Ultimátum a la plantilla de Alcoa

La jornada de mañana será clave. A las 11.00, representantes de los comités de empresa de La Coruña y Avilés, de Alcoa y Parter han sido convocados por el Ministerio de Industria a una reunión en la que continuar las negociaciones iniciadas el pasado jueves. Por la tarde nueva cita, a las 16.00 horas entre Alcoa y los sindicatos que conforman la comisión de seguimiento del ERE. Fuentes de la multinacional estadounidense recuerdan que el tiempo corre y apremian a la plantilla a que validen el preacuerdo. «Cuanto más lo retrase, estaremos en peores condiciones para firmarlo», indican a ABC.

El miércoles de la semana pasada Alcoa anunció su preacuerdo con Parter. La multinacional cedería gratis al fondo suizo sus plantas de La Coruña y Avilés a cambio de que mantuviese el empleo y las condiciones laborales a los casi 700 trabajadores de ambas factorías. El comité coruñés no afrontó la noticia con excesiva alegría. Al día siguiente se encerró en la Delegación del Gobierno para exigir al Ministerio de Industria que no se olvidase de sus compromisos y que garantizase que el fondo contaba con un proyecto industrial viable y de futuro. El presidente del comité de Alcoa en Avilés, José Manuel Gómez de la Uz, lo explicó esta mañana claramente en Madrid a donde llegó tras 12 días caminando desde Asturias en la bautizada como Marcha del Aluminio. Queremos «una solución real» para las plantas y «no ficticia» como plantea Parter , afirmó Gómez de la Uz, según informa Efe. En octubre Alcoa les comunicó su intención de cerrar las fábricas de La Coruña y Avilés. Ahora temen que pasados los dos años comprometidos, Parter vuelva a clausurar las factorías.

En 24 meses no estarán sobre la mesa las condiciones pactadas con Alcoa en enero en caso de que no apareciese ningún inversor interesado. Si la plantilla opta por el cierre, 263 trabajadores perderán sus empleos . El acuerdo prevé una compensación de 10.000 euros y una indemnización de 60 días por año trabajado. La legislación actual fija 45 días hasta la entrada en vigor de la reforma laboral y 33 para los siguientes. Otros 44 trabajadores mayores de 53 años tendrían que prejubilarse y se producirían 106 recolocaciones en la planta de Alcoa en San Cibrao . Aunque no seguiría produciendo aluminio primario, Alcoa no abandonaría por completo sus instalaciones en La Coruña y Avilés y allí seguirían otros 205 empleados trabajando en las fundiciones.

Pero si Parter fracasa en su intento de producir aluminio no está claro cuáles serán sus condiciones en caso de que decida despedir a la plantilla. Para que el proyecto industrial tenga futuro, falta aún por cumplirse otro de los compromisos del Gobierno central. El 17 de enero, en una declaración institucional el Ejecutivo prometía desarrollar un real decreto para «garantizar un marco energético estable, predecible y competitivo» para la industria que, como la del aluminio, es gran consumidora de energía. Bautizado como el estatuto para las electrointensivas, el Gobierno central iba aprobarlo en el último Consejo de Ministros antes de las generales. Tras un dictamen de Competencia, en el que alertaba de que las medidas previstas podían ser consideras ayudas de Estado, y por tanto ilegales para la Unión Europea, el Ejecutivo central aparcó el documento . Sin fecha aún clara para que se constituya un nuevo Ejecutivo, se desconoce cuándo estará listo el estatuto y cuál será su alcance . Cualquier solución a futuro depende de los costes eléctricos en España, que «no mejoran, sino que empeoran», afirmó en Madrid el presidente del comité de empresa de Avilés. Para Gómez de la Uz la oferta de Parter no asegura un «empleo activo».

El Gobierno también ha decidido dejar fuera a las factorías de La Coruña y Avilés de la última subasta de interrumpibilidad celebrada la semana pasada. De este modo las factorías no contarán para lo que queda de año con las ayudas que otorga el Estado a las electrointensivas por desconectarse de la red eléctrica en caso de que la demanda de los hogares sea alta. Alcoa había pedido participar, pero el Ejecutivo de Sánchez no se lo permitió. Argumentó que no podía hacerlo porque había apagado ya las cubas de electrolisis (que son las que necesitan más energía). Alcoa sólo pujó para su planta de San Cibrao y afirma que la subasta ha sido peor que las anteriores. Fuentes de la multinacional estadounidense instan al Gobierno a que ponga en marcha el estatuto porque, resaltan, en las actuales condiciones la planta lucense «no es viable».