Alcoa anuncia despido colectivo y parada de cubas en la planta de San Cibrao

El comité de empresa ha sido claro en todo momento: parar las cubas supone sentenciar de muerte a la planta. La compañía precisa que « tomó la decisión ayer por la tarde, 8 de octubre, después de analizar todas las opciones posibles y de llevar a cabo un periodo de consultas de cuatro meses con los representantes de los trabajadores y de negociaciones para una posible venta de la planta de aluminio».

Alcoa tenía sobre la mesa una oferta de Liberty House para hacerse con la planta pero las negociaciones concluyeron sin fumata blanca el pasado 27 de septiembre, tras seis semanas de conversaciones infructuosas. Las posturas estuvieron en todo momento muy alejadas, con los estadounidenses descargando culpas en el potencial comprador, propiedad del grupo GFG Alliance. Ahora da un paso más, pese a las advertencias desde el Gobierno central y la Xunta. El presidente gallego, Alberto Núñez Feijóo , afirmaba este pasado miércoles de que si Alcoa insistía en cerrar, y se acreditaba que lo hacía con «mala fe», para eliminar competencia, pediría al Estado la intervención de la factoría.

Alcoa explica que su previsión pasa por que la hibernación ordenada de las cubas concluya en el primer trimestre de 2021 y precisa que « mantendrá 99 empleados operando una parte de la fundición». «De acuerdo con lo que hemos compartido con las partes interesadas a lo largo de este proceso, la desafortunada realidad es que la planta de aluminio de San Ciprián no es competitiva y no prevemos que cambien sus importantes problemas estructurales», señaló el presidente y consejero delegado de Alcoa, Roy Harvey, según recoge el comunicado emitido por Alcoa.

«Si bien hemos explorado distintas opciones en los últimos meses, la reestructuración es necesaria para detener las continuas pérdidas económicas. Entendemos que éste es un resultado difícil y estamos comprometidos en reducir el impacto en nuestros empleados a la vez que trabajamos conjuntamente en la reestructuración de la planta de manera segura y continuamos cumpliendo con todas las normativas», añade.

Desde Alcoa se insiste en que la planta de aluminio «no es viable debido a factores productivos estructurales, como la ausencia de un marco energético competitivo en España, la sobrecapacidad mundial en la producción de aluminio y caída del precio del aluminio». Durante este año y hasta el 30 de septiembre, acotan unas pérdidas de unos 45 millones de dólares , que se suman a los 126 millones acumulados entre 2018 y 2019.

Alcoa explica que, como parte del ERE, abonará indemnizaciones de 30 días por año trabajado hasta un máximo de doce mensualidades a los empleados afectados y contratará planes de recolocación externa para los mismos. El 28 de mayo abrió un proceso informal de consultas con los representantes de los trabajadores. El 25 de junio comenzó el proceso formal de consultas.

Alcoa amplió el plazo de consultas hasta el 28 de septiembre de 2020, mientras negociaba la posible venta de la planta de aluminio. La venta finalmente no se produjo , y el periodo de consultas concluyó sin llegar a un acuerdo con los representantes de los trabajadores.

Tras conocerse las intenciones de Alcoa, han comenzado a aflorar reacciones desde los ámbitos político y sindical. El Ministerio de Industria, Comercio y Turismo ha emitido un comunicado donde asegura a «los trabajadores, sus familias y la comarca de A Mariña» que «tienen el apoyo del Gobierno, que seguirá trabajando para lograr una solución que mantenga el empleo y las capacidades industriales en Lugo».

Desde el gabinete se reitera el «malestar» con la empresa, « única responsable del fracaso en las negociaciones de venta de la planta», por «el hecho de que Alcoa abandonara la negociación» y tampoco atendiera la propuesta de que fuera «la SEPI la que actuara de intermediaria para la venta de la planta a Liberty House». «La dirección de Alcoa empuja a los trabajadores y a las Administraciones a un conflicto innecesario ya que había soluciones para alcanzar un acuerdo de compra-venta», añade el comunicado.

Más contundente ha sido el presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo, quien desde Vigo ha llamado a « seguir trabajando sin dar un paso atrás », porque «si Alcoa se quiere ir, está en su derecho», pero «lo que no puede pretender es que la política del aluminio en España se decida por una multinacional». En declaraciones a los medios de comunicación, ha marcado la siguiente hoja de ruta, con tres paso: « los trabajadores tienen que impugnar el ERE » porque es «fraudulento» y busca que «no haya competidores»; «pedir medidas cautelarísimas» para que la planta «no cierre en ningún caso» y no se desactiven las cubas, lo que haría «imposible» que siguiera operando; y finalmente el Gobierno «garantizar la venta de esa fábrica a un operador» que esté interesado, «que los hay». Espera Feijóo que por parte del Gobierno siga imperando el clima de cooperación de los últimos meses y se alineen con esta postura.

En cuanto al recurso frente al ERE que Feijóo entiende que «se puede ganar», el presidente del comité de empresa, José Antonio Zan, ha confirmado que todos los sindicatos con representación van a preparar la solicitud de una medida cautelarísima , «para que un juez paralice todo este proceso inmediatamente», informa Ep. Zan estima que «seguramente la semana que viene se tendrá ya la decisión del juez sobre este tema» y confía en que les den la razón. No obstante, «antes» es necesario que «los Gobiernos intervengan esta empresa», porque «si Alcoa ha actuado de mala fe es hora de que cumplan», ha sentenciado.

Desde la oposición se han alzado voces como la de Ana Pontón, líder del BNG, para reclamar a Xunta y Gobierno que « ya, de inmediato, pongan sobre la mesa una intervención pública y la nacionalización del complejo». «Sería una irresponsabilidad imperdonable de PP y PSOE que permitieran el cierre de esta fábrica», pondera Pontón, quien demanda un Gobierno «que no se doblegue ante los intereses» de Alcoa y una actuación «de manera urgente», «sin perder ni un minuto más», porque la compañía ya ha enseñado sus «cartas».

« Todos estamos indignados. Lo de Alcoa es infumable », ha cargado el secretario general del PSOE gallego, Gonzalo Caballero, frente al «chantaje» de la multinacional. «Hay que hacer un frente común entre Xunta y Gobierno de España para rechazar el ERE, en primer lugar, porque actuó de mala fe, mantener las cubas con actividad e intervenir para imposibilitar el cierre», ha demandado.

Desde el sindicato CIG, su secretario general, Paulo Carril considera que «a estas alturas, una intervención pública vía expropiación (...) está más que justificada ». «Es ahora cuando el Gobierno español y la Xunta deben demostrar que tienen voluntad política real para nacionalizar la fábrica y defender el mantenimiento de un sector estratégico», añade. «Tienen que actuar con la misma contundencia y rapidez con la que lo está haciendo la multinacional», apostilla. Desde la CIG se anuncia que se presentarán demandas judiciales para impugnar el ERE, pero al tener unos tiempos más largos que los plazos marcados por la empresa, ven «inevitable» que se intervenga la planta.