Los ochos meses de pesadilla de los trabajadores de Alcoa

En enero, la empresa les daba un respiro. Posponía la clausura inmediata hasta el 30 de junio para dar tiempo a buscar un inversor que se hiciese cargo de las factorías. El comprador debería mantener los empleos y la actividad industrial en las plantas. Para que apareciese algún interesado, el abaratamiento de la factura eléctrica era el factor clave. El Gobierno central prometió aprobar un conjunto de medidas agrupadas en el estatuto del consumidor electrointensivo . Con ellas se pretendía que toda la industria gran consumidora de energía pudiese ser competitiva. En España el megavatio hora se paga, según la patronal del sector, 25 euros más caro que en Alemania.

El compromiso del Ejecutivo de Pedro Sánchez era aprobar el estatuto antes de las últimas generales. Pero a dos días del 26-A, confirmaba que las medidas tendrían que esperar . Tras el dictamen de Competencia que alertaba que la Unión Europea podría poner problemas al considerarlas ayudas de Estado ilegales, el estatuto quedó aparcado.

Durante el proceso de venta hasta 12 inversores se mostraron interesados por las plantas, aunque siempre reclamando rebajas en la factura eléctrica. Pero sólo dos de ellos, el fondo alemán Quantum y el suizo Parter presentaban a principios de mes una oferta vinculante. El 14 de junio Alcoa comunicaba a los trabajadores que descartaba a Quantum . La empresa alegaba que no cumplía las garantías financieras. Alcoa se decantaba por Parter, además, porque ofrecía una solución para ambas plantas. El fondo alemán sólo se había interesado por Avilés.

La firma del preacuerdo con Parter aún tendrá que recibir el visto bueno de los trabajadores . Mañana están citados a una reunión de la comisión de seguimiento del ERE en la que tendrán que respaldarla. Pero las plantillas todavía no se fían. Desde el comité de La Coruña explican que Alcoa los está presionando para que avale el proyecto industrial, mientras el Ministerio de Industria se lava las manos. Piden que sea el Gobierno central el que cumpla sus compromisos de vigilar que haya garantías en la inversión que permitan mantener los empleos y la viabilidad de la planta.

Mientras no hay fecha de momento para la aprobación del estatuto, las factorías de La Coruña y Avilés se quedarán fuera también de las ayudas de interrumpibilidad, que estos días están en plena subasta.