La Xunta se abre al diálogo pero sin tocar el «escenario económico»

El propio Rueda mantuvo ayer un encuentro con los representantes del Consello Galego da Avogacía; el mismo órgano que se ofreció el pasado lunes a mediar en el conflicto. Durante la cita, la administración ahondó en los pormenores de la última propuesta lanzada al comité de huelga . En ella, Vicepresidencia ofrece un incremento salarial —a repartir en tres años— de 133 euros al mes para los gestores, 108 para los tramitadores y 105 para los cuerpos de auxilio. Y todo ello sin contar la subida que se aplicará de forma generalizada al conjunto de los trabajadores públicos. Gracias a ella, estiman en la Xunta, cada funcionario de la Justicia podría ver incrementada su nómina en 300 euros.

Pero los sindicatos siguen sin darla por válida. En todo caso, a lo único que se aferran es a las diferencias y a los matices que se extraen de los comunicados del Gobierno y de los letrados; el síntoma de hasta qué punto el problema se ha enredado. Por un lado, mientras el departamento de Rueda recalcó su voluntad para dialogar dentro del actual «escenario económico»; el Consello da Avogacía reflejó en su nota de prensa que el Ejecutivo s e abrió a «efectuar una nueva propuesta a los sindicatos» , aunque también dentro del contexto «legal y económico». Distintas palabras, en fin, que dan lugar a distintas interpretaciones: donde los sindicatos ven una reducidísima ventana abierta a mejorar la oferta salarial, la Xunta no aprecia ninguna distinción.

Y así transcurren las jornadas sin que las negociaciones lleguen a reactivarse. Ambas partes esperan al primer movimiento. Vicepresidencia, a que los funcionarios se descabalguen de sus exigencias «inasumibles»; y el comité a que la administración ponga otra vez más dinero. Ya sería la novena vez, pero en palabras de una fuente sindical, algunos trabajadores ya llevan perdidos «más de 3.000 euros, como para aceptar una subida de 30 euros. Así solo recuperaremos (lo perdido) cuando nos jubilemos». Aún así también dejan la puerta abierta a moderar sus pretensiones —fijadas en una subida mensual de 180 euros— y a conversar sobre porcentajes de aplicación o los planes para recuperar el trabajo amontonado en los juzgados.

Hoy los huelguistas esperan tomar las calles de Santiago en una manifestación «masiva», para la cual siete autobuses partirán desde las grandes urbes de Galicia hasta confluir en la capital. «La gente está con ganas de hacer cosas y de buscar una salida», explica el presidente del comité, Manuel Tejada.

Será el mismo día en que se cumplan dos meses de paro indefinido, ahora puesto bajo la lupa de la administración por las sospechas de incumplimiento de los servicios mínimos. El pasado jueves Rueda informó de que varios letrados habían enviado «reportes» sobre posibles vulneraciones, y se comprometió a castigar a los culpables con la apertura de un expediente sancionador.

El comité no se da por aludido. Al contrario, reivindican el estricto de todo lo pactado. Según Tejada, Rueda «no sabe realmente lo que está pasando» en las sedes judiciales y achaca a la «ambigüedad» del decreto de servicios mínimos los problemas en algunas ventanillas. «Ahora quieren solucionarlo por la puerta de atrás».