La Fiscalía investiga a Abascal por decir que «el pueblo querrá colgar por los pies a Sánchez»

En un decreto firmado por la teniente fiscal del Tribunal Supremo, María Ángeles Sánchez Conde, y fechado el pasado 10 de enero (aunque ha trascendido este viernes), el Ministerio Público incoa diligencias contra el dirigente de Vox tras la denuncia presentada por el PSOE en Fiscalía. Será después de la práctica de esas diligencias cuando la Fiscalía concrete los delitos presuntamente cometidos y los "judicialice" ante la Sala Penal del Supremo, la competente para investigar a Abascal al tratarse de un aforado nacional.

Noticia Relacionada

El PSOE denuncia a Abascal ante la Fiscalía por amenazas graves al Gobierno

ABC

El líder de Vox dijo en una entrevista: «Habrá un momento dado que el pueblo querrá colgar de los pies a Sánchez»

En esa entrevista Abascal sostuvo, entre otras consideraciones, que Sánchez es "un político que no tiene escrúpulos, que no tiene principios, tiene una ventaja competitiva sobre los políticos honrados que tienen escrúpulos porque nos ponemos límites (...). Sánchez no tiene ninguno. Puede pisar las leyes, puede hacer cualquier cosa, puede poner en riesgo la unidad nacional. Eso le da una ventaja competitiva. Habrá un momento dado, que el pueblo querrá colgarlo por los pies. Enfrente ha encontrado una oposición contundente en Vox, pero también una oposición dubitativa, que le criticaba pero le ofrecía la mano. No se le podía ofrecer nada. Distancia total con los socialistas".

El PSOE vinculó en esa denuncia estas declaraciones con un contexto temporal concreto: las concentraciones ante la sede del PSOE en Ferraz que "han terminado, en numerosas ocasiones, de forma violenta con detenidos por desórdenes públicos, y atentados y lesiones a las fuerzas y cuerpos de seguridad, coincidiendo con una ola de ataques vandálicos a sedes del partido por toda España como es público y notorio". Los socialistas argumentaban, además, que a esas concentraciones ha asistido el propio Abascal con otros dirigentes de su formación política y se ha pronunciado sobre las mismas en las redes sociales" y aludía a la posible comisión de delitos de incitación al odio "mediante un ataque directo" a Sánchez y de injurias, calumnias y amenazas graves al Gobierno de la Nación, y otras instituciones del Estado.

La número dos de García Ortiz sostiene que "a simple vista" no se pueden descartar los delitos de injurias, calumnias y amenazas y que tampoco es el momento de realizar una "afirmación concluyente" acerca de si los hechos son subsumibles en un delito de odio, pues la fiscal reconoce las "dificultades" que pueden presentarse respecto a este delito porque conforme a la jurisprudencia del Tribunal Supremo se exige que la difusión de ideas implique una incitación o provocación al odio a determinados grupos, "de manera que representa un peligro para alguno de los grupos mencionados en el art. 510.1 CP, esto es, la conducta ha de representar un peligro cierto de generar un clima de violencia o hostilidad que se pueda concretar en actos específicos de violencia, odio y discriminación contra aquellos grupos (...)" .

Como señalaba el PSOE, el decreto añade que "no cabe desconectar la entrevista concedida por el denunciado del momento y del contexto político en que se produce", de "grave agitación política", en la que determinadas "asociaciones y grupos de personas de ideología afín al denunciado u organizaciones de las que se afirma, sin que haya la debida constancia, que constituyen la marca juvenil de Vox, como Revuelta han promovido una multitud de incidentes violentos contra las sedes del partido político denunciante, incidentes que se siguen manteniendo en el tiempo con concentraciones, por ejemplo, ante la sede de dicho partido en esta ciudad, en las que se corean frases gravemente ofensivas contra el presidente del Gobierno, el Gobierno y el partido político al que pertenecen, con extravagantes representaciones, en los antecedentes descritas, y que han terminado, en ocasiones, con enfrentamientos violentos con las fuerzas y cuerpos de seguridad. Concentraciones a las que ha acudido el denunciado que, a través de las redes sociales, ha pedido a las fuerzas policiales que no obedezcan a sus mandos".

Como diligencias a practicar, la teniente fiscal acuerda incorporar el escrito dirigido por el fiscal de sala coordinador de la Unidad de Delitos de Odio y Discriminación al Fiscal de Sala de Cooperación Internacional sobre calificación de los hechos conforme a la legislación penal argentina (pues es allí donde se produjeron las declaraciones de Abascal) y sobre la doble incriminación de los mismos; copia de la entrevista de Abascal y las declaraciones en el Twiter de Abascal sobre dicha entrevista y concentraciones ante las sedes socialistas. A la vez pide a la Policía Judicial que informe sobre la identidad de los convocantes de las concentraciones ante la sede de la calle Ferraz del Partido Socialista Obrero Español.

A la unidad especializada en delitos de odio de la Fiscalía General le pide las resoluciones judiciales e informes del Ministerio Fiscal de las que tenga conocimiento, en relación a la causa que se sigue en el Juzgado de Instrucción número 36 de Madrid en relación al comentario en la red social X (antes Twitter) "Abascal y Monasterio colgados del puente de Vallekas como Sus ídolos italianos #VallekasAntifascista", en la que el partido Vox ejerce la acusación.

Ante las dudas que suscita la actuación de la Fiscalía a raíz de esa dependencia jerárquica insinuada en su día por el propio Sánchez, y la sospecha de que estas diligencias se iban a terminar abriendo, Abascal ya invitó en su día al PSOE a que presentara denunciara los hechos directamente ante el Tribunal Supremo y no ante el Ministerio Público.