Una juez sustituta envía al banquillo al novio de Ayuso por fraude fiscal sin esperar a que la Audiencia resuelva el último recurso

La magistrada, en sustitución voluntaria del juez Antonio Viejo, que no se incorporará hasta mediados de octubre al Juzgado 19 y, por lo tanto, a la causa en sustitución a su vez de la instructora recién jubilada Inmaculada Iglesias, ha dictado la apertura de juicio oral, resolución consultada por ABC, para que un Juzgado de lo Penal juzgue y falle sin esperar a que la Audiencia Provincial resuelva el último recurso de apelación presentado por la defensa de González Amador el 1 de septiembre.

En el recurso, el abogado de la pareja de Ayuso alegó que la magistrada Iglesias le procesó sin permitirle interrogar a dos testigos clave para la causa -los intermediarios internacionales de la operación presuntamente delictiva de 2021- ni incorporar un informe pericial que también pedía admitir la defensa del empresario.

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La magistrada Iglesias, cuando le procesó, concluyó que existen indicios suficientes de que González Amador incurrió en una «liquidación tributaria delictiva (art. 305 CP) del Impuesto sobre Sociedades del ejercicio 2020 de la mercantil Maxwell Cremona, por considerar que una factura emitida por la mercantil MKE Manufacturing y vinculada a los servicios profesionales de intermediación en México no respondería a servicios reales y debiera considerarse falsa», misma operativa que con la mercantil Gayani LTD en Costa de Marfil en 2021. Antes de ver que pudo huber delito en 2020, la juez citó a declarar a Maximiliano Niemerer, quien habría prestado los servicios en México, pero la defensa de González Amador consideró que no agotó las diligencias al no hacer lo propio con César Alonso Mollar y Juan Carlos Andreu, los intermediarios de la operación de 2021 en Costa de Marfil.

El informe pericial que pidió incorporar sin éxito fue, precisamente, sobre la existencia de los servicios prestados. Las pruebas solicitadas por la defensa del empresario antes del auto de apertura de juicio oral iban encaminadas a defender que los trabajos sí existieron.

Tanto la Fiscalía como la Abogacía del Estado presentaron sus escritos de acusación el 15 y el 29 de julio, respectivamente, solicitando tres años y nueve meses de prisión para González Amador. Ven acreditado que defraudó 350.910 euros al erario público.