El Estado impide el primer intento de los Franco de realizar la mudanza del Pazo de Meirás

El martes, los abogados de la familia Franco notificaron al Juzgado las quince personas de la empresa de mudanzas que participarían en el traslado de los enseres. Y ese mismo día lo pusieron en conocimiento de la representación legal del Estado, es decir, la Abogacía General, de manera oficiosa a través de un correo electrónico. Se da la circunstancia de que el Estado se personó en el procedimiento judicial por la propiedad de Meirás sin la participación de un procurador, por lo que el traslado de resoluciones judiciales se produce siempre con retraso.

De ahí que los abogados de la familia —Luis Felipe Utrera-Molina y Antonio Gil Evangelista— informaran oficiosamente a la parte pública, por si el juzgado se demoraba en la provisión de los escritos. Sin embargo, su comunicación no surtió los efectos deseados. De hecho, el empleado de la empresa de mudanzas exhibió al vigilante de seguridad tanto la diligencia judicial como el escrito de la familia identificando a los participantes en la mudanza. El vigilante, «tras consultar a sus superiores», no permitió el acceso al recinto.

La negativa a facilitar el acceso a los trabajadores de la empresa de mudanzas coincide con la presentación por parte de Estado , Xunta y Concello de Sada de distintos recursos de reposición contra la decisión del Juzgado de autorizar la retirada de los bienes. Sin embargo, estos escritos carecen de efectos suspensivos, es decir, su remisión no frena la validez de la providencia de la semana pasada que autorizaba el traslado de los muebles.

El portazo —a la que la Audiencia Provincial de La Coruña reconoce como propietaria de los bienes muebles de Meirás— ha causado una profunda indignación en la familia, que ya había programado su presencia en Galicia la próxima semana para estar presente durante las labores de embalado y traslado de los bienes. «Me parece insólito», ha denunciado Utrera-Molina en conversación con ABC, «se está desobedeciendo un mandato judicial».

Ante esta situación, los abogados de los Franco han presentado esta misma tarde un escrito en el Juzgado «para que tenga conocimiento de lo sucedido». En el mismo, advierten que «la denegación de acceso a la empresa de mudanzas contratada implica para mis representados un perjuicio económico evidente , toda vez que tendrán que hacer frente, entre otros, a los gatos que le reclame la empresa como consecuencia del desplazamiento a la localidad de Sada, coste de oportunidad y salario de personal contratado».

«Creemos que el Juzgado por deferencia debe conocerlo», al tiempo que plantearán «que se amplíe el plazo de un mes que se concedió para la mudanza, desde la fecha de hoy hasta el día en que efectivamente se nos permita el acceso» al recinto de Meirás. Además, los representantes legales de los Franco solicitarán al Juzgado «que se aperciba a la Administración General del Estado» y «se reitere el requerimiento para que autorice el acceso bajo apercibimiento de delito de desobediencia».

«Esta no es una mudanza cualquiera» , reconoce Utrera-Molina, «la idea era realizarla la semana próxima, pero estos días iban a ir los operarios para evaluar qué tipo de embalajes y transporte necesitan» para su realización. Sin embargo, «esto ahora se ve alterado» porque los Franco desconocen cuándo va a ser notificado el Estado por parte del Juzgado para que dé cumplimiento a la resolución judicial de la semana pasada.

Por lo pronto, el Estado quiere controlar en la medida de lo posible qué bienes salen del Pazo de Meirás, dado que la intención de la familia es retirar todos aquellos enseres que estaban en el inmueble antes de que este pasara a manos públicas, incluyendo los que cuentan con catalogación de Bien de Interés Cultural, tales como las estatutas pétreas del maestro Mateo o los restos de la biblioteca de Emilia Pardo Bazán que permanecían en su interior. Según adelanta La Voz de Galicia, el Estado habría presentado un escrito al Juzgado en el que solicita que durante la mudanza esté presente una comisión judicial con tareas de supervisión , que esta sea grabada en vídeo y que se detalle qué bienes pueden ser trasladados.

La posibilidad de la comisión judicial ya se recogía en el auto de la Audiencia Provincial del pasado 20 de abril que anulaba las medidas cautelares adoptadas en Meirás, y por las cuales los bienes del pazo quedaron en depósito bajo el control temporal del Estado. «Si la finalidad última de la pretensión de la Administración General del Estado era evitar que pudieran separarse o desgajarse elementos arquitectónicos que deben considerarse como formando parte del inmueble, nada obstaba a que hubiese solicitado que estuviese presente la comisión judicial cuando se procediese a la retirada de mobiliario», dijeron en su resolución los magistrados de la Audiencia. La Abogacía del Estado les toma la palabra.

Por su parte, la Xunta considera en su recurso que la diligencia que ampara la mudanza «ha favorecido la confusión perseguida» por la familia Franco «pues lo que debía ser la natural retirada de bienes» de su titularidad «puede convertirse, dada la excesiva habilitación que se le concede, en desmanes a modo de apropiación de bienes que forman parte inseparable del Pazo de titularidad estatal». Los letrados autonómicos entienden que se está hurtando la posibilidad de plantear un incidente de ejecución —también contemplado por la instancia provincial en su auto de 20 de abril— que dé audiencia a las partes y resuelva si hay bienes inseparables del inmueble.

Además, en aplicación de la legislación autonómica de patrimonio cultural, estiman que la diligencia dictada «podría llevar a una interpretación extensiva y abusiva por la que los ejecutados se entendiesen ahbilitados para retirar bienes declarados de interés cultural sin la preceptiva autorización administrativa de la Xunta de Galicia». Bajo esta perspectiva, «ningún acto ejecutivo de retirada de los bienes que hubiere en el Pazo (...) podrá ir referido a los que gocen de protección , cuya retirada y traslado se someterá al previo control autorizatorio de la Consellería de Cultura». Así, la Xunta pide que se excepcionen tanto la biblioteca de Pardo Bazán como las estatuas a la hora de autorizar la mudanza.