Las acusaciones piden tres años de cárcel para el hermano de Sánchez por su «nombramiento ilegal» en la Diputación de Badajoz

En el caso particular del hermano del presidente del Gobierno, las acusaciones solicitan tres años de prisión por posibles delitos de prevaricación administrativa y tráfico de influencias. Según ha podido saber ABC, no solo por la adjudicación de su propio puesto, como coordinador de los conservatorios de Badajoz y posteriormente jefe de la Oficina de Artes Escénicas, sino por la influencia que pudiese ejercer en la contratación de Carrero.

Además, las acusaciones exigen la inhabilitación para desempeñar cargos públicos, una multa diaria de 180 euros durante seis meses y la devolución de todos los salarios públicos cobrados en la Diputación de Badajoz desde que fue contratado en 2017. Todo al entender que, a través de una actuación «flagrantemente ilegal», Sánchez se aprovechó de la «influencia» que podía ejercer por ser hermano de Pedro Sánchez para obtener beneficios de trabajo para sí mismo. Las acusaciones hablan, en este sentido, de «escaso trabajo» y añaden que Sánchez no acudía habitualmente a su puesto, no fichaba y no estaba autorizado a teletrabajar, además de que no se le instaló un programa en soporte digital para tal fin. Subrayan que tampoco se le conocen subordinados ni resultados de su trabajo.

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De hecho, también se apunta que pudo utilizar esa supuesta «influencia» para facilitar la contratación de un «amigo íntimo» -el propio Carrero-, con el que mantenía una relación personal «muy cercana» desde hace años. Ambos cooperaban con anterioridad a que coincidiesen en el ente provincial, cuando el segundo todavía trabajaba en Moncloa. Así, en los correos intervenidos y analizados por la juez, Carrero se refería cariñosamente a Sánchez como «querido hermanito».

En el escrito presentado ante la juez, de 36 páginas, también se pone el foco en el correo electrónico que el propio Sánchez envía a Carrero y en el que, antes de ser el segundo contratado, se ofrece a servirle de apoyo en Badajoz. «Ambos daban por sentado la incorporación 23 días antes de la publicación de las bases», defienden las acusaciones. En el caso del propio Carrero, que obtuvo la plaza de jefe de la Sección de Centros y Programas de Actividades Transfronterizas, se solicita año y medio de cárcel, además de una multa, su inhabilitación para empleo o cargo público y la pérdida de la posibilidad de obtener subvenciones o ayudas públicas durante ocho años. También por tráfico de influencias y malversación. Del mismo modo, se solicita a la juez declarar la nulidad de ambos procesos públicos, tanto el que acabó con la contratación de Sánchez como el de Carrero.

Al presidente de la Diputación de Badajoz y secretario general del Partido Socialista de Extremadura, Miguel Ángel Gallardo, la acusación le atribuye posibles delitos de prevaricación y tráfico de influencias, tanto por la presunto «nombramiento ilegal» de Sánchez como por el de Carrero, como máximo responsable de la Diputación de Badajoz. Se piden para él, como en el caso de Sánchez, tres años de cárcel, además de su inhabilitación por quince años y una multa de seis meses con una cuota diaria de 180 euros.

Tras ser procesado, su partido salió públicamente a defender que la postura del PSOE en Extremadura no iba a cambiar salvo que hubiese una sentencia en firme. De hecho, Gallardo llegó a declarar que la juez se había «abonado a las tesis de Hazte Oír», manteniendo en todo momento su confianza en resultar inocente.

También está un paso más cerca del banquillo Ricardo Cabezas, que además de ser el ‘jefe’ de Sánchez, es un político muy reconocido en Extremadura. Es todavía el líder del PSOE en la ciudad de Badajoz. Para él y otro de los altos funcionarios -Manuel Candalija- las acusaciones piden año y medio de cárcel por un presunto delito continuado de prevaricación administrativa y tráfico de influencias.

En resumen, de las once personas procesadas por la juez Beatriz Biedma, las acusaciones particulares piden cárcel para ocho. Solo tres funcionarios -Elisa Moriano, Cristina Núñez y Félix González- quedan fuera de esa petición. Para ellos, se solicita una multa y la inhabilitación de cargo o empleo público.

Recientemente, la juez suspendió el plazo para la presentación de recursos, a petición de las defensas, que solicitaron acceder al visionado de los últimos interrogatorios. El abogado de David Sánchez, Emilio Cortés, ya anunció su intención de recurrir el auto de procesamiento dictado el pasado lunes 28 de abril por la titular del Juzgado de Instrucción número 3 de Badajoz.