Acto celebrado este miércoles en la Plaza del Obradoiro de Santiago bajo el lema «Mi casa no es mi cárcel»
Acto celebrado este miércoles en la Plaza del Obradoiro de Santiago bajo el lema «Mi casa no es mi cárcel» - COGAMI
Discapacidad

Enjaulados en su propia casa

Reclaman cambios en la ley de propiedad horizontal para que los límites económicos no frenen obras de accesibilidad necesarias en los edificios de viviendas

SantiagoActualizado:

Porque la accesibilidad universal y el derecho a una vida independiente no pueden quedar en manos de la capacidad económica de cada persona, la Confederación Española de Personas con Discapacidad Física y Orgánica (Cocemfe) desplegó este miércoles en 37 localidades españolas una campaña específica con la que urge la modificación de la ley de propiedad horizontal y el refuerzo de las ayudas públicas para obras encaminadas a eliminar barreras en los edificios de viviendas. «Pretendemos sensibilizar a los organismos públicos y a la sociedad en general sobre la existencia de personas con discapacidad que viven encerradas en sus propias viviendas por falta de accesibilidad en su edificio», apuntaba el vicepresidente de la Confederación Gallega de Personas con Discapacidad (Cogami), Ramón Sestayo, desde la concentración celebrada en Santiago. «Se nos está privando de libertad sin haber cometido ningún delito», denunciaba a su vez desde el acto central ante al Congreso de los Diputados el presidente de la confederación gallega, Anxo Queiruga, desplazado a Madrid como presidente de la Cocemfe.

La realidad, exponen, es que las revisiones de la ley de propiedad horizontal se han quedado cortas para asegurar los derechos de accesibilidad de los propietarios o inquilinos en situación transitoria o permanente de discapacidad. Así, señalan, aunque la norma recoge el carácter obligatorio de las obras cuando sean requeridas por los propietarios de una vivienda o local en la que residan, trabajen o presten servicios voluntarios personas con discapacidad o mayores de 70 años, la limitación económica añadida —la obligación decae si el coste de la reforma, descontadas las ayudas públicas, supera el equivalente a 12 mensualidades de gastos de comunidad— bloquea en la práctica obras de envergadura tan necesarias como la instalación de ascensores.

Coordinadas en torno a la campaña #Arrestópolis, y bajo el lema «Mi casa no es mi cárcel», las entidades reclaman la supresión de cualquier límite, equiparando este tipo de reformas a otras obras ineludibles y de asunción obligatoria asociadas a condiciones estructurales, de estanqueidad, habitabilidad o seguridad de los edificios. En paralelo reclaman el compromiso de las administraciones con ayudas suficientes (actualmente, indican, sólo el 10% de las obras de adaptación provienen de apoyos públicos) y que cualquier persona ajena a la comunidad pueda formular denuncia para evitar que el miedo a la reacción de sus vecinos silencie a los afectados.