Antonio Roma, fiscal jefe de Santiago: «Nuestro sistema procesal no es eficiente y es difícil de explicar fuera de España»

—En su discurso de toma de posesión dejó clara su preocupación por la escalada en las agresiones sexuales.

—Sí, no me gusta medir el trabajo de la justicia acudiendo únicamente a la estadística, pero si nos fijamos en ellas el número de acusaciones del Ministerio fiscal por delitos vinculados con la libertad sexual ha crecido mucho. Aunque Santiago sigue siendo una ciudad tranquila, este número aumenta y son muchas las razones. La propia evolución de los procedimientos judiciales, la existencia de protocolos, una realidad social que es mucho menos tolerante con determinadas situaciones, los modelos que uno puede ver en redes sociales... La realidad va cambiando y tenemos que adaptarnos.

—Cada vez conocemos más casos de agresiones sexuales entre menores y eso ha elevado algunas voces que piden una reforma de la Ley del menor. ¿Sería legislar en caliente?

—Hubo una polémica con la 'Ley del sí es sí' porque tuvo algunos defectos, pero incorpora una perspectiva de género en lo que es la formulación de la ley a la hora de tender a la especialización. Nosotros aquí vemos los delitos de mayores, pero sí detectamos que hay jóvenes —18, 19 años— que ya tienen agresiones sexuales en su historial. A mí no me gusta legislar en caliente, pero es cierto que es una situación que va posando. Yo no soy enemigo de adaptar nuevas sensibilidades y nuevas perspectivas, pero no me gusta cambiar las cosas en caliente, a propósito y para un determinado caso. Yo creo que la Ley del menor en estos momentos se adapta a los problemas de los menores. Es cierto que hay modelos como que ahora los menores se conocen en redes y no en la calle, o que las cosas se aprenden por Internet... a lo mejor hay que trabajar esos campos.

—Usted viene de estar en un puesto en Latinoamérica en contacto directo con organizaciones criminales a gran escala como las dedicadas a la trata de personas...

—Es un problema que se transforma, pero no desaparece y es una realidad que también tenemos aquí. La gran delincuencia existe más allá de lo que pensamos. Ahora están más especializados, son organizaciones más pequeñas pero mejor conectadas entre sí y más especializadas, como redes que se dedican a la trata de seres humanos en un país y blanquean el dinero en otro. La jurisdicción española se ha adaptado a través de la creación de unidades centrales, pero el problema es muy poroso y se extiende por todo el territorio. Hace muy poco formulé una acusación por un supuesto de trata en un chalet en Santiago y son juicios complejos para los que nuestro sistema procesal no está pensado.

—¿Qué problemas encuentran desde la Fiscalía?

—Cuando son supuestos en los que hay pocos testigos y pocos acusados se maneja bien. Pero hemos visto casos en los que la complejidad y la gestión procesal no es sencilla. Todos conocemos juicios que duran mucho tiempo, que tienen mucha repercusión mediática... y el proceso no está pensando para resolver esos problemas. El sistema procesal está pensado para situaciones sencillas y casi individuales, no para macroprocesos o delincuencia compleja. Por eso una de las soluciones tiene que pasar por la especialización. En delitos de delincuencia organizada, por ejemplo, uno tiene que saber de qué está hablando.

—También en casos como la ciberdelincuencia, que se dispara. Los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado ya han tenido que reorganizarse para destinar más medios humanos y técnicos. ¿Y la justicia?

—Se dispara, absolutamente. Cuando esto empezó, no hace tanto tiempo, yo fui el primer representante español en la Convención de cibercrimen y aquello sonaba a ciencia ficción. Hoy todo ha ido fluyendo hacia todos los lados. Antes se robaban las cosas; hoy se hace a través de plataformas comerciales que todos conocemos. El otro día un juez de Vigo me decía que la mitad del trabajo de su juzgado tiene que ver con delitos vinculados con las nuevas tecnologías, muchos conectados con países opacos donde la persecución es muy complicada. El problema es que a veces el juzgado sigue siendo para todo.

—Hablando de juzgados, el colapso es importante: paros encadenados, el Imelga desbordado...

—El colapso viene por todo. Ahora tenemos la huelga de los abogados del turno de oficio, que esperemos que se resuelva pronto. Pero es que venimos de los paros de los LAJ, de los funcionarios, y esto ha generado verdaderos problemas de supervivencia para que el papel se mueva. Lo del Imelga es una parte, pero el área de Santiago tiene una demora que hay que reconducir a unos números con una tendencia más razonable.

—Cuando se fue de Santiago en 2017 cedió el testigo como fiscal del caso Alvia a Mario Piñeiro. Fueron ocho meses de un juicio muy intenso y de un debate técnico que hizo caer, de forma sorpresiva, la acusación que el Ministerio Público dirigía contra el jefe de seguridad en la línea en aquel momento, Andrés Cortabitarte...

—Yo no estuve en el juicio, pero puedo defender dos cuestiones. La primera parte de lo personal porque yo lo viví desde dentro y toda mi empatía con las víctimas. En este caso la función del fiscal es dirigir la legalidad viendo con toda la honestidad intelectual la aplicación de la ley. Lo segundo que tengo que defender es la profesionalidad del fiscal. Estoy convencido de que fue una decisión muy meditada.

—Llevamos años oyendo hablar de un cambio en el sistema para introducir la figura del fiscal instructor. ¿Qué opinión le merece?

—Después de trabajar seis años con 16 países de América y con todos los de la UE tengo una visión desde arriba del proceso penal español. La generalidad de los jueces de instrucción de España son unos grandísimos profesionales, y esto es lo que permite que el sistema funcione, pero eso no quiere decir que el sistema sea el más eficiente del mundo, porque no lo es. Es un sistema que se ha abandonado en el resto de países, porque no es eficaz. Lo eficaz es que los asuntos se lleven desde los ministerios públicos porque quien sabe investigar es la Policía y quien sabe dirigir la acusación es el fiscal. Nosotros tenemos en medio un juez de instrucción que no es el que va a llevar el caso a juicio. Y lo tenemos porque hay unas acusaciones particulares que tampoco existen en el resto del mundo, donde lo que hay son posiciones adheridas. En España hay un procedimiento legal que se llama instrucción y que consiste en acaparar. En el resto de los países esto no existe. El juez de instrucción no está especializado y el mundo nos lleva a la especialización.

—¿Estaría a favor de una modificación?

—Pongo un ejemplo. En España casi no se persiguen los bienes del delito, se recupera muy poco dinero de las organizaciones criminales. Francia recupera veinte veces más. Nuestro sistema procesal no es eficiente y hay que modificarlo. Es muy difícil de explica fuera de España qué es un juez de instrucción o qué hacen varias acusaciones en un juicio, porque no lo entienden.

—Los detractores de esta modificación dicen que la Fiscalía es un ente muy jerarquizado y politizado.

—Todos los Ministerios Públicos están jerarquizados y esa es la única manera de garantizar una unidad de actuación. Eso no significa que no tenga que haber pesos y contrapesos dentro de la Fiscalía. Lo que está claro es que tiene que haber transparencia en la comunicación con el resto de las instituciones. La palabra que se usa al hablar de la Fiscalía europea no es autonomía, es independencia. Hay que trabajar y que ver cómo modernizar la institución porque evidentemente hay nuevos retos.

—Usted fue el fiscal del Códice Calixtino, estaba de guardia con la muerte de Asunta. ¿Qué huella le han dejado estos casos?

—Todos me han mejorado mucho profesionalmente y también me han marcado personalmente, porque te fortalecen. No es lo mismo estar en un juicio con estudiantes que estar en un juicio con una cámara enfocándote mientras lees tu informe. Los aprendizajes técnicos han sido muy importantes, pero algunos de ellos me los he llevado a casa.

—Mencionaba el caso Asunta, la expectación casi once años después a raíz de la serie vuelve a ser llamativa.

—Me abstuve del procedimiento porque conocía a los padres y me abstengo de hacer comentarios. Respeto el trabajo hecho y lo único que puedo comenta es que estamos en la moda del 'true crime' y ese caso lo vivimos todos desde muy cerca.