Las familias piden al juez que movilice al CSIC para buscar el Pitanxo

El Juzgado Central de Instrucción número 2 de la Audiencia Nacional investiga al patrón del barco, Juan Padín, por 21 delitos de homicidio por imprudencia, contra los derechos de los trabajadores y de falsedad documental desde que recibió un atestado de la Guardia Civil apuntando indicios de su posible responsabilidad en el triste desenlace de la tripulación, de la que sólo sobrevivieron él, su sobrino y el marinero de origen ghanés Samuel Kwesi. Habría forzado una maniobra que llevó al pesquero al hundimiento y no habría avisado ni gestionado la emergencia cuando el barco empezó a escorar. Ninguno de los cuerpos recuperados llevaba puesto el traje de supervivencia: sólo él y su sobrino estaban equipados.

En una batería de escritos a los que tuvo acceso ABC, los familiares insisten en la necesidad de acudir a la zona. Piden al juez Ismael Moreno que «se ordene y autorice al Instituto Español de Oceanografía o al CSIC a que envíe a cualquiera de los buques de los que disponen» para que, «sin más demora, se pueda inspeccionar el pecio, cuya localización está precisada por el Playa de Menduiña», el primer barco que acudió en auxilio del Villa de Pitanxo, «y por el sistema de localización de la caja azul» que llevaba el propio pesquero.

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Recuerdan que estos dos organismos tienen en flota a buques como el Ramón Margalef o el Sarmiento de Gamboa, «que disponen del más sofisticado sistema de ecosondas e instrumentos útiles para cartografiar fondos marinos y visualizar estos, tomar muestras, etcétera» e insisten en que «si no se hace ya», aprovechando las condiciones climatológicas propias del mes de agosto, será «ya imposible».

«Apelamos al precedente del Ángeles Alvariño que la Dirección General de la Guardia Civil procuró del IEO para la localización en fondos marinos de los cadáveres del conocido caso de las niñas de Tenerife. No se pide aquí el rescate de los cadáveres, sino la inspección del pecio con los medios de que se dispone», exponen las familias al juez.

Conforme recuerda uno de los escritos, «varias familias afectadas por este accidente laboral sin esclarecer han presentado al Gobierno de España un informe detallado acerca de la viabilidad y oportunidad actual», recordaba, en relación al análisis de 58 páginas elaborado por el capitán de la Marina Mercante Rodrigo Tuero que no deja «margen para la duda»: la operación es factible.

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Los familiares trasladaron esta información a la ministra de Transportes, Raquel Sánchez, el pasado mes de julio pero sin demasiado éxito. Al término del encuentro apuntaron que el Gobierno «no había madurado» la decisión de bajar al Villa de Pitanxo. Critican su «pasividad». Por eso, mientras redoblan esfuerzos para que el Ejecutivo se decida a enviar una misión o alguna empresa privada se ofrezca a hacerlo, pelean en los tribunales para que sea el juez quien lo ordene. «Dicha inspección podría determinar sin duda el esclarecimiento de los hechos que se investigan», exponen.

Ahora, sin embargo, el debate en la Audiencia Nacional está en otro asunto. Tras la declaración como testigo de Kwesi y las comparecencias de Juan Padín y su sobrino, Eduardo Rial; el fiscal solicitó al juez que enviase la causa a los juzgados de Instrucción de Vigo, en Pontevedra. En un inicio, la causa fue remitida a los de Marín por entender que era de aquellos la competencia por ser el punto de partida del barco, pero el juez rechazó que fuese asunto suyo por tratarse de posibles delitos cometidos en aguas internacionales y devolvió la causa a Madrid.

Tras practicar esas declaraciones y otras diligencias que se consideraban «de urgencia», como entregar el móvil de uno de los fallecidos a los investigadores para que extraigan y analicen su contenido en busca de evidencias, el fiscal ha vuelto a comunicar al juez que la competencia para investigar lo ocurrido no es suya sino de la justicia ordinaria. En concreto, de Vigo, el lugar donde debía atracar el barco a su regreso. Se apoya en que de acuerdo a la legislación y la jurisprudencia, un buque de pabellón español es considerado territorio nacional a todos los efectos. En el caso del secuestro del Alakrana por piratas somalíes la Audiencia Nacional intervino, pero porque los ilícitos fueron calificados como terrorismo y aquí no sería el caso.

No obstante, las defensas de los familiares, que quieren mantener la causa en los Juzgados Centrales, han encontrado un resquicio: Uno de los ilícitos que se investigan, el de falsedad documental, se habría cometido una vez Padín, el sobrino y el marinero superviviente habían sido rescatados. Ya no estaban en un barco español sino bajo el abrigo de las autoridades de Canadá. O lo que es lo mismo: un delito cometido por un español en territorio extranjero competencia de la Audiencia Nacional.

Vencido el plazo de alegaciones, el juez Moreno aún debe resolver, de acuerdo a las fuentes jurídicas consultadas por este diario. Las familias temen que si lo envía a Vigo se pierda más tiempo, sobre todo en caso de que esos juzgados también rechacen quedarse el asunto. Si eso ocurre, tendrá que acabar decidiendo el Tribunal Supremo.