Bruselas «comparte» la importancia de desbloquear la industria eólica en Galicia

"Poner de manifiesto la situación que se está produciendo en Galicia ahora mismo por el llamado parón eólico". Así definió el presidente del Ejecutivo, Alfonso Rueda, el objetivo del viaje de su conselleira. Una situación con una "incidencia directa" no solo en los propios proyectos eólicos, recordó, sino también en aquellos proyectos industriales que estaba previsto que recibiesen de ellos su suministro. A esto se suma, además, la cuestión prejudicial planteada que el TSXG llevó en junio al Tribunal de Justicia de la Unión Europea "después de que el Tribunal Supremo se pronunciase dando la razón a la Xunta", aseveró.

En el viaje, en el que la conselleira se reunió con distintos directores generales y responsables de la Representación Permanente del Estado, quedó patente que "la Comisión Europea comparte la trascendencia y la importancia de desbloquear" la situación. "Galicia tiene el recurso, tiene los proyectos y los promotores, tiene la necesidad de querer descarbonizar, y tiene las autorizaciones necesarias para esos proyectos; pero nos encontramos con esta paralización", esgrimió la conselleira, que recordó que, aunque la Comunidad llegó a ser "la primera región en implantación de energía eólica" del país, en los últimos años, pasó a ser la cuarta.

"En estos momentos, tenemos un total de 3.900 megavatios, y el año 2030, deberíamos tener implantados 8.000", explicó, una meta a la que se llegaría "en tiempo y forma" si se siguiese adelante con los 134 proyectos autorizados por la Xunta. "Desde la Comisión Europea se nos transmitió que las energías verdes van a estar en el centro de la política de la presidencia y que Galicia está perfectamente alineada con esta idea", aseguró. Por todo ello, celebró que la Ley de Administración Ambiental Simplificada cuenta con "el aval de la Unión Europea". La norma, en la que está trabajando la Xunta una vez finalizada la consulta pública este mes, busca facilitar los trámites de los proyectos, pero también proporcionar más seguridad jurídica y garantizar el equilibrio entre la protección del entorno y el desarrollo económico en la Comunidad.

"Sin embargo, los esfuerzos que está haciendo el Gobierno gallego chocan con la determinación del TSXG", que presentó una cuestión prejudicial que "está provocando una demora importante a la hora de poder implantar más megavatios en el territorio", afeó la conselleira. Al respecto, la Xunta espera que el pronunciamiento del Tribunal Europeo clarifique si el procedimiento aplicado en España a todas las evaluaciones ambientales es correcto, como defiende Galicia, o si la normativa vigente –la ley estatal de evaluación ambiental de 2013– no recogió correctamente la normativa europea. Una sentencia que, en definitiva, esperan que ponga fin a esta situación de "inseguridad jurídica".

Una cuestión prejudicial en la que, a petición de Europa, se personarán tanto el Gobierno gallego como el estatal, si bien desde la Xunta reiteran que no obtuvieron "ningún tipo de información" por parte del Ejecutivo de Pedro Sánchez. "No podía ser de otro modo, pero nos quedamos mucho más tranquilos sabiendo" que irán, aseveró la conselleira.

De hecho, continuó Vázquez, debido a la preocupación suscitada en la Consellería debido a la cuestión prejudicial y "esta marea de parálisis", solicitaron a principios de mes una reunión con la ministra de Transición de Ecológica. Reunión que ésta "decidió declinar" al entender que "tenía que ser de carácter técnico", si bien "por primera vez" reconoció "que este era un problema no sólo para Galicia, sino también para España". Con todo, ayer mismo, la cartera de Medio Ambiente de la Xunta fue informada de que el próximo día 20 sus técnicos podrían reunirse con los del Ministerio. "Por supuesto, allí estaremos", avanzó, "porque estamos convencidos de que este no es un partido que se tenga que jugar solo en casa".