Galicia contagia a sus socios regionales el rechazo a los privilegios en la financiación

Las cuatro regiones representan a 7,5 millones de personas, al 36% de la superficie nacional y suman en torno al 15% del PIB español. Al nivel de Cataluña y solo por debajo del peso poblacional de Andalucía. Y son, además, comunidades vinculadas por su problemas. Comparten los efectos corrosivos del envejecimiento y la dispersión, y lo hacen sin agitar la bandera del partidismo ni levantando muros inquebrantables con el Gobierno de Mariano Rajoy. Desde las bóvedas empedradas del Palacio Conde Luna, sencillamente trasladaron al Estado la «necesidad perentoria» de que se abra al fin un debate «multilateral» para decidir adónde se destina el dinero de la caja común.

Los principios enumerados por el noroeste son viejos conocidos. Por un lado, solicitan que Hacienda no se olvide de los esfuerzos contables que hicieron en los años duros, ni agasaje a las más endeudadas con premios de consolación. En palabras de Feijóo, la foto de León es la de las comunidades «que menos dinero hemos pedido para llegar a fin de mes». «El cumplir no puede verse perjudicado, porque si no nadie cumpliría» , razonó el presidente gallego.

El anfitrión Juan Vicente Herrera fue más explícito: lo contrario, dijo, sería hacerse «trampas al solitario». Por eso los cuatro rechazan todo lo que tenga que ver con quitas de deuda, o con perdonar lo que otros gobiernos se afanaron por cumplir con perfecta pulcritud. En el noroeste no gusta el razonamiento de otros presidentes, caso del valenciano Ximo Puig, que imputan a los vicios del sistema vigente sus problemas con la deuda. Para ellos, Herrera les envió una carga de profundidad. «Algo tendrá que ver la gestión». «Que se lo hagan mirar», apuntaló después.

En segundo lugar, el nuevo modelo de reparto tiene que tener «vocación de permanencia». De nada vale implantar un sistema para aliviar las afrentas de la Generalitat porque la historia reciente demuestra que «ninguno les ha valido», como recordó el asturiano Javier Fernández. «El dinero que es de todos debe repartirse entre todos», enfatizó el titular de la Xunta, e inspirador de muchos de los mensajes lanzados por sus colegas. En los últimos tiempos, Feijóo ha recibido las visitas privadas de otros barones del PP, como el extremeño José Antonio Monago o el balear Biel Company, para dialogar sobre algunos de estos aspectos. La voz gallega cotiza al alza en el mercado de la política nacional.

No importa que Fernández y el aragonés Javier Lambán –ayer en el papel de debutante en el foro—, se adscriban a las filas socialistas. O que Herrera y el propio Feijóo lo hagan bajo el paraguas del PP. «Esto no es un problema de militancias, es un problema de coherencias». Y lo coherente, creen, es que la futura financiación preste especial atención a las necesidades de gasto de cada territorio, a que se elabore un catálogo común de servicios, o que se mantenga la cláusula de status quo pensada, en fin, para que ninguna región pierda posiciones con la reforma. Puro «sentido común», apostilló Lambán. «Lo que buscamos son las cuentas claras», le siguió Feijóo.

Desde el entorno del presidente, además, destacan la importancia de que Hacienda tenga en cuenta el componente «dinámico» del coste efectivo de los servicios. En definitiva: que las autonomías dispongan de dinero no solo para atender las necesidades sociales del presente, sino teniendo en cuenta las proyecciones a futuro, como las relacionadas con el declive demográfico.

La Xunta entiende que la financiación y la demografía van de la mano. En la declaración conjunta firmada en la cumbre, ambas cuestiones también se reflejaron de forma conjunta. El texto recoge las aportaciones del Foro de Comunidades Autónomas por el Cambio Demográfico y e insta al Gobierno a que dé a conocer en las próximas semanas cuál es su receta para corregir aquello de «La España vacía», el libro de Sergio del Molino citado por Lambán.

El problema es español y europeo. Una «realidad pavorosa», según Aragón. Pero hay países del continente que lo han encarado desde hace décadas. «No lo hemos inventando nosotros», admitió Feijóo, haciendo hincapié en las políticas de conciliación y discriminación positiva que han triunfado en otros países.