Un fiscal de la Audiencia Nacional sí vio terrorismo en la actuación de Tsunami Democràtic

Según informaron en fuentes jurídicas y fiscales, el fiscal de guardia Joaquín González veía «razonable» la calificación provisional de que acciones como el asedio del aeropuerto del Prat o los cortes de carreteras en la Junquera que bloquearon el paso a Francia revestían «gravedad» fueran consideradas como terroristas. Así lo recogía en el escrito que debía emitir sobre una petición de inhibición.

Cabe recordar que la Guardia Civil ya venía apuntando en sucesivos informes que el objetivo de aquellas acciones era subvertir la legalidad y causar un grave perjuicio al Estado, aislándolo de la Unión Europea, dañando infraestructuras críticas y afectando a sus intereses económicos. Todo, para lograr la independencia de Cataluña y la amnistía de los recién condenados líderes del procés.

Sin embargo, el fiscal a cargo del caso, Miguel Ángel Carballo, que estaba de vacaciones, no compartía ese criterio, como tampoco que fuese el momento de calificar los delitos objeto de la causa. Para la Fiscalía de la Audiencia Nacional y pese a la clasificación de este asunto como «terrorismo genérico» en sus archivos, nunca fue ese el objeto de la investigación.

En aquel momento, en cualquier caso, la causa estaba a la espera de un informe definitivo de conclusiones de la Guardia Civil, el mismo que finalmente, se aportó al juzgado la semana pasada.

Intervino entonces el fiscal jefe de la Audiencia Nacional, Jesús Alonso, para enmendar lo que las fuentes consultadas en los Juzgados Centrales califican de «un error». Presentó otro escrito aclarando que no era el momento procesal de concretar los delitos y exponiendo que la Fiscalía esperaría a tener sobre la mesa ese informe de la Guardia Civil para pronunciarse formalmente.

El informe llegó el pasado viernes y el juez Manuel García Castellón dio traslado al fiscal de su contenido. No había emitido aún su posición cuando dictó el auto que imputa entre otros al expresidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, por ilícitos de terrorismo en la organización de disturbios por parte de Tsunami. Pocas horas después, el Ministerio Público anunció un recurso directo de apelación: no ve que concurran este tipo de ilícitos.

Desde que en 2019 se abrió la investigación por la organización de las protestas masivas, la Fiscalía ha sostenido que la competencia era de la Audiencia Nacional porque se podía tratar de delitos contra el Estado en los términos que recoge la ley. En concreto, apreciaba indicios de sedición, especialmente por el asedio a la infraestructura aeropuertuaria.

Es, además, la posición que había mantenido la Audiencia Provincial de Barcelona cuando hubo de pronunciarse sobre el envío a los Juzgados Centrales de Instrucción de parte de los indicios sobre Tsunami Democràtic que había encontrado en otra investigación un juez de la Ciudad Condal, como consta en las resoluciones a las que tuvo acceso ABC.

Sin embargo, suprimido el ilícito de sedición del Código Penal, para la Fiscalía los hechos se ajustan a la consideración de desórdenes públicos. Esto implicaría que la causa habría de viajar a los juzgados catalanes porque la Audiencia Nacional no tendría competencia para investigarlo. A lo largo de los últimos meses han sido varias las reuniones entre la Fiscalía, el instructor y el equipo investigador sobre este asunto en las que se han puesto sobre la mesa las discrepancias.

Todas se aprecian en el auto que dictó el lunes García Castellón señalando a Puigdemont y otros por terrorismo, en el que dedica varias líneas a justificar que es su juzgado quien ha de llevar la causa tanto por el tipo de delito que aprecia -al considerar que es una organización estable, con reparto de tareas, de dos o más personas, con vocación de permanencia y dedicada a subvertir el orden constitucional- como porque afecta a varias provincias y salpica a países extranjeros.

Será la Sala de lo Penal, no obstante, la que tendrá la última palabra.