El exjefe de UDEF blanqueó 1,7 millones de euros a través de empresas de su cuñada

La Unidad de Asuntos Internos (UAI) de la Policía Nacional sigue centrada en su investigación patrimonial y en el análisis de los movimientos bancarios de la presunta organización criminal, una misión casi imposible teniendo en cuenta que contaban con una red de blanqueadores y testaferros y habrían repartido el dinero en media docena de países y otra parte la habrían convertido en criptomonedas.

Si bien de lo analizado hasta el momento se ha podido concretar una cifra: en cinco años el inspector jefe logró lavar al menos 1,7 millones de euros a través de una estructura societaria, compuesta principalmente por empresas vinculadas a su cuñada, Yolanda R. P, también en prisión desde hace tres meses. Las fuentes consultadas advierten, eso sí, de que la cifra es provisional y podría aumentar según avancen las pesquisas.

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ADRIÁN GARCÍA

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Entre las sociedades utilizadas para el blanqueo figuran Som Autos Ocampo S.L, Top Life Real Estate, Desarrollos Empresariales Kofu e Incazam S.L., todas ellas dedicadas a la venta y alquiler de vehículos o al transporte terrestre de viajeros por carretera. Hasta que en abril de 2024, la hermana de su mujer, Yolanda R. P., constituyó un holding de empresas –Pumba Gestión, cuyo objeto social es la «tenencia de valores y participaciones en sociedades, nacionales o extranjeras, y el control y dirección de sus participantes en estas empresas»– y comenzó a canalizar los ingresos de origen ilícito del policía.

El dinero, según las pesquisas, responde a los pagos que Sánchez Gil habría recibido a cambio de los servicios que venía prestando desde hacía un lustro a la presunta organización criminal dedicada al tráfico de cocaína a gran escala y posterior blanqueo de capitales, relacionados con el sistemático uso fraudulento de bases de datos de inteligencia para beneficiar a la red y chivatazos concretos que garatizaran la impunidad.

Yolanda R.P, a quien en los registros los agentes encontraron decenas de licencias de VTC, permanece en prisión provisional junto a su hermana –también policía en la Comisaría de Alcalá de Henares (Madrid)– desde hace tres meses, cuando explotó la operación Augur y Sánchez Gil fue igualmente encarcelado.

El juez de la Audiencia Nacional Francisco de Jorge, al frente de las pesquisas junto a la Fiscalía Antidroga, ya ha emitido peticiones de cooperación jurídica internacional a distintos países europeos. También a Emiratos Árabes, teniendo en cuenta que el rastro del dinero –apuntan las fuentes consultadas– ha llevado hasta una sociedad con cuenta en un banco radicado allí, ADS Investiment Solution.

Hasta el momento el instructor ha venido prorrogando el secreto de las actuaciones ante la existencia de información pendiente de analizar en los dispositivos informáticos intervenidos en los registros así como las gestiones que se están llevando a cabo para localizar a los investigados que se fugaron antes de ser detenidos por la policía, que continúan en paradero desconocido.

Mientras la veintena de investigados que se encuentran en prisión provisional han venido recurriendo y pidiendo su puesta en libertad, pero ni el juez ni los magistrados de la Sala de lo Penal han autorizado sus pretensiones, entre otras razones, por los enormes medios y formas de ocultar o manipular pruebas que tendrían a su alcance, al tratarse además de un entramado transnacional.

Sólo hay un caso, especialmente llamativo, de un investigado que fue enviado a prisión eludible bajo fianza y, tras pagar los 20.000 euros que De Jorge le había impuesto, quedó en libertad provisional. Se trata del abogado Mario Pestaña Sartorius, considerado uno de los 'cerebros' de la operativa de blanqueo, cuyo papel –se cree– era buscar chiringuitos financieros y sacar los millones cobrados supuestamente por el policía de España para colocarlos fuera. La Fiscalía recurrió pero ni el juez ni la Sala de lo Penal han modificado su situación procesal.

Además, según ha podido saber este diario, el magistrado Francisco de Jorge ha pedido ayuda y solicitado refuerzos para su juzgado, el Central de Intrucción número 1 de la Audiencia Nacional pues, además de instruir la operación Augur, de gran complejidad por sus conexiones internacionales, también lleva otras causas, igualmente delicadas, como la del exjefe de la Guardia Civil del Puerto de Valencia, explotada el pasado mes de diciembre por el Serivicio de Asuntos Internos (SAI) del Instituto Armado.

El caso, que se sigue por delitos de tráfico de drogas, cohecho, blanqueo de capitales, pertenencia a organización criminal y omisión del deber de perseguir delitos, se encuentra también bajo secreto. E igualmente guardaría conexiones con grupos criminales internacionales. Tanto el capitán de la Guardia Civil como otros tres detenidos están en prisión desde diciembre.