La trama del exjefe de UDEF coló otro contenedor lleno de cocaína un mes antes

Esta circunstancia hace pensar a los investigadores de la Udyco Central y Asuntos Internos de la Policía que el cargamento descubierto era sólo uno más de los que hacía la organización y que ya habrían sido introducidos otros con anterioridad de forma similar a través del puerto de esa localidad gaditana. Todo ello, además, demuestra la sensación de impunidad con la que trabajaba la red de narcos, ya que nadie arriesga un cargamento de 13 toneladas de cocaína si no ha hecho antes envíos previos importantes y estar convencido de que se trata de una forma de operar segura.

El cargamento viajó en septiembre también desde Ecuador con grandes cantidades de fruta en su interior a Algeciras, e iba dirigido también, como el alijo intervenido un mes después, a Abadix Fruits, una empresa española ubicada en Alicante y dedicada a la importación de yuka, piña, plátanos, mango y aguacate, cuyos responsables se encuentran todavía en busca y captura.

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Una vez explotada la operación Augur, por la que Sánchez Gil fue enviado a prisión tras encontrársele más de 20 millones de euros en efectivo en su chalé adosado de Alcalá de Henares (Madrid), las autoridades ecuatorianas alertaron a la Guardia Civil de este envío previo desde el puerto de Guayaquil, considerado uno de los principales puntos de partida de la ruta de la cocaína hasta Europa, ahora en manos de las organizaciones albanesas. Salvo la producción, que sigue en manos de los cárteles colombianos, esas tramas mafiosas ya controlan los canales de compra, el traslado y la distribución de la droga en su punto de destino; es decir, la práctica totalidad del proceso.

En ese puerto ecuatoriano la espiral de violencia, aseguran expertos de la lucha contra el narcotráfico consultados por ABC, llega a ser insoportable, y poner coto a la delincuencia puede salir caro, pues a la mínima se contratan sicarios, se atenta contra fiscales o amenaza de muerte a agentes, incluso a los que custodian a los perros antidroga.

Abadix Fruits, la importadora española bajo el foco de la Audiencia Nacional en el caso del exjefe de UDEF, llevaba años recibiendo grandes cantidades de fruta desde Ecuador -movían un centenar de contenedores al año-, hasta que en octubre del año pasado, el escáner Medusa -capaz de detectar mercancías en dobles fondos- reveló que uno de ellos, aparentemente lleno de cajas de plátanos, ocultaba en realidad, en una segunda pantalla, otras idénticas a las anteriores, pero con ladrillos de cocaína empaquetados. Y pudo haber más, pero el sistema habría dificultado enormemente el análisis e inspección de envíos anteriores y contaban, además, con la colaboración de Sánchez Gil.

Se espera que, según avancen las pesquisas, el volcado de los teléfonos móviles permita cuantificar el número de contenedores que llegaron a entrar en España con este modus operandi, así como las operaciones contra el narcotráfico que el inspector jefe llegó a frustrar. Aunque será difícil, advierten las fuentes consultadas.

Sólo el año pasado se aprehendieron en España más de 22 toneladas de cocaína ocultas en una veintena de contenedores procedentes de Ecuador. Y la cifra se eleva a las 85 toneladas de polvo blanco si nos remontamos a 2022, según estadísticas de aduanas.

Sánchez Gil estuvo una década en la Brigada Central de Estupefacientes antes de convertirse en el jefe de la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de Madrid. Su currículum le había dado la coartada perfecta, y el cargo que ocupó, persiguiendo el tráfico de drogas, la ventana para estrechar lazos con un antiguo informador, Ignacio T., hasta convertirse en su socio sin levantar sospechas.

Su mujer, también policía, aunque destinada en la comisaría de Alcalá de Henares (Madrid), está igualmente en prisión provisional por, presuntamente, participar en el blanqueo de capitales. Ni el juez Francisco de Jorge ni la Fiscalía Antidroga, ambos al frente de la investigación, se explican que ella no supiera que en su domicilio, detrás de compartimentos ocultos hechos ad hoc en la estructura del edificio, su marido hubiera escondido casi 20 millones de euros en efectivo. Los agentes, que encontraron billetes también en cajas fuertes, e incluso en el jardín, tuvieron que precintar el dinero y llevárselo a comisaría, pues era tal el volumen que resultó imposible de cuantificar con exactitud en el momento con los medios disponibles.

Igualmente extraño les resulta que ella no supiera cómo el matrimonio pudo comprar una segunda residencia en Denia (Alicante), que después reformaron. Los investigadores creen que el dinero invertido también era del narco.

Hasta su hermana, cuñada de Sánchez Gil, estaba, presuntamente, en el ajo. Ella también está en prisión provisional desde el pasado mes de noviembre, cuando se explotó la operación Augur. Las pesquisas la sitúan detrás de un holding de empresas, Pumba Gestión, del que se valía el agente para introducir el dinero de origen ilícito en el circuito legal. Con la ayuda de sus sociedades, y otras empresas, principalmente del sector de las VTC, se calcula que en cinco años, el inspector jefe logró lavar al menos 1,7 millones de euros. En paralelo, Sánchez Gil también invirtió siete millones de euros en criptomonedas, la mayor parte en Kunga, un exchange de Barcelona, que se presenta como «el más seguro de inversión de criptomonedas en España» y está señalado también en otras investigaciones policiales. Dos de sus trabajadores fueron detenidos por la Unidad de Asuntos Internos (UAI) el pasado diciembre, e igualmente permanecen desde entonces en prisión.