El centro para atención de discapacitados del que se ha olvidado el Imserso

ABC ha querido conocer las distintas versiones sobre la realidad del CAMF de Ferrol. El relato que ofrece Andrea Arévalo, presidenta del comité de empresa del personal laboral de la Administración General del Estado, va hilvanando una larga retahíla de carencias desde hace más de un lustro, anteriores incluso a que ella asumiera sus actuales competencias. En lo tocante a déficits que atañen a los trabajadores, habla de contratos que no pasaban de 14 días. De que se encontraron un año con 1.500 contratos. La respuesta de Inspección de Trabajo: «Problema estructural». Agravado con la pandemia, que obliga a imponer unos protocolos que convierten en un imposible los malabarismos a los que ya obligaban las 23 plazas sin cubrir —«una barbaridad»—. En Semana Santa, cuenta, la situación fue directamente «agónica»: imposible compensar las ausencias por vacaciones. «Aquí se está tratando con personas», recuerda, y además, «grandes dependientes». Asegura que la falta de personal repercute en la «calidad de la atención» y hace que no resulte «todo lo adecuada que debería ser». Un ejemplo: algo tan básico como la frecuencia con la que se baña a los internos. Los trabajadores no dan abasto.

«La cosa está muy mal», repite en varias ocasiones Juan [nombre ficticio], usuario del centro, en el que lleva viviendo desde hace varios años. Prefiere omitir su nombre antes de asegurar que los ánimos son bajos y que «todo» es susceptible de una amplia mejora. «Estamos olvidados totalmente», lamenta. Porque el CAMF, y lo ratifica alguien que vive el día a día, es «muy viejo» y su mantenimiento resulta deficiente. Los ascensores: de seis, funcionan dos; y hablamos de un edificio con cinco plantas, con usuarios en silla de ruedas. No salen mejor paradas en sus críticas ni la cocina —«no hay carne [de cerdo o de ternera], estamos con el pavo y el pollo hasta arriba»— ni las actividades —de monitores fijos a meses en los que no se organizan—; la cafetería apenas abre sus puertas, se han quedado sin prensa diaria. La «vida social» que tienen los internos, completa Arévalo, es «muy limitada», porque también se han visto afectadas las excursiones. Un dato: los usuarios aportan el 75% de su pensión —sea la que sea, y la mayoría son no contributivas— para disfrutar de este servicio público. Lo asumen, pero también esperan, a cambio, que se tenga en cuenta su esfuerzo. Los que menos ingresan se ven con unos 100 euros al mes para gastos. Lo justo. Imposible pensar en extras como los viajes del Imserso. Y para muchos, sin familia, toda su vida se circunscribe a un centro donde pasan las 24 horas de los 365 días del año.

Con todo, lo «peor», para Juan, es no contar con una trabajadora social. No tanto en su caso, que por su nivel de dependencia goza de cierta autonomía, sino en el de compañeros encamados, grandes minusválidos o sin familia, tutelados, que dependen de un profesional que haga por ellos gestiones como renovar el DNI o comprar jabón. «Están totalmente desamparados», critica este residente, quien afirma que la situación dura ya un par de meses. El director del CAMF de Ferrol, Fernando López Díaz, aclara por correo electrónico que la anterior trabajadora social —consignada esta figura como parte de la plantilla, según consta en la web del centro—, pidió «una excedencia voluntaria», el Imserso intentó cubrir la vacante con un concurso de traslados, quedó desierta y debe ser cubierta «de modo provisional», hasta que no se resuelva la siguiente oferta de empleo público.

A propósito de la regularización de las vacantes, Arévalo denuncia que por ahora solo están convocadas las OPE de 2018 y 2019, y «en la del 18 hay dos plazas», apostilla. El director del CAMF de Ferrol apunta que la convocatoria correspondiente al actual ejercicio «está a punto de hacerse pública». Achaca la demora a la pandemia, aunque admite que «esto ya se venía arrastrando desde un par de años antes». Y defiende que «se está realizando un esfuerzo muy importante, al tener que tramitar todos los procesos de modo simultáneo». Los sindicatos calculan que el proceso del 18 no finalizará hasta el próximo mes de octubre y creen que, con voluntad política, «se podría acelerar».

El malestar acumulado ha acabado manifestándose en forma de protestas, para hacer ruido y visibilizar la problemática. Con una primera concentración en mayo y otra hace unas semanas. La primera, al menos, sirvió para movilizar a la clase política, ya que desde el Imserso, cuya dirección ha estado sometida a múltiples cambios en los últimos años, no han tenido el gesto de acercarse al centro. Los cuatro grupos con representación en el concello de Ferrol —PP, PSOE, BNG y Ferrol en Común— se interesaron por la situación del CAMF y se celebraron reuniones. Al líder de Podemos en Galicia, Antón Gómez-Reino, el comité de empresa le pidió que hiciera fuerza ante la ministra Ione Belarra, responsable de Derechos Sociales. El alcalde ferrolano, Ángel Mato, acudió al centro el pasado 13 de junio, acompañado por la subdelegada del Gobierno, María Rivas —quien ya había visitado el CAMF a finales de 2021— y la responsable municipal de Bienestar Social, para celebrar sendas reuniones con trabajadores y usuarios, primero, y la dirección.

Mato desplegó una serie de anuncios: una partida de 172.000 euros para acometer este año mejoras de seguridad —instalaciones contra incendios, sistemas de llamada de las habitaciones, detección de fugas de gas—, cuya mera necesidad de puesta al día es una asunción de sus déficits; mejoras en accesibilidad en fase de presupuesto «aprobado». Música que suena muy bien pero con partitura vieja, replican los representantes de los trabajadores: «No nos dijeron nada nuevo». Las mejoras, aducen, ya «estaban presupuestadas». Y todavía de cara a 2023, la previsión de poner en marcha un «proyecto de intervención integral», que afectaría a accesos, cocina, ascensores, enfermería, mobiliario y equipamiento. «¡Esas cosas se necesitan ya!», tercia Juan.

En la Subdelegación del Gobierno admiten que se están empezando a atender demandas de largo recorrido, pero que su resolución «está en proceso», «no es que sea una promesa». «Se ha sacado de un cajón y no estamos parados», reivindican. Arévalo le teme a la burocracia, reprocha que «se juega» a pasarse la pelota entre departamentos, sobre todo a la hora de autorizar desembolsos: «Unos echan la culpa a otros y el problema no me lo soluciona nadie».

José Manuel Rey Varela, portavoz del Grupo Popular en el concello de Ferrol, critica el «abandono del Gobierno» con el CAMF y su «poca sensibilidad», después de «tanto hablar de los derechos sociales». «Lo suyo es predicar pero no dar trigo, porque hablan de las competencias de los demás, pero cuando son ellos los que tienen competencias, estamos viendo la situación en que se encuentra un centro que es competencia exclusiva del Estado», censura quien fue alcalde de la ciudad departamental. «Ponen deberes a los demás, pero cuando tienen que dar ejemplo, no lo hacen».

«Lo que me hierve la sangre es que la ministra Ione Belarra está haciendo acuerdos con las comunidades autónomas, para que las residencias mejoren», clama Juan, y mientras, «solo tiene cinco CAMF el Imserso, y que los tenga así». Los de Ferrol y Leganés se llevan la palma, amplía Arévalo. «No hay 1.000 centros en toda España», apostilla, y afea que se pregone un nuevo modelo residencial solo sobre el papel. «Estoy pidiendo que me hagas esto y aquí no me lo haces... Deberías decir: 'Tengo este centro, mira cómo lo tengo, es el modelo a reflejar'».

Hasta nuevo aviso, si de algo es modelo el CAMF de Ferrol, denuncian usuarios y trabajadores, es de cómo no se ha de gestionar un centro para personas dependientes.