Jueces y fiscales se unen a la huelga a partir del 16 de mayo

En un comunicado que suscriben conjuntamente con Jueces para la Democracia y la Unión Progresista de Fiscales (si bien estas dos últimas prefieren esperar al resultado de la reunión con el Ministerio el 3 de mayo), todas las asociaciones (siete, en total) denuncian la falta de medios en la Administración de Justicia. Lo hacen en plenas movilizaciones de los funcionarios de Justicia, que precisamente esta tarde tienen prevista una segunda reunión con el departamento que dirige Pilar Llop.

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«Los Presupuestos Generales del Estado en este ámbito son insuficientes; en la administración general del Estado la administración de Justicia es la cenicienta, las cargas de trabajo que tienen los tribunales y fiscalías afectan tanto a la calidad y rapidez de la respuesta judicial como a la salud de la judicatura y los miembros de la fiscalía, y todo se fía a planes de refuerzo y a la dedicación de profesionales, que no puede ser el único remedio a la sobrecarga y la elevada litigiosidad«, señalan en el comunicado.

Las asociaciones explican que las reuniones mantenidas con el Ministerio de Justicia los días 31 de marzo (los jueces) y 4 de abril (los fiscales) fueron «decepcionantes». «Hay que recordar que en octubre de 2022 y tras meses de conversaciones, el Ministerio de Justicia desconvocó sin explicaciones la llamada Mesa de Retribuciones, órgano legalmente previsto para la revisión de las retribuciones de las carreras judicial y fiscal, apenas unos días después de haberla convocado formalmente«. Se trataba de una reunión que además estaba prevista desde el mes de marzo.

Las asociaciones aseguran que ante esa desconvocatoria reaccionaron con «paciencia y sentido de responsabilidad» y que de hecho hay una demanda en marcha «obligar al Ministerio a cumplir la ley». A ello se suma que hasta en dos ocasiones durante este año han reclamado al Ministerio de Justicia la convocatoria de la Mesa «sin obtener respuesta».

Aunque la mesa de negociación no está convocada hasta el 3 de mayo, jueces y fiscales han decidido adelantarse a ese encuentro tras constatar «la falta de propuestas concretas» en esas reuniones preparatorias del 31 de marzo y del 4 de abril. Aseguran que la convocatoria de la mesa no les da ninguna garantía porque «la experiencia nos enseña que se puede desconvocar en cualquier momento». Pero aunque se celebrara, dicen, «si no existe un verdadero propósito de negociar (que el Ministerio aún no ha demostrado) no sería más que otra forma de dilatar el acuerdo y servir de instrumento de propaganda gubernamental», algo que rechazan.

Arguyen que la «actitud prudente, callada y responsable» que han mantenido hasta ahora, y desde hace un año, no ha dado fruto alguno, y que de hecho ni siquiera se les ha permitido hablar directamente con el Ministerio de Hacienda, que legalmente forma parte de la Mesa y quien ha tenido un papel fundamental para desencallar la huelga de los LAJ con una subida de 430 a 450 euros.

En el comunicado las asociaciones de jueces denuncian, además, que todo lo anterior «se produce en un contexto de sistemático y persistente abandono de la Administración de Justicia, que degrada la calidad de la respuesta institucional que, desde el sistema judicial, obtienen los ciudadanos que acuden a los Tribunales en busca de la tutela efectiva de sus derechos».

Jueces y fiscales confían en que se alcance un acuerdo que evite tener que poner en marcha esta medida de presión, pero a la vez anuncian que la actitud responsable que han mantenido hasta ahora no va a servir «una vez más de coartada para la inacción negligente de los Ministerios de Justicia y Hacienda», a los que, dicen, «les corresponde velar porque nuestro país disponga de un sistema judicial eficaz que no es posible alcanzar si la labor de jueces y fiscales no se desarrolla en condiciones –también retributivas– adecuadas«.

El portavoz nacional de Francisco de Vitoria, Jorge Fernández Vaquero, asegura que la relación de jueces y fiscales con el Ministerio se encuentra en el mismo punto en el que estaba hace un año. Admite que la convocatoria de la huelga es una medida que «nos prepara para lo peor»: la actitud «dilatoria» de Justicia y Hacienda.