La jueza aparta de la gestión a los propietarios de Alu Ibérica

La decisión de la jueza se produce tras haber recibido un duro informe contra los actuales propietarios de Alu Ibérica por parte de los interventores judiciales designados el 27 de abril para vigilar si gestionaban correctamente las factorías. El 30 de junio, la titular del juzgado de instrucción número 3 de la Audiencia, escuchó también los argumentos de la empresa, que negó las acusaciones. Tardón coincide con el diagnóstico de los interventores en el auto al que ha tenido acceso ABC. En su informe, relataban la falta de colaboración por parte de la empresa «llegando a impedir de facto la posibilidad de conocer incluso su estado de solvencia económica», recuerda la jueza. Tras la comparecencia de los propietarios de Alu Ibérica éstos entregaron nueva documentación en el juzgado. «Aunque abundante, se trata, en primer término, de documentación dispersa y fragmentada, que aborda solo cuestiones parciales relativas a la gestión de las empresas», indica el auto que concluye que «no puede estimarse que con ella se puede dar respuesta al requerimiento de la información que fue solicitada por los interventores». La jueza recrimina al Grupo Riesgo que no haya presentado cuentas oficiales desde el año 2018 , algo a lo que está obligada legalmente y coincide con los interventores en que la sociedad «podría estar en riesgo de insolvencia».

Pero la investigación judicial va más allá de una simple mala gestión de la empresa. Varios de sus directivos han sido detenidos por la UDEF y se investiga si realmente sus intenciones son aprovecharse económicamente de los activos de las factorías para su propio beneficio. Tardón concuerda también con el informe de los interventores en este punto. «Las investigaciones realizadas a partir del análisis de la documentación intervenida en las entradas y registros ha puesto de manifiesto la existencia de indicios de que por los investigados se estarían llevando a cabo conductas que tendrían como fin primordial la descapitalización y la despatrimonialización de las dos plantas de Avilés y La Coruña», concluye. Entre los indicios que refrendan esta hipótesis está la existencia de una sociedad, Logiplus Wordlwide, bajo el control del Grupo Riesgo, que usaban para «subcontratar para ambas plantas el suministro de equipos, materiales o servicios, aplicando un notable incremento del precio respecto al del proveedor original» , sostiene la magistrada.

La investigación de María Tardón parte de una denuncia del sindicato Confederación de Cuadros y Profesionales (CCP), que representa al colectivo de mandos con cierto grado de responsabilidad. Su secretario general, Juan Antonio González, celebró la decisión judicial, que refrenda sus sospechas de que Riesgo llegó a Alu Ibérica para desmantelarla, vender todo lo que pudiesen y abocarla al concurso de acreedores. Alcoa había vendido las plantas por un euro al fondo de inversión suizo Parter, que después las revendió por 13 millones a Riesgo. Pero los hasta ahora propietarios no desembolsaron nada en la operación, dado que los 13 millones los tomaron prestados de la caja de la compañía.

La gran pregunta ahora es qué hará el administrador judicial, que asumirá el cargo en unos días, y si la empresa puede ser aún viable o queda abocada al concurso de acreedores. Tras la opaca gestión de Riesgo, González explica que no se sabe en qué situación real están las plantas y si esos 13 millones de euros pueden recuperarse. «Ahora tiene que haber movimiento por parte de las Administraciones para garantizar su continuidad» , subraya. Hoy la ministra de Industria, Reyes Maroto, viajará a La Coruña para mantener una reunión con la plantilla, en la que también estará presente el vicepresidente económico de la Xunta, Francisco Conde.