La Audiencia Nacional decide si Ence puede continuar en la ría de Pontevedra

Los escenarios que se abren a partir de lo que decidan los magistrados es que la planta se vea abocada al cierre (si rechazan la prórroga por completo), su mantenimiento hasta 2073 (si por el contrario la avalan) o que siga en su emplazamiento pero solo hasta 2033 (si atienden parcialmente los recursos). En esta última fecha se cumplirían los 75 años desde su construcción en 1958. En todo caso, la batalla judicial permanecerá abierta porque tanto la empresa como los demandantes han anunciado que recurrirán el fallo.

En declaraciones a los periodistas, el vicepresidente económico de la Xunta, Francisco Conde, constató esta mañana que la factoría, «lamentablemente, está en una situación de inestabilidad propiciada por una decisión del Gobierno , que está trasladando incertidumbre e inseguridad». Según informa Ep, Conde subrayó que el Gobierno debe «dar una solución concreta» a la pastera, para que se pueda mantener en su ubicación actual. Ence siempre ha aseverado que trasladar la fábrica a otro emplazamiento más alejado de la costa sería inviable. Sin embargo, el pasado mes de abril en la reunión de la mesa creada para abordar el problema por el Ministerio de Transición Ecológica la empresa abría tímidamente la puert a a estudiar un posible cambio de ubicación. Conde recordó que, vinculadas a Ence, hay en Galicia 5.000 familias «que dependen del sector forestal» y, en la misma situación, están gran parte de la actividad del puerto de Marín, la industria auxiliar o el transporte. «No es una opción no garantizar la continuidad (en Lourizán), esperamos que el Gobierno pueda reaccionar», incidió el conselleiro.

El alcalde de Pontevedra, Miguel Anxo Fernández Lores, también se refirió ayer a la esperada sentencia. Desde su punto de vista, la prórroga fue «ilegal» y la posición del Consistorio «es histórica» y pasa por «luchar por todas las vías posibles» para «conseguir recuperar la ría de Pontevedra» . El recurso del Ayuntamiento emplea «argumentos jurídicos irrefutables», a su juicio, por lo que el regidor espera que sean tenidos en cuenta. Lores criticó que la posición que mantiene el PP «significa un agravio comparativo para los empresarios que tienen que buscarse la vida» con otros emplazamientos. Además, censuró que «quien no hizo nada durante muchos años fue la Xunta, que tiene sus competencias» en esta materia. El alcalde admitió, sin embargo, que «un periodo transitorio» ante el cierre de la fábrica no le parecería «mal».