De Lara sale a proteger a un edil investigado por difamar a Orozco

La investigación por las presuntas calumnias le corresponde al Juzgado de Instrucción nº2 de Lugo, avalada además por la Audiencia Provincial, que en marzo de este año consideró que debía procederse a la toma de declaración de Orozco y Portomeñe , fijando posteriormente la juez instructora Sandra Piñeiro la fecha a finales de este mes. Sin embargo, esta declaración está por el momento en el aire, a la espera de que la Fiscalía, la defensa de Orozco y la propia juez Piñeiro se pronuncien tras la providencia dictada por De Lara el 7 de abril. En función de lo que estime, el Ministerio Público y la parte denunciante podrán trasladar su parecer.

De Lara prestó su manto protector a Portomeñe después de que este pusiera en su conocimiento el 23 de marzo que debía comparecer ante la juez Piñeiro. La instructora del nº1 advierte a su compañera de juzgado que el edil «ostenta la condición de testigo» en la pieza del Plan General, donde De Lara vislumbra posibles delitos «de tráfico de influencias, prevaricación, falsedad documental y delitos contra la ordenación del territorio», entre ellos la recalificación de terrenos en el club de golf de Fixós, objeto de las acusaciones de Portomeñe contra Orozco.

La «juez estrella» de Galicia va un poco más allá, y traslada a la Fiscalía la situación de Portomeñe, por si la denuncia de Orozco «pudiera constituir un delito de obstrucción a la justicia», al dar por buena la versión del edil de que se le busca «intimidar». Esto carece de sentido, porque el exalcalde no guarda relación con la investigación del Plan General, por la que De Lara no lo investiga.

La demanda de López Orozco contra Portomeñe tiene origen en unas declaraciones públicas del edil en febrero del año 2016, en las que acusó al exregidor de presionar al exsecretario municipal, Luis Regal, para que modificara un informe y avalara la recalificación de unos terrenos rústicos junto al campo de golf de Fixós. «Es el mayor pelotazo urbanístico» de la capital amurallada, proclamó el concejal populista.

Estas manifestaciones —que fueron diligentemente incorporadas por De Lara a una de sus piezas— tienen un precedente directo en otra, la relativa al pago de supuestas productividades irregulares a funcionarios por parte de Orozco, que se remonta a finales de 2014, y que fue archivada en primera instancia y ratificada por la Audiencia Provincial. En ella, se acusaba al exalcalde de haber comprado la voluntad del exsecretario y otros funcionarios a cambio de este plus salarial. Sin embargo, Regal testificó ante el juez que no recibió presión alguna para el desempeño de su trabajo. Portomeñe llegó a decir que Orozco y una asesora de urbanismo lo habían hecho llorar para que cambiara el citado informe.