Las defensas: «Hay que determinar primero si esta causa la investigó un delincuente»

La abogada de uno de los agentes acusados, Beatriz Seijo, hizo pública en el plenario una conversación entre el jefe de la unidad de Asuntos Internos —que investigó la supuesta connivencia de los policías con los traficantes— y otro agente, investigado en otro juzgado de Orense precisamente por estar presuntamente detrás de los anónimos que dieron pie a la «Zamburiña». En ella se citaban para «una reunión clandestina» con el juez que instruía la causa que ahora se enjuicia, Leonardo Álvarez. El motivo del encuentro, «del que no se podía enterar nadie», era «dar retoques a las declaraciones» de los denunciantes para así encauzar la investigación, según detalló Seijóo a ABC. En la conversación —que está incorporado en el sumario de otro juzgado que investiga una de las derivadas de la «Zamburiña— se daban indicaciones para no acceder al juzgado por su puerta principal sino «por atrás».

La letrada sostiene que, antes de continuar con el juicio, debe resolverse la querella interpuesta por ella contra este responsable de Asuntos Internos, al que acusa de «encubrimiento, falsedad documental en atestados y por omisión del deber de perseguir delitos», al no investigar a «los gemelos», los hermanos De Prado Lahoz, dos agentes de la Comisaría sobre los que recae la sospecha de la autoría de los anónimos, el robo de las pistolas e incluso el homicidio del policía Celso Blanco, este último bajo instrucción en otro juzgado orensano, el nº 3. «El tribunal debe determinar si la investigación la ha llevado a cabo un delincuente», resumió.

La tesis de la defensa es que toda la investigación contra los cuatro agentes está fabricada de manera intencionada, a partir de pinchazos telefónicos seleccionados y descontextualizados, realizados de manera prospectiva e indiscriminada, con el único objetivo de armar un relato incriminatorio. El grueso de este trabajo lo hizo Asuntos Internos, avalado posteriormente por el juez Álvarez. Seijo recusó —sin éxito— durante la instrucción al magistrado por entender que le unía una relación de amistad con los hermanos De Prado Lahoz . Los tres compartían un chat de whatsapp con otras personas en los que se quedaba a comer, e incluso «un testigo acreditó que el juez iba al búnker de la policía a pegar tiros», una práctica «abiertamente ilegal».

Seijó expuso otras dos razones para la suspensión del juicio. Por un lado, que solo ha tenido seis días para poder estudiar el bruto de las conversaciones telefónicas intervenidas a su defendido, y que comprenden más de ocho meses de pinchazos. Hasta la fecha, solo habían podido acceder a los audios que la investigación de Asuntos Internos había elegido, y que según la defensa están manipulados. «Sostengo que Asuntos Internos se dedicó a borrar y hacer desaparecer lo que yo podría plantear para que estas conversaciones fuesen contextualizadas» , afirma. «Esto provoca indefensión», siendo además «la única prueba de la investigación de la comisión de los delitos» atribuidos a los cuatro policías de la unidad antidroga.

Por último, la abogada entiende que el instructor Leonardo Álvarez «vulneró el principio del juez predeterminado» al «forzar» la reapertura de la causa que ahora se juzga tras la aparición de un anónimo, y negándose a cederla a Instrucción nº3, donde se investiga la muerte del agente Celso Blanco, que apareció en su despacho de la comisaría con las pistolas robadas y autoincriminándose de su robo. En declaraciones a ABC, Seijó avanzó que este martes reclamará la nulidad de las grabaciones telefónicas por «carecer de los elementos exigibles» para su autorización y por su carácter «prospectivo».

Por su parte, la Fiscalía intentó que se le admitiera la incorporación a la causa de un informe de unos cincuenta folios sobre las consultas de uno de los investigados a las bases de datos de la Policía. Sin embargo, el tribunal —que preside la magistrada Ana Blanco Arce— lo ha rechazado por extemporáneo y por la indefensión que ello podría provocar. Las defensas solicitaron alterar el orden de las declaraciones inicialmente previsto, y que los acusados intervinieran al final, después de que se escuchara a peritos y testigos. Los magistrados de la Sala Segunda de la Audiencia Provincial tampoco aceptaron esta petición. Sí fueron favorables a incluir una prueba de un abogado de las defensas sobre la consulta de matrículas de coches de uno de los acusados, «que lo exoneraría de responsabilidad», según explicaron a ABC fuentes conocedoras del caso».

Las cuestiones previas seguirán este martes.