España ignora las recomendaciones de Europa sobre ETA y sus víctimas

En estos doce meses, poco o nada se ha hecho en nuestro país con esas recomendaciones recogidas en un extenso informe que la Comisión de Peticiones del Parlamento Europeo hizo público a finales de abril de 2022. Y lo que ya se venía y se ha seguido haciendo es gracias a los tribunales de Justicia, que siguen investigando, juzgando y condenando a antiguos miembros y jefes de ETA. Como recuerda la Asociación Víctimas del Terrorismo (AVT), desde que la banda terrorista se disolvió como tal hace ahora justo cinco años, se han celebrado 61 juicios en la Audiencia Nacional contra miembros de la banda terrorista.

Por todo ello, otra asociación de víctimas como Dignidad y Justicia (DyJ), que fue la que impulsó esta iniciativa en Bruselas, se ha vuelto a dirigir a la Comisión de Peticiones del Parlamento Europeo para solicitar que evalúe hasta qué punto se han cumplido o puesto en marcha esas recomendaciones, encaminadas no sólo a esclarecer esos 379 asesinatos de ETA que siguen impunes, sino también a proteger la dignidad de las víctimas impidiendo homenajes y otros actos a favor de etarras como los que siguen produciendo en no pocos rincones del País Vasco y Navarra.

Noticia Relacionada

Bildu lleva a 44 condenados de ETA en sus listas, siete de ellos por asesinato

Miriam Villamediana

Covite exige a los responsables públicos que garanticen unos «mínimos principios éticos» en los nombramientos de los candidatos de sus listas

Así, el presidente de DyJ, Daniel Portero, se dirigió por escrito la semana pasada a esta Comisión de Peticiones, que preside la exministra popular Dolors Montserrat y de la que son miembros otros eurodiputados españoles como la socialista Cristina Maestre, Jorge Buxadé (Vox) y Maite Pagazaurtundúa (CS), cuyo hermano también fue asesinado por ETA.

En esa carta, Portero vuelve a denunciar ante las instituciones europeas «la inactividad o dejadez de las autoridades españolas para investigar casi la mitad de los asesinatos cometidos por ETA», en alusión a los mencionados 379. Y pide a Montserrat que informe a las víctimas españolas sobre «el grado de cumplimiento de tales medidas y recomendaciones» no sólo para España, sino también para las propias instituciones europeas, ya que un año después de las mismas se desconoce hasta qué punto se han cumplido o puesto en marcha.

En realidad, lo poco que se ajusta a estas recomendaciones europeas es lo que ya se venía haciendo por parte de la Audiencia Nacional, donde varios jueces han abiertos causas contra miembros de ETA.

Una de las 15 medidas que el Parlamento Europeo propuso a nuestro país hace un año pasaba por «agotar las posibilidades interpretativas del Derecho Penal» para que los crímenes etarras sean considerados de lesa humanidad y, por tanto, no prescriban. Esa estrategia jurídica ya la había impulsado la propia DyJ en la Audiencia Nacional, donde sigue pendiente de avances.

Otras de las principales recomendaciones del Parlamento Europeo, casi la única en la que se ha avanzado de forma apreciable durante este último año, es la necesidad de que los tribunales españoles juzguen no sólo a los etarras que apretaron el gatillo o el detonador, sino también a los que ordenaron, planificaron o no impidieron esos atentados. Es decir, las cúpulas (o zubas, en argot etarra) de la banda en cada momento. En este sentido, la Audiencia Nacional ha imputado ya a una veintena de jefes de la banda por su responsabilidad, aunque sea indirecta, en crímenes como los de los concejales populares Gregorio Ordóñez, Miguel Ángel Blanco y Jesús María Pedrosa Urquiza o contra la casa cuartel de Santa Pola (Alicante), en el que murieron dos personas: un hombre de 57 años y una niña de seis.

Además, la propia Audiencia Nacional tiene abiertas otras cinco investigaciones contra jefes de ETA por los atentados de la T4 de Barajas (Madrid), Ondárroa (Vizcaya), Sangüesa (Navarra) y Palmanova (Palma de Mallorca), además del que le costó la vida al magistrado José Francisco de Querol, su chófer, su escolta y un conductor de autobús que pasaba por ese punto de la capital. Todo ello encaja también en la estrategia de DyJ, recogida en esas recomendaciones del Parlamento Europeo, para investigar y juzgar a los jefes de ETA por esa responsabilidad indirecta que jurídicamente se conoce como autoría mediata por dominio.

En lo que no ha habido avances es en lo referente a los homenajes y actos a favor de etarras incluso condenados por la Justicia a siglos de cárcel y con decenas de crímenes a sus espaldas. El Parlamento Europeo instaba a «todas las instituciones competentes» a impedir el «enaltecimiento público de los terroristas condenados cuando salen de las cárceles», pero la realidad es que, con la actual legislación española en la mano, eso actos no se pueden impedir a priori y sólo se puede actuar contra ellos y sus organizadores si los proetarras los aprovechan para hacer apología expresa del terrorismo. Por ejemplo, instando públicamente a que se cometan atentados, pero ya se cuidan de hacerlo para homenajear a presos de ETA de forma individualizada y eufemística para eludir esa amenaza legal.

Tampoco han servido de mucho estas recomendaciones para que las instituciones penitenciarias de nuestro país eleven el nivel de exigencia a los etarras a la hora de concederles benificios penitenciarios. Tamto más desde que hace un año y medio el País Vasco asumió esa competencia mientras el Gobierno central de Sánchez y su ministro de Interior, Fernando Grande-Marlaska, completaba el traslado de todos los presos de ETA a esta comunidad o la vecina Navarra. La administración vasca empezó entonces a conceder terceros grados a estos presos sin exigirles un arrepentimiento expreso ni que ayuden a esclarecer alguno de esos 379 asesinatos sin resolver, como también recomendaba el Parlamento Europeo. Sólo la firmeza de la Fiscalía de la Audiencia Nacional ha permitido recurrir y revocar buena parte de esas semilibertades.