Dorribo y su socio centran las condenas del «caso Campeón»

La sentencia, dictada el lunes pero hecha pública ayer, da por hecho el relato del fiscal según el cual Dorribo y su socio Arsenio Méndez —también condenado— urdieron una compleja trama para obtener ayudas públicas del Igape y el Banco Europeo de Inversiones , y para lograrlas no dudaron en falsificar documentación y valerse de las influencias y gestiones del exdiputado autonómico del PP Pablo Cobián y el exdirector del Igape, Joaquín Varela, ambos condenados con penas menores —ocho meses de prisión por un delito de tráfico de influencias y seis meses de multa por otro de negociaciones prohibidas a funcionarios, respectivamente—.

La sentencia estima que ni Cobián ni Varela eran conocedores de la montaña de irregularidades que acumulaban Dorribo y su socio en su solicitud de subvenciones . Además, respecto al patrocinio que Dorribo hacía de la carrera como piloto del hijo de Cobián, la Audiencia subraya que es anterior al proceso de solicitud de las ayudas.

Junto a Dorribo y Méndez han sido igualmente condenados en calidad de cómplices los dueños de la consultora Proitec — Carlos Monjero y Javier Rodríguez—, por estar detrás de la arquitectura del fraude documental para justificar las ayudas, que superaron los 2,8 millones de euros . Otros cinco acusados han recibido penas entre los cinco y el mes de prisión. El grueso de condenados deberá resarcir al Igape con 2,08 millones de euros de indemnización, mientras Dorribo y Méndez habrán de restituir más de 3 millones de euros por la quiebra fraudulenta de su empresa.

La investigación del «caso Campeón» arrancó en mayo de 2011. La juez Estela San José, tirando del hilo de otra investigación —el «caso Carioca»— que todavía está en marcha, levantó la tapa de Nupel , la farmacéutica de Dorribo, hasta entonces un reputado industrial de Lugo. Todo fachada. Tras su detención, el empresario puso el ventilador y le aseguró a la juez que daba sobres a políticos de todo signo, entre ellos el exministro José Blanco , a cambio de favores y gestiones en beneficio de sus empresas. La pieza de Blanco saltó al Tribunal Supremo en 2011 y dos años más tarde se archivó por ausencia de indicios. La caza mayor quedaba en mero fogueo. En 2015, la instructora cambió de destino rumbo a Huelva. Los flecos de la operación en Cataluña, que seguían las confesiones de Dorribo, acabaron igualmente archivados.

La propia Audiencia reconoce en la sentencia la existencia de «dilaciones indebidas» en un proceso de seis años en el que la mayoría de los acusados alcanzaron hace semanas acuerdos de conformidad con la Fiscalía previos de la vista judicial, que solo enjuició a Javier Rodríguez. Su condena es de 13 meses de prisión. Las dilaciones han servido de atenuante para una rebaja generalizada de las penas a los implicados. A la exdirectora de financiación del Igape, Cristina Quintela, se le retiró la acusación antes del juicio . Y la trama de supuesta corrupción masiva queda reducida a la conducta fraudulenta de un empresario sin escrúpulos.