Caballero cesa al interventor para tener manos libres en Vigo

Así, señalan que «curiosamente» la destitución de este alto funcionario se produce después de que, en los últimos meses, hubiese emitido informes contrarios a la ampliación de sendas concesiones a las empresas que explotan el Auditorio Mar de Vigo y el servicio municipal de aguas. Este último, un polémico contrato en el que el alcalde de Vigo, Abel Caballero, hizo caso omiso a las consideraciones del interventor general, que solicitó una auditoría de las cuentas de Aqualia y un informe del Consello Consultivo, ambos extremos que no se produjeron. Los grupos de la oposición aseguraban entonces que «lo lógico habría sido convocar un nuevo concurso en 2015 para poder negociar mejores precios con Aqualia en lugar de hipotecarse cinco años».

«La máxima de “o conmigo o contra mí”» que abandera, según los sectores críticos el regidor olívico, «se cobraba ayer una nueva víctima». Son muchos los que se preguntan «quién será el siguiente». Después de seis años en el cargo —en enero expiraba el plazo legal para poder destituirlo— González Carnero ha sido sustituido por Luis García Álvarez, hasta ahora responsable de contabilidad y presupuestos del Concello de Vigo, con carácter accidental.

Este nombramiento no es casual. Histórico afiliado al PSOE de Nigrán, García Álvarez ya despachaba con Caballero en el puerto. Pertenece al núcleo duro del regidor, muy cercano a Manel Gallego, secretario del PSOE de Vigo, cerrando así el círculo de sus afines. Su designación, de interventor interino, cargo que podría desempeñar hasta que en dos años ascienda su categoría a interventor de primera y poder así acabar la legislatura, deja vía libre al alcalde para «hacer y deshacer a su antojo», apuntan las fuentes citadas.

Sin informes favorables por parte del interventor, a Abel Caballero se le podría caer un castillo de naipes que encabeza el Auditorio de Vigo, junto a la prórroga de Aqualia, varios aparcamientos y una más que posible ampliación de la concesión a Vitrasa antes de que expire el plazo del convenio actual —con tope en 2017—, según ha podido saber ABC.

Las brechas abiertas en los planes del primer edil son muchas y urgía resolverlas. El ahora nombramiento de Luis García garantiza informes favorables a los contratos municipales a los que González Carnero se oponía. De lo contrario, el Ayuntamiento se enfrentaría a indemnizaciones millonarias derivadas de proyectos que, por el cambio en sus condiciones iniciales, se ha confirmado que no son rentables.

Este es el caso del Auditorio-Pazo de Congresos Mar de Vigo cuya concesionaria, de la que forman parte Sacyr, Caixanova (actualmente Novagalicia Banco) y Puentes y Calzadas solicitaba el pasado mes de noviembre por escrito la rescisión del contrato de concesión y una indemnización por daños y perjuicios, derivada del «incumplimiento contractual» del Consistorio, al no aprobar el plan económico-financiero definitivo y no cumplir las medidas previstas en el provisional de 2008. Extremo que implica, de facto, «la imposibilidad de explotación de la obra y por consiguiente la resolución del contrato, en los términos prevenidos en la Ley».

Entre los motivos aducidos, el representante legal del consorcio habla de una deuda de cinco millones de euros en concepto de subvención de capital y de la ampliación de la concesión de 35 años hasta el máximo legal de 60, que el Ayuntamiento se comprometió a reflejar en un borrador del plan económico financiero que finalmente no aprobó.

Todo ello deriva de la modificación de la obra pública en 2008, bajo mandato de Caballero, reduciendo la superficie comercial en unos 20.000 metros cuadrados y la supresión de dos plantas de aparcamiento, lo que desequilibró las previsiones económico-financieras de la concesión. De este modo, la oposición de González Carnero a la ampliación de la concesión impedía a su vez al alcalde dar vía libre a la subvención solicitada por la sociedad instrumental, viéndose obligado el Concello, como mínimo, a indemnizar a la UTE por la inversión realizada, de presentar esta un concurso de acreedores. En igual situación se encuentran el aparcamiento de Jenaro de la Fuente y de la Avenida Castelao: ante la falta de demanda de sus plazas, en venta a través de una concesión a 50 años por valor de 20.000 euros, a sus responsables siguen sin salirles las cuentas. Tampoco han funcionado los bonos de larga duración —un proceso similar al alquiler por semanas o meses—, por lo que no sería extraño que pasase lo mismo que con el Auditorio, y las empresas encargadas de sendas explotaciones anunciasen suspensión de pagos para justificar la rescisión y recuperar la inversión con su correspondiente indemnización.

El de González Carnero no es el único cese que se ha producido en los últimos años. Antes, el gobierno municipal de Corina Porro apartaba del cargo a la interventora Berta Guarner, quien casualmente desde hace año y medio no firma ningún informe, pese a mantener su sueldo consolidado.

De este modo, con la incorporación de Luis García, según han confirmado a ABC fuentes conocedoras de la situación, el Ayuntamiento de Vigo mantiene en nómina a tres interventores, lo que significa un monto anual que asciende en sueldos a 240.000 euros.