El Parlamento gallego pide un informe jurídico tras romper un diputado del BNG una foto del Rey

Santalices, que en el momento de la rotura de las fotos no estaba presente en el hemiciclo, decidió «efectuar una convocatoria urgente en el plazo menor posible contemplado» después de encargar este miércoles «un informe en relación a los hechos registrados». «Y será a partir de ese informe que los órganos de la Cámara decidan las medidas a adoptar» , han indicado a Ep fuentes del Parlamento.

La acción de Luis Bará tuvo lugar durante su intervención en defensa de una iniciativa que pedía la derogación de la ley de Seguridad Ciudadana, denominada por los partidos de la oposición en el Congreso como «ley mordaza». Con la bandera del independentismo gallego sobre el atril de oradores —enseña que calificó de «legal» aunque no «oficial»—, el diputado nacionalista rompió varias fotos del Jefe del Estado mientras aseguraba que esa acción era «ABC de democracia». «No la quemo porque estamos en un espacio cerrado», añadió.

Tras suceder estos hechos, la Presidencia del Parlamento emitió una nota en la tarde del miércoles en la que los calificaba como «una conducta digna de reproche en sede parlamentaria e impropia de un miembro» de la institución. Durante el propio pleno, el portavoz del PPdeG, Pedro Puy, pidió la palabra para solicitarle a la Cámara que se sacaran «las consecuencias legales oportunas».

El escenario legal es complejo. Por un lado, el artículo 13 del Reglamento de la Cámara establece que sus señorías «están obligados a adecuar su conducta (...) y a respetar el orden, la cortesía y la disciplina parlamentarias» . Pero por otro, el artículo 11.3 del Estatuto de Autonomía establece que los diputados serán «inviolables por los votos y opiniones que emitan en el ejercicio de su cargo». A eso se suma la reciente sentencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos que anuló la condena contra dos independentistas catalanes por quemar fotografías del Rey, dictada inicialmente por la Audiencia Nacional y corroborada por el Tribunal Constitucional. A juicio de los magistrados de Estrasburgo, estas acciones se enmarcan en el ejercicio de la libertad de expresión de los ciudadanos .