Dos excargos de Patrimonio confirman las instrucciones de la Abogacía del Estado para el informe de Meirás

Según han indicado a ABC fuentes judiciales participantes en la declaración, Navascués y Masegosa han venido a confirmar lo que en su día ya declaró la expresidenta de Patrimonio, María de los Llanos Castellanos , y es que hubo llamada telefónica desde la Abogacía General del Estado, que precisamente se encarga de la defensa de Pilar Benito, la Jefa de Conservación de la institución pública que firmó el informe sobre los bienes de titularidad estatal que podrían permanecer en Meirás, y única investigada en este procedimiento.

Navascués tan solo ha matizado que ella recibió instrucciones no de la presidenta de Patrimonio directamente, «sino de su jefa de gabinete», han indicado las mismas fuentes. Masegosa, por su parte, ha negado toda vinculación con el proceso de selección de Benito como la técnico enviada a Meirás para participar en el inventario.

También este lunes ha prestado declaración en calidad de investigada Pilar Benito, que ha rechazado ante la juez Díaz haber recibido instrucciones para la elaboración de su informe. Según ha expresado, cuando llegó a Sada la diligencia de inventario ya había comenzado y la estaban llevando a cabo los técnicos de la Consellería de Cultura de la Xunta, como se acordó por las partes y determinó en su día la juez de La Coruña, Marta Canales. Benito ha manifestado que a ella nadie le dijo que debía limitarse a participar en la elaboración de un simple inventario.

Sin embargo, esta declaración no coincide con lo dicho durante las declaraciones por el subdirector xeral de Conservación y Restauración de Bienes Culturales de la Xunta, Manuel Chaín, que ha admitido que cuando llegó Benito, la juez Canales «le recordó expresamente que la diligencia era para una relación ordenada de bienes muebles e inmuebles en el interior y el exterior del Pazo». No obstante, el cargo autonómico no ha sabido explicar por qué razón incorporó en el inventario el informe que le remitió Benito, a pesar de que nadie lo había incorporado. «Me lo mandaron y lo anexé», ha venido a reconocer.

La instrucción también ha revelado que, al menos, hubo más de una versión del informe elaborado por Benito . Según consta en las diligencias, la Jefa de Conservación elabora un primer borrador y lo remite mediante un correo electrónico a la presidenta de Patrimonio y su jefa de gabinete, a Masegosa y Navascués y, por último, al representante de la Abogacía en Patrimonio, Tomás Suárez-Inclán. Por el momento no se ha determinado si alguna de estas personas dio orden de incorporar contenidos en la versión definitiva que se envió a la Xunta.

A lo largo de las declaraciones de los distintos cargos de Patrimonio Nacional está quedando claro que el envío de un técnico para el controvertido informe no parte de esta institución, sino que se produce a iniciativa de la Abogacía General del Estado. En un oficio remitido al juzgado por la gerente del Consejo de Administración de Patrimonio se reconocía, además, que la petición la formula personalmente Consuelo Castro, la abogada general del Estado , en conversación telefónica con María de los Llanos Castellanos.

La magistrado Cristina Díaz entiende que hay «indicios fundados de criminalidad» en las acciones de la Jefa de Conservación de Patrimonio Nacional, y lejos de considerar agotada la instrucción, a finales de septiembre consideró que «procede continuar con la investigación judicial», rechazando las peticiones de archivo de la Abogacía del Estado, que ha recurrido en apelación a la Audiencia.