Novela negra en la comisaría de Orense: celos, pistolas robadas y un falso suicidio que casi funciona

El plan casi les funciona, hasta que la instructora sospechó que el suicidio podía no ser tal. La investigación, bajo secreto sumarial, se desarrolló estos últimos dos años y desembocó el pasado viernes 19 en la detención e imputación de los dos acusados, puestos este lunes en libertad bajo fianza de 60.000 euros cada uno.

La titular del Juzgado de Instrucción nº 3 de Orense les imputa a ambos —dos hermanos gemelos— «los presuntos delitos de robo con fuerza, tenencia ilícita de armas, revelación de secretos, simulación de delito, acusación o denuncia falsa e injurias y calumnias» , según ha informado el Tribunal Superior de Justicia de Galicia. Y al mismo tiempo, «se les investiga por un presunto delito de homicidio», dado que les atribuye la autoría del homicidio que, en un primer momento, se creyó suicidio.

La detención de los agentes ha coincidido con el levantamiento parcial del secreto de las actuaciones judiciales, y lo que se desprende de ellas es material impagable para la ficción literaria. El origen del caso , para el que hay que remontarse a 2014, está en los «celos profesionales» que uno de los detenidos, inspector jefe al frente de la Unidad de Estupefacientes de la comisaría de Orense, tenía respecto a otro inspector , responsable este del Grupo Operativo de Respuesta del mismo centro. «Le gustaba investigar mucho asuntos de drogas a pesar de que sus competencias no eran estrictamente esas», explicaron a ABC fuentes próximas al caso, «y eso molestaba a Antidroga porque los dejaba en mal lugar».

Según recoge el sumario, los gemelos —los inspectores Bernardo y Roi D. L.— habrían urdido el robo de tres pistolas en el verano de 2014, que extrajeron del búnker de la comisaría orensana. Poco después, habrían redactado unos anónimos dirigidos a la unidad de Asuntos Internos de la Policía insinuaba que las armas habrían sido sutraídas por una red corrupta de agentes para pagar a sus confidentes del mundo del narcotráfico, a los que además suministraban datos reservados sobre otros policías.

Efectivos procedentes de Madrid abren de inmediato una investigación interna, de la mano del Juzgado de Instrucción nº1. Fue la llamada «operación Zamburiña» . Para añadir picante, otras tres pistolas desaparecieron de nuevo del búnker en ese otoño, y pocos meses después, los anónimos llegan a los medios de comunicación.

En noviembre de 2015, de la mano de la investigación de Asuntos Internos, el juzgado ordena la detención de una docena de agentes, imputándole a cuatro de ellos responsabilidad en la sustracción de las armas . Sostenían la acusación pinchazos telefónicos y determinadas búsquedas que varios de los investigados habrían hecho en las bases de datos de la Policía. Para el SUP se trató de una investigación «chapucera y poco diligente». Sin embargo, el sumario considera probado que los gemelos emplearon las claves de sus compañeros para intentar incriminarlos dejando un rastro intencionado .

Pero toda la investigación se estremeció cuando en abril de 2016 aparece muerto en su despacho el agente Celso Blanco, un rostro muy conocido en la ciudad porque era el portavoz de la comisaria cuando había que tratar con los periodistas. Se había quitado aparentemente la vida con una de las pistolas sustraídas , otra reposaba sobre la mesa y escondía una tercera en un cajón. Instantes antes, compañeros y jefes de un grupo de whatsapp recibían un críptico mensaje de despedida: «Lo siento, ya lo entenderéis» . Minutos más tarde, enviaba a seis cuentas oficiales de correo electrónico de la misma comisaría una disculpa similar: «Lo siento por el daño ocasionado por el envío de los anónimos y el robo de las armas. También por el daño a un compañero y exjefe».

El forense llegó a acreditar el suicidio, indicaron a ABC las mismas fuentes. Parecía que el caso se solucionaba solo, a pesar de que los seis imputados por el juzgado no vieron archivadas las actuaciones contra ellos. Sin embargo, la muerte de Celso Blanco no recayó en Instrucción nº1 sino en el nº3, y a su titular le surgieron dudas. Declaró secretas sus pesquisas y solicitó la intervención de la policía científica, que vino desde Madrid, para investigar a fondo los hechos. Y el aparente suicidio fue dejando paso a otro tipo penal: la mano que disparó al agente Blanco no fue la suya.

El clima dentro de la propia comisaría se empezó a hacer insoportable incluso entre los propios compañeros. Muchos creían que los gemelos estaban detrás del robo de las armas y de los anónimos que fabricaban la versión de la red corrupta de policías, «pero no nos podíamos imaginar que, además, uno de ellos fuera un homicida». La detención el pasado día 19 de los exagentes —uno de ellos jubilado por enfermedad, el otro destinado en la Academia de la Policía Nacional de Ávila desde hacía cerca de un año; a ambos se les hacía el vacío por parte del resto de agentes— y la acusación de posible homicidio ha sacudido el centro.

Ahora, el SUP solicita «que se retiren los cargos contra los cuatro agentes señalados» por Asuntos Internos en la primera investigación, secundada por Instrucción nº1, y que de alguna manera «se les rehabilite» públicamente, dado que nada tuvieron que ver con la sustracción de las pistolas.

Los gemelos, detenidos el día 19 pero que no pasaron a disposición judicial hasta el domingo 21, solo respondieron a las preguntas de su defensa. Su abogado, en declaraciones a los periodistas, ha aseverado que sus clientes «no se explican la detención» puesto que «son dos inspectores que viven por y para la Policía», negando todos los hechos de que se les acusan. El defensor ha explicado que los detenidos solo respondieron a sus preguntas al desconocer el contenido del sumario y los indicios existentes contra ellos, informa Ep.

A pesar de la gravedad de los cargos que pesan sobre ellos, la instructora les ha impuesto una fianza a cada uno de 60.000 euros que deberán abonar en un plazo de cinco días, rehusando su entrada en prisión debido a su arraigo familiar y patrimonial, al no concurrir peligro concreto para la alteración, ocultación o destrucción de fuentes de prueba relevantes, salvo el que justifica el mantenimiento de una pequeña parte de la instrucción como secreta, ha informado el TSXG.