Compostela echa el cierre a medio millar de pisos turísticos

Lo revela la concelleira del ramo, Mercedes Rosón, en una entrevista con ABC en la que defiende un modelo para la capital que «no busca prohibir este modelo de negocio pero sí regularlo». «En Santiago no las prohibimos, las estamos regulando, y la Xunta no puede negar el problema que tiene la ciudad», asegura la edil al hilo de las palabras de la responsable de Turismo, Nava Castro, que el pasado viernes elevó la voz para afear la gestión del Gobierno municipal.

Para la directora, las dos sentencias del Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG) en las que se ampara Raxoi para forzar el cierre de casi un millar de pisos no son extrapolables al conjunto de propietarios. Un argumento compartido con las asociaciones dueños de pisos turísticos, que insisten en que esta polémica no se parece nada a una guerra con dos bandas, sino a batallas que se deben ganar de forma individual en función de las particularidades de cada caso. Para Castro, en la misma línea, «una persona particular no representa al conjunto», por lo que el concello no puede aplicar la norma de manera extensiva. Eso sí, les recuerda que el decreto autonómico de 2017 que regula el fenómeno del alquiler vacacional da potestad a las corporaciones locales para prohibir este tipo de alojamientos.

No erradicar, sí «ordenar»

Pero desde Raxoi niegan que su objetivo último sea erradicar los pisos turísticos, sino «ordenarlos» para solucionar el problema habitacional que consume a la ciudad y que está expulsando a los vecinos de áreas como la zona monumental. También culpan a este modelo de negocio de que no haya pisos para familias ni para estudiantes en el resto de la ciudad, por los pingües beneficios («más de 4.000 euros al mes») que aseguran que un propietario puede obtener.

Por el momento, y en plena campaña de verano, advierten de que seguirán adelante con un cerco que, a la luz de los datos, empieza a funcionar. «Muchos se están dando de baja ya porque no aparecen en los buscadores», aseguran. 

Consultada sobre las miles de reservas que se anularán para las próximas semanas y sobre los perjuicios para los viajeros, Rosón pasa la pelota a los dueños de estos pisos y les recuerda que «llevamos mucho tiempo avisando a esa gente; llevan tiempo recibiendo notificaciones por parte del concello para que cesen su actividad, y no lo han hecho. En el ámbito del plan especial hay una normativa desde el 1998 que dice que no puede haber actividad hostelera en viviendas, con lo que está regulado», explica.

Sobre las opciones que les quedan a quienes disponen de una segunda residencia en la capital gallega, la concejal explica que por el momento no se pueden expedir nuevas licencias porque «estamos modificando el plan general de ordenación municipal porque esto es una modalidad que no existía hace años». Entre los cambios que plantearán estará la prohibición de pisos turísticos en la zona vieja, siguiendo modelos como el de Madrid o Barcelona, y la posibilidad de abrirlas en bajos o primeros en el resto de la ciudad. También se contempla la explotación como VUT durante dos meses al año en cualquier ubicación de la capital.

Sobre una hipotética reunión con los propietarios para aproximar posturas, Rosón asume que «el concello está abierto y yo tengo mi teléfono abierto las 24 horas». «Yo creo que cometieron muchos errores y que las asociaciones asesoraron muy mal a sus miembros, que ahora están en una situación complicada y yo lo siento mucho». En su ofensiva, el ayuntamiento santiagués critica también que la Xunta «ya determina en su propio decreto de 2017 de Turismo de Galicia que los que hacen la declaración responsable tienen que tener toda la documentación completa y entre ella está la licencia municipal». 

«Es un tema que afecta a muchos particulares y tiene que hablarse con rigor porque afectan a quienes se metieron en este tema como a los vecinos por el nivel de afectación», sostienen frente al aviso del Gobierno gallego, que recordó ya la semana pasada a través de su presidente, Alfonso Rueda, que «hay una normativa». Rueda también reveló que los servicios jurídicos del Ejecutivo están analizando las sentencias de los tribunales y que existen «conversaciones internas» con Raxoi, que Rosón niega, en un contexto en el que se espera un lleno total en la capital de cara a las celebraciones del Apóstol.