La fiscal del caso García Ortiz se alinea con la defensa y pide la absolución de su jefe
Pide que declaren en el juicio una veintena de testigos, entre ellos González Amador
Los fiscales que acusan a García Ortiz insisten en su suspensión para no dinamitar principios constitucionales
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Iniciar sesiónLa teniente fiscal del Tribunal Supremo y número dos de García Ortiz, María Ángeles Sánchez Conde, ha pedido a la Sala Penal del Supremo la absolución de su jefe al considerar que, lejos de cometer un delito de revelación de secretos, cumplió con su deber. ... Así lo asegura en un escrito de apenas siete folios al que ha tenido acceso ABC, en el que afirma que antes de la nota de prensa en la que se difundieron datos reservados del procedimiento fiscal abierto a Alberto González Amador, pareja de Ayuso, esa información ya era conocida, por lo que ese escrito aclaratorio no constituyó delito alguno.
«Esa nota -sostiene la número dos de García Ortiz- contenía hechos ciertos y acreditados, que desmentían las informaciones inveraces publicadas por algunos medios de comunicación y responsables públicos, eran de público conocimiento con anterioridad a la difusión de aquella y demostraban que el fiscal responsable del asunto se había atenido escrupulosamente a sus deberes profesionales».
Sánchez-Conde se alinea así con la tesis de la defensa del fiscal general que ejerce la Abogacía del Estado y que sostiene que era obligación del Ministerio Público desmentir una información en la que se decía que en el marco del procedimiento fiscal abierto al novio de Ayuso, la Fiscalía ofreció un acuerdo a Alberto González Amador cuando había sido al contrario. Al hacerlo, según el juez Ángel Hurtado, García Ortiz cometió de forma indiciaria un delito de revelación de secretos. Sin apuntar al entorno de Ayuso -en concreto a su jefe de gabinete, Miguel Ángel Rodríguez-, como sí hizo la Abogacía del Estado, la teniente fiscal señala que la filtración de esos correos reservados se produjo antes de que García Ortiz tuviera conocimiento de los mismos. Nada dice de la secuencia de la filtración ni de cómo llegaron a manos de la Cadena Ser poco tiempo después de que el fiscal general los recibiera en su mail particular.
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«Ninguna intervención puede atribuirse al Excmo. Sr. Fiscal General del Estado en la divulgación de los correos electrónicos intercambiados entre el Ilmo. Sr. Fiscal D. Julián Salto Torres y el letrado D. Carlos Neira Herrera», insiste la fiscal, que durante la instrucción siempre ha ido de la mano de la defensa del fiscal general. Y ello porque la la información contenida en esos correos electrónicos, argumenta, ya era conocida «por otras personas con anterioridad» a que García Ortiz «adquirió conocimiento de la misma y previamente a que se difundiera la nota informativa de la Fiscalía».
Sánchez-Conde pide a la Sala que testifiquen en el juicio una veintena de personas, entre ellas la propia víctima de la revelación, el novio de Ayuso, y una decena de periodistas.
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