El pacto de gobierno en Orense se enfría a año y medio de las municipales

Poco queda de aquella reconciliación hace siete meses entre los dos partidos, que a la postre permitió recuperar a Jácome la coalición, a año y medio de elecciones, con un pacto que vuelve a tambalearse . Las discrepancias volvían a evidenciarse en los últimos días después de que el regidor orensano apuntase directamente a su socio de gobierno como máximo responsable de la supuesta falta de gestión en la tercera ciudad de Galicia, pese a que es el máximo responsable del consistorio.

En una comparecencia de prensa que tenía como finalidad anunciar los nuevos proyectos para 2022, Jácome afeó a los populares su gestión en las carteras en las que tienen responsabilidades, como urbanismo. Con un Plan General de Urbanismo paralizado y los presupuestos aún sin definir, Jácome acusó al PP de no sentarse con ellos para definir las líneas económicas. El último encontronazo se produjo con la situación del termalismo, culpando al PP de que las termas públicas sigan cerradas.

Después de varios días de silencio y en segundo plano, el Partido Popular finalmente rompió su silencio para afear a Jácome su actitud hacia el equipo de gobierno. La concejala de Hacienda, Ana Morenza, fue la primera en responder a su socio de gobierno asegurando que «las únicas concejalías que se mueven son las del PP», todo lo contrario que sus socios: «El que no está haciendo los deberes es el grupo del alcalde» , expuso. «Jácome considera que para que le vaya bien a él, le vaya mal a Orense», espetó un día después la portavoz popular Flora Moure, quien acusó a Jácome de pretender «denigrarles» para no tener que mostrar su «frustración con su gestión, que consideramos muy regular, muy normal».

Para el PP, este movimiento únicamente obedece a intereses personales y han invitado al regidor a «abandonar esta forma de pensar», recordando que, por ahora, el grupo de gobierno está formado por once concejales, siete del PP y cuatro de DO, y no tan solo por un solo partido. «No estamos aquí para el tú más y tú menos», replicaba Flora Moure, quien defendió que un gobierno «es un equipo», y, por tanto, «debe tener un objetivo común, y ese debe ser el interés y el beneficio de la ciudad».

El último en pronunciarse sobre el pacto fue el presidente de la Xunta de Galicia, Alberto Núñez Feijóo, quien recientemente pidió a los suyos abiertamente «que cumplan con sus obligaciones» a fin de garantizar la estabilidad de la ciudad. «No nos vamos a poner nerviosos. Sabemos de nuestra responsabilidad. Y lo que hemos pedido a cada concejal del PP es que cumpla con sus obligaciones», esgrimió el jefe del Ejecutivo, antes de participar en el Foro del AVE a Galicia.

Con las elecciones ya a la vista, los dos partidos no ocultan sus desavenencias, repartiéndose culpas mutuamente de los problemas que atraviesa la ciudad , a la espera de lo que ocurra en la Diputación, con la vuelta de Jácome al ente provincial. Ya en su anterior etapa en el ente provincial, Jácome se convirtió en el principal azote de la gestión del presidente provincial, Manuel Baltar, al que llegó a describir como un «psicópata de corbata» , aunque finalmente lograrían aparcar sus diferencias sellando un doble pacto que les permitió gobernar en ambas instituciones en el año 2019. La guerra abierta entre el PP y DO no es el único frente que tiene Jácome, quien continúa investigado por un supuesto delito de malversación de caudales públicos, a raíz de la denuncia anónima efectuada por un particular. Recientemente, varios excargos de su formación, que actualmente militan en filas de Coalición de Centro Democrático, comparecieron en rueda de prensa para denunciar que el alcalde Jácome había intentado «comprar» sus actas.

En concreto, los tres exconcejales de DO que ahora militan en Coalición de Centro Democrático (CCD), Maite Garrido, María Dibuja y Manuel Álvarez, junto con el coordinador del CCD, José Manuel Palacios, denunciaron el supuesto «intento de compra» por parte de Jácome de actas a los exconcejales , con cuantías de hasta 30.000 euros, si dejaban el acta; bien directamente, o a través de «intermediarios», siempre según su versión. En dicha comparecencia, Palacios aseguró que el regidor había llegado a ofrecer a algún concejal cuantías de hasta 30.000 euros si dejaban el acta, e incluso de dos mil euros al mes a alguno «si mantenía el acta pero votaba siguiendo las instrucciones».

El alcalde orensano, quien por el momento se ha desmarcado de estas acusaciones, se ha limitado a invitar a «los tránsfugas» –recientemente no quiso responder a un periodista si no utilizaba la palabra tránsfugas– a «que vayan al juzgado» si tienen alguna prueba, sin descartar la posibilidad de presentar él mismo una querella «por difamación».