Los funcionarios de Justicia piden ya la dimisión de Llop por su «incapacidad» para gestionar la huelga
Endurecen las medidas de presión al ministerio transformando los paros parciales en paralización
Jueces y fiscales se unirán a la huelga a partir del 16 de mayo si Justicia no les sube el sueldo
Manifestación de funcionarios de Justicia el pasado miércoles en Madrid
Los funcionarios de la administración de Justicia han pedido ya la dimisión de la ministra Pilar Llop por su «absoluta incapacidad» para dar una solución a una huelga que afronta su segunda semana con más de cuatro millones de actuaciones procesales suspendidas. Precisamente ... este martes la Audiencia Nacional ha acordado la suspensión del primer juicio del caso Lezo, cuyo inicio estaba previsto para el próximo 24 de mayo, por los retrasos provocados por esta huelga.
Los sindicatos que representan al personal que comparte el día a día en los juzgados con letrados de la Administración de Justicia y jueces han anunciado un endurecimiento de sus movilizaciones y transformarán los paros parciales en jornadas de huelga general ante el fracaso de la segunda reunión, ayer, con el Ministerio. Todos ellos (CSIF,STAJ, UGT y CCOO) consideran un absoluto desprecio al conflicto que hay sobre la mesa que la ministra estuviera ayer en la Feria de abril «con rebujitos, jamón y gambas» en vez de estar preocupada por la negociación.
"La ministra prefiere estar en la feria que atendiendo a los trabajadores de la administración de Justicia. Por su absoluta incapacidad para solucionar un conflicto muy grave los integrantes de comité de huelga exigimos su dimisión y si no lo hace se la pediremos al presidente del Gobierno", ha dicho el portavoz de STAJ.
Además de la ya prevista jornada de paro total del 4 de mayo, el comité añade ahora los días 9, 10, 11, 16, 17 y 18 de mayo. Precisamente el día 16 es la fecha en la que jueces y fiscales preven empezar su huelga indefinida si Justicia no atiende sus reivindicaciones en la mesa de retribuciones prevista para el próximo día 3. De ser así, el único personal que no estaría en huelga en los juzgados serían los letrados judiciales, que, tras dos meses de huelga, consiguieron a finales de marzo una subida mensual de entre 430 y 450 euros.
Según han explicado los representantes del comité de huelga en rueda de prensa la negociación «ha ido hacia atrás», porque aunque en la reunión de ayer lunes en ningún momento Justicia puso sobre la mesa una propuesta económica, al menos al comienzo de la reunión sí se abrió a modificar la Ley de Eficiencia Organizativa (LOEO) que aún se tramita en el Parlamento. Sin embargo, tras el receso, ya por la tarde, esa propuesta se retiró presumiblemente porque no fue aceptada por los «superiores» del secretario general de Innovación, Manuel Olmedo, quien desde la huelga de los LAJ, asume las riendas de las negociaciones en lugar del secretario de Estado, Tontxu Rodríguez.
Colapso total
Con su actitud de bloqueo a cualquier incremento retributivo «el Ministerio de Justicia, junto con el Ministerio de Hacienda y Función Pública abocan a la Administración de Justicia a un colapso total. Lamentablemente la ministra Llop sigue ausente mientras el conflicto se agrava y deteriora gravemente el servicio público demostrando un profundo desprecio a todo el personal de la Administración de Justicia», han señalado este martes los representantes de los trabajores.
A su juicio, Función Pública no puede mirar para otro lado y «debe autorizar la cobertura económica de la negociación al igual que hizo en el conflicto de letrados de la Administración de Justicia». Consideran que las reivindicaciones del personal de Justicia están plenamente justificadas en las funciones que viene asumiendo y que, con la Ley Orgánica del Poder Judicial en la mano, no les corresponden. Advierten, además, de que la LOEO va a afectar a toda la oficina judicial y no sólo a los letrados judiciales cuyas subidas de sueldo sí ha acordado el Ministerio.
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