Seis meses del naufragio del Villa de Pitanxo: «Vamos a seguir luchando para que se esclarezcan las causas»

Ante la poca claridad de lo sucedido, las familias de los marineros reclaman que la solución pasa por bajar al pecio. Insisten en la necesidad descender hasta el barco naufragado para recabar pruebas sobre el hundimiento, al tiempo que reiteran sus críticas al Gobierno por no acceder a esta petición. «Hemos demostrado de forma demoledora que se puede bajar al barco de forma segura«, ha asegurado la portavoz de los familiares, María José de Pazo, en un audio remitido a los medios este lunes.

Llevan haciendo la solicitud poco después de que ocurriera el accidente, y hasta una empresa noruega se ha prestado a poner el sónar para medir la profundidad y «un robot de forma gratuita». Sin embargo, «no han hecho caso», ha lamentado de Pazo. Ha recordado también que «la Xunta se ha ofrecido a pagar el transporte de ese robot y sónar», pero por parte del Gobierno central «no han hecho caso a este ofrecimiento«. Lo que haría falta, por parte del Gobierno, es un barco que se traslade hasta el lugar del accidente, en Terranova. Ha lamentado que »se escudan en que hay una investigación judicial abierta«, pero »todavía no hay un juez instructor fijo« ni un juzgado definitivo, por lo que se desconoce »cuándo será«.

«Mientras tanto, estamos en tiempo de descuento«, deja claro, puesto que los peritos apuntan a que »el tiempo idóneo para bajar era el verano«.

Así, María José de Pazo considera que el Gobierno español «todavía no ha cometido sus obligaciones» al «no» abrir una investigación cuando hay un accidente grave.

También se queja de que la ministra de Transportes, Raquel Sánchez, no les trasladase «por escrito» una explicación de por qué no se baja al pecio, después de haberse reunido con ella. Igualmente, reprochan al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, que no ha recibido a las familias, «aunque fuesen 10 minutos», recoge Ep.

También critica a la ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, «que es gallega aparte», debido a que: «Ni siquiera haya respondido por qué no nos recibe, cuando también hay claramente pruebas de delitos graves contra la seguridad y salud de los trabajadores». La portavoz de las familias tacha todo ello de «gran vergüenza» en relación con un ejecutivo que «alardea de ser el gobierno que vela por la clase trabajadora».

Acusa al Gobierno de «dejadez», «falta de rigor» y «dejación de funciones». «Todas las excusas que fueron diciendo, las fuimos desmontando una por una», asevera. «Estos 21 tienen unas familias detrás que van a seguir luchando para que se esclarezcan las causas de ese naufragio», asegura, con el fin de que «nunca más vuelva a suceder».