuantes por intoxicación etílica y otras sustancias. La pandilla había estado bebiendo en un parque aquella tarde y luego también en un reservado del pub Andén, en el que era el primer fin de semana de la pandemia que abrían los locales de ocio nocturno. Luis Salgado, abogado de Diego Montaña, seguramente el acusado que peor lo tiene para librarse de una condena, también juega la carta del alcohol y las drogas: desde el primer día del juicio insiste en lo mucho que bebió su cliente aquella noche. La fiscal pide para él 25 años de cárcel porque al asesinato le suma el agravante de discriminación por la orientación sexual de la víctima, en cuyo cuerpo se encontró su ADN. La misma estrategia sigue Alejandro Míguez, que se enfrenta a 22 años de cárcel, y que asegura que aquella noche había bebido «bastante».

Sólo dos de los cinco procesados por el crimen, Kaio Amaral y Catherine Silva, prescinden de la baza de la intoxicación etílica. Para el primero, la Fiscalía reclama 27 años de cárcel porque además del asesinato le achaca el robo –con fuerza– del teléfono de Samuel Luiz. Varios testigos y las imágenes de una cámara sugieren que dio patadas a la víctima en el suelo. Catherine Silva se enfrenta a 25 años de cárcel por, supuestamente, tratar de impedir que una amiga de Samuel pudiera socorrerlo. Las acusaciones le atribuyen el mismo agravante que a Montaña, que entonces era su novio.

La comparecencia de este perito de parte fue, posiblemente, la que más miga jurídica tuvo de la sesión de este miércoles, aunque sin duda las más descorazonadoras fueron las de varios psiquiatras y forenses que trataron a Maxsoud y a Dolores, padres de Samuel. Ella es quien peor lo está pasando: no quiere ni recibir tratamiento porque «está convencida de que ha tenido un castigo divino». Está hundida, en una especie de «suicidio pasivo». Maxsoud está mal pero no a esos niveles. Su vida se reduce a «salir por mañana con su señora, obligándola a dar un paseo de una hora, y otro paseo por la tarde».