Rueda avisa de que expedientará a quien viole los servicios mínimos

«Hacemos todo aquello que está en la esfera de nuestras competencias para que se cumplan los servicios mínimos», reivindicó el responsable de Xustiza. La Xunta los monitoriza día a día con la información que procede de los juzgados. Y aún así, algunos abogados ya enviaron «reportes» registrando posibles vulneraciones en el acceso a los servicios pactados.

El diálogo, mientras, se encuentra varado. Las centrales sindicales se muestran inflexibles a la hora de moderar los 180 euros de subida salarial que demandaron en la última reunión. Lo que elGobierno gallego propone es un aumento de 130 euros del complemento autonómico, al que habría que añadir el incremento acordado en Madrid para todos los trabajadores públicos. Entre uno y otro mejoraría la renta de los funcionarios alrededor de un 13%, defendió el vicepresidente, de nuevo insistente a la hora de remarcar que la Xunta no convertirá las negociaciones en una «subasta» con «el dinero de todos». «Eso nunca lo haremos», recalcó.

Según Rueda, la oferta oficial cumple todos los objetivos establecidos en un principio por los trabajadores, en el momento en que demandaron poner fin a la «discriminación» con sus compañeros del resto de comunidades autonónomas. Así, Vicepresidencia asegura que cumplió con el propósito de colocar a los funcionarios por encima de la media en la tabla regional, y tras ocho incrementos puestos encima de la mesa parece haber alcanzado un límite. A preguntas de la prensa, Rueda hizo un llamamiento a la «responsabilidad» de los empleados públicos, a quienes reclamó que valoraran la oportunidad de dar un salto en su nómina. Hoy se reunirá con el Consello Galego de Avogacía; el mismo órgano que se ofreció a comienzos de semana para mediar en las conversaciones.

Las jornadas pasan y al escenario, ya de por sí muy complejo, pueden incorporarse nuevos obstáculos, como las protestas de los jueces y fiscales en distintos puntos del país para reivindicar mejoras en sus condiciones de trabajo, así como el blindaje a su independencia y la modernización de los juzgados.

La situación incomoda a la Xunta. «Claro que estamos preocupados», confesó Rueda, quien reivindicó que su departamento hace «todo lo posible» para amortiguar los focos de conflicto presentes en Galicia.