Sindicatos y Xunta vuelven a reunirse con las posturas aún muy distantes

El vicepresidente de la Xunta, Alfonso Rueda, volvía ayer desde Vigo a trazar algunas líneas rojas de cara a la negociación: la exigencia sindical de los 180 euros es, directamente, «inasumible» por las arcas públicas autonómicas. «Lo fácil sería decir que sí», reconoció, pero «eso no sería responsable ni objetivo porque la Xunta negocia con el dinero de todo el mundo» . El titular de Xustiza volvió a repetir lo manifestado durante los últimos días: se cumple el mandato parlamentario de mejorar las retribuciones de los trabajadores manteniéndolos por encima de la media estatal, incluyendo además una garantía para revisar las cuantías si los complementos de las demás autonomías se incrementaran y Galicia perdiera posiciones.

La última propuesta de la administración es incrementar, durante los próximos tres años y con efecto retroactivo desde el pasado 1 de enero, 133 euros al cuerpo de gestores, 108 al de tramitadores y 105 al de auxilios. En la comparativa con el resto de territorios, los gestores gallegos serían los sextos de España con un mayor complemento (579 euros), mientras que tramitadores y auxilios estarían quintos en este ranking (554 y 550 euros) , respectivamente. Otras comunidades con mayor nivel de vida como Valencia, Cataluña o La Rioja estarían por detrás. En los dos últimos cuerpos, superarían también a Navarra.

En su intento por hacer pedagogía, no solo con los trabajadores sino también con la opinión pública, la Xunta recuerda que a la subida autonómica hay que contabilizarle el incremento pactado por las centrales sindicales en Madrid , de 223, 195 y 176 euros para las tres categorías, por lo que el incremento global se situaría en el entorno de los 300 euros, reiteró ayer Rueda: «No se negociará fuera de ese marco».

Esta suma no parece convencer al comité de huelga, que componen siete sindicatos con representación en el sector de la justicia, que la pasada semana escenificaron un supuesto plantón de la Xunta a una reunión que, en realidad, nunca llegó a ser convocada. Querían que se les explicase de dónde salen esos 300 euros que subrayan desde el Gobierno gallego, duda que les fue resuelta por carta desde la Dirección Xeral de Xustiza ese mismo día.

Para los sindicatos, que la Xunta contabilice como suya la subida acordada en Madrid —que tendrá que pagar con el presupuesto autonómico— no es de recibo, e insisten en su propuesta de 180 euros más al mes para todas las categorías. Según fuentes sindicales consultadas por Ep, la voluntad es de «optimismo moderado» aunque «con escepticismo». Dada la insuficiencia de la última oferta de la administración, esperan que se ponga sobre la mesa una «oferta digna», que en ningun caso podría ser «de unos cuantos euros más».

En el colectivo también reconocen que el plan de recuperación del trabajo que ha quedado pendiente — se habla de más de 20.000 juicios cancelados durante estos dos meses de paro — «también es importante» a la hora de conseguir un acuerdo. La intención de los sindicatos es no solo acordar una mejora salarial, sino que este plan de recuperación —que la propia Xunta admite como imprescindible para recuperar el trabajo perdido y evitar retrasos de años en la justicia— incluya la devolución a los huelguistas de las cantidades descontadas, una pretensión que bajo ningún concepto está dispuesto a asumir el gobierno gallego .

En todo caso, se toleraría el abono de unas determinadas horas extras para poner al día la justicia, pero nunca para que el saldo final fuese cero. Es decir, los más de dos meses de huelga indefinida y sus efectos sobre la ciudadanía —a la que además de actos judiciales se le han negado notificaciones de registros civiles necesarias para trámites ordinarios— no pueden salirle gratis a quienes los provocaron.

En paralelo, la oposición ha vuelto a dirigir sus críticas a la gestión que de esta huelga ha venido haciendo el gobierno de Núñez Feijóo. La nacionalista Ana Pontón reprocha a la Xunta que busque «humillar» a los trabajadores a través de una «posición intransigente», y reclama la intermediación del Consello Galego de Relaciones Laborales. El PSdeG reprochó a Alfonso Rueda «su actitud» mientras Luís Villares acusó al PP de no querer que la justicia funcione.