El alcalde de Santiago, Martiño Noriega, en la sala de prensa del consistorio
El alcalde de Santiago, Martiño Noriega, en la sala de prensa del consistorio - EFE

Las expectativas y la inercia se vuelven contra el gobierno de Martiño Noriega

Compostela Aberta defrauda con los presupuestos participativos o la aplicación del código ético a Duarte

La escasez de ideas se compensa por los proyectos heredados y el rescate del Gobierno gallego en inversiones

SantiagoActualizado:

Martiño Noriega, alcalde de Santiago, adquirió pronto su propio compromiso con la historia. Plaza do Toural, la noche electoral del 24 de mayo de 2015: «Hoy empieza una nueva época», proclamó el líder de Compostela Aberta. Parecía el epílogo de su relato homérico, pero se prolongó ya dentro del Pazo de Raxoi, «con las bombas cayendo por los alrededores», como llegó a describir cuando cumplió un año de mandato.

Venía Noriega a revolucionar la ciudad, empezando por las relaciones con la Iglesia, pero pasado el ecuador de la legislatura solo queda el rastro de una gestión sostenida por la inercia, la colaboración de la Xunta y unas exigencias en materia de transparencia y participación que prueban que la política lo aguanta todo: gobernar es otra cosa.

En la institución municipal, Compostela Aberta hizo de su lema «abrir puertas y ventanas» un estandarte. Su primera experiencia con los presupuestos participativos sedujo a un 1,7% de la población de la ciudad y el proceso dirigido por la concejalía de María Rozas despertó las críticas de la oposición en dos sentidos: la privatización de las votaciones —adjudicadas a una empresa externa por 60.000 euros— y la falta de controles en las asambleas convocadas por los barrios.

La administración de los contratos públicos puso el punto de mira, de nuevo, sobre el doble lenguaje del gobierno de Noriega. El grupo municipal socialista denunció que, durante el primer año de legislatura, se incrementaron en más de un 50% las adjudicaciones sin publicidad de contratos de suministros.

No obstante, la investigación judicial a Jorge Duarte, finalmente archivada, puso a prueba el compromiso de Compostela Aberta, no con la regeneración de las instituciones, sino con su propio umbral para luchar contra la corrupción. El punto 3.7 del código de la plataforma recordaba el «compromiso de renuncia o cese inmediato de todos los cargos ante la imputación por la judicatura de delitos relacionados con la corrupción, prevaricación con ánimo de lucro, tráfico de influencias». El edil de Espazos Cidadáns había sido imputado por un delito de prevaricación por la tramitación arbitraria de sanciones a varios locales nocturnos. El alcalde le despojó de buena parte de sus atribuciones pero ni le cesó, ni le exigió la dimisión.

Fue uno de los trances críticos para Noriega, asediado por su ácido discurso contra los casos de corrupción en los gobiernos de Conde Roa y Ángel Currás. La línea argumental que le hizo ganar las elecciones duró el tiempo que tardó la oposición en darse cuenta de que en el gobierno solo había vacuidad, mediatización y política gaseosa. Los proyectos llamados a transformar el mapa urbano de Santiago pasaron a la cola de las preferencias municipales. Y muchos de los que resistieron, venían predeterminados por los anteriores mandatos del PP. Es el caso de las obras en las calles Montero Ríos, Carretas, o en el barrio de Vistalegre, donde Compostela Aberta no aplicó su «de la política del hormigón, a la ciudad de las personas», enunciado en la síntesis del programa electoral.

Como contrapartida a la tibieza de Noriega hacia la obra pública, la Xunta acudió en numerosas ocasiones al rescate. El Gobierno gallego contempla invertir en la ciudad 11 millones de euros en movilidad, sin contar la estación intermodal. En estos momentos, la licitación por 8 millones del proyecto está parada hasta que el Concello no entregue a la Xunta el plan urbanístico que acompaña a la terminal. El desembolso continúa en sanidad, con 20 millones de euros para reformar el hospital o los 6,4 millones para construir una nueva residencia de mayores, como en el resto de capitales de Galicia.

La cooperación necesaria entre el gobierno local y la administración autonómica no exime el conflicto, ni en aquellos puntos que el rupturismo utilizó como palanca para gobernar para la gente del común. El ejecutivo gallego denuncia que Santiago se adhirió al Programa de Vivendas Baleiras, pero que todavía no se han concretado las bases para que pueda ser realmente funcional. En la propuesta de implementar una tasa turística, la Xunta y el Concello tampoco se han encontrado.

Gobierno virtual

La actitud del equipo de Noriega le ha granjeado la soledad política, incluso con aquellos llamados en un principio a apoyar algunos de sus planes. «La humildad no fue una de sus características y la autocrítica, mucho menos», lamenta el portavoz municipal del BNG, Rubén Cela. Llegar para cambiarlo todo presupone, de entrada, que los que antes trabajaban en la corporación no cambiaban nada. «Necesita mejorar», califica Cela.

Para el portavoz del PSdeG en Raxoi, Noriega «ha escuchado poco, aunque quizá, en los últimos tres meses, un poco más». Paco Reyes distingue tres etapas en la gestión: «Primero ha habido paralización, después prórrogas e inercia». Sus críticas son para un gobierno «virtual», enfrascado en la gestualidad y en evitar los daños que le puedan infligir las expectativas.