Conde acusa a Pedro Sánchez de castigar a la industria gallega

El conselleiro resaltó la actuación de la Xunta en estos últimos diez años «favoreciendo la iniciativa empresarial». Fruto de este esfuerzo, afirmó, empresas como PSA, Finsa, Televés, Greenalia o Endesa, entre otras, están invirtiendo en este momento 2.000 millones de euros en la Comunidad. «Todo este esfuerzo de todos estos años se puede tirar por tierra en diez meses» alertó Conde, para asegurar que Galicia «es víctima de una política sorda y ciega que se ejerce desde Madrid».

El conselleiro cargó, sobre todo, contra la política energética del Gobierno de Pedro Sánchez. Lamentó que en seis meses no se haya encontrado una solución que garantice la continuidad de Alcoa o de Ferroatlántica y volvió a cargar duramente contra las medidas previstas por el Gobierno para intentar abaratar la luz a la industria gran consumidora de energía. El estatuto de las electrointensivas, «es insuficiente», insistió, para alertar de que no sólo podría cerrar la planta coruñesa, sino que la factoría de San Cibrao «está gravemente en peligro». Conde cargó también sobre las espaldas de Sánchez la decisión de Naturgy de clausurar la central térmica de Meirama —la eléctrica optó por no acometer la inversión necesaria para modernizarla y adaptarse a los límites de contaminación que fija la UE—. Además, criticó al Gobierno por sus declaraciones sobre el diésel, que «ponen en riesgo el sector de la automoción que representa el 12% del empleo industrial de la Comunidad».

También tuvo hueco durante su intervención para defender la continuidad de Ence en la ría de Pontevedra , después de que la abogacía del Estado haya considerado que la prórroga de la concesión para ocupar el litoral público concedida por el Gobierno de Rajoy fue ilegal. «Los intereses del Gobierno de Sánchez penalizan a Galicia con menos certezas sobre las concesiones de costas», apuntó Conde, quien aseguró que los cambios en el reglamento de la ley de Costas ponen en riesgo a un centenar de conserveras y depuradoras. El Gobierno central ha rebajado a cinco empresas en total, incluida Ence, las que se podrían ver afectadas.

«La culpa de todos los acontecimientos la tienen los nacionalistas, el PSOE o el cha-cha-cha», le reprochó al conselleiro la diputada del BNG, Noa Presa s. Con esta estrategia, dijo, se esconde «la incompetencia manifesta» que tiene la Xunta. Tanto Presas como el resto de los grupos de la oposición, le recordaron al conselleiro que Galicia tiene competencias en materia de industria y, en su opinión, no las está ejerciendo adecuadamente . Pancho Casal, de En Marea, preguntó a Conde si la Xunta está presionando a Ferroatlántica con revisar las concesiones de los saltos hidroeléctricos vinculadas al mantenimiento del empleo . En la réplica, el conselleiro le aseguró que el Gobierno gallego «seguirá garantizando» que la empresa de Villar Mir siga cumpliendo sus compromisos. Desde el PSdeG, Abel Losada censuró el tono electoralista y recordó a Conde que la Xunta defendía no hace tanto tiempo el traslado de Ence de la ría de Pontevedra.