El escaño perdido e indultos del 'procés' irrumpen en el debate de la amnistía

Aunque de puertas afuera ni el presidente del Tribunal Supremo ni el fiscal general del Estado aludieron a este asunto en sus respectivos discursos de apertura del año judicial, se palpa enfado y decepción en la Justicia, como se pudo apreciar en los corrillos posteriores al acto solemne del jueves. Pero también incertidumbre sobre cómo se articulará esa ley, sobre cuya constitucionalidad se da por hecho que antes o después tendrá que pronunciarse el TC, otro motivo de «preocupación» en determinados sectores judiciales, que temen que la mayoría progresista del órgano de garantías que preside Cándido Conde-Pumpido busque (e incluso fuerce) el encaje de la norma dentro de la Carta Magna en su calidad de máximo intérprete de la Constitución. «Todo lo que no se prohíbe de forma explícita es posible, como si hay que decir que un tigre es vegetariano», bromeaba un reconocido jurista en una charla informal con ABC.

Hasta aquí, futuribles. No lo son, sin embargo, los dos acontecimientos que tendrán lugar esta misma semana en el propio TC y en el Tribunal Supremo y que pueden influir en el actual contexto de acercamiento entre el PSOE y el procesado Carles Puigdemont. Mientras en el emblemático edificio de Doménico Scarlatti se decidirá si procede la revisión de los votos nulos que permitiría rascar un escaño el PSOE para no tener que depender del «sí» de Junts en la investidura de Sánchez -bastaría su abstención-, en el Palacio de las Salesas (TS) se revisará la decisión del Gobierno de indultar a los condenados del 'procés'. La primera de las citas está prevista desde hoy en el Constitucional, aunque no se espera decisión hasta, al menos, mañana.

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Tras haber admitido a trámite el recurso del PSOE, la Sala Segunda del tribunal tiene que decidir ahora si lo estima, lo que supondría volver a hacer el recuento contra el criterio mantenido por la Junta Electoral Provincial, la Junta Electoral Central y el Tribunal Supremo, que rechazó esta opción por unanimidad. El asunto está rodeado de polémica, para empezar por la propia composición de la sala que tiene que tomar la decisión: la ponente es Laura Díez, catedrática y ex alto cargo del propio Gobierno de Sánchez, que precisamente por haber formado parte del Ejecutivo, que es el que se juega el escaño, parece que algún interés directo en la causa puede tener. «En su condición de directora general de Asuntos Constitucionales y Coordinación Jurídica del Ministerio de la Presidencia, Relaciones con las cortes y Memoria Democrática, Díez ha sido alto cargo del PSOE, recurrente en amparo, en dependencia directa de Félix Bolaños», un elemento objetivo que lleva a «temer por su falta de imparcialidad», argumentan los populares en el escrito en el que recusan a la magistrada.

En él aluden al menoscabo de la confianza de los ciudadanos en el TC y en los «principios de una sociedad democrática». La propia ley urge la resolución de este asunto al tratarse de un procedimiento electoral, de ahí que este incidente de recusación, del que será ponente el magistrado conservador César Tolosa, se tenga que ver con premura para que, con la presencia de Díez o sin ella -la Sala Segunda contaría en este segundo caso con tres magistrados conservadores y dos progresistas-, se dé respuesta a la petición del PSOE, basada, según el PP, en una especulación sin fundamento alguno con la que pretenden reformar la ley electoral «por la puerta de atrás» simplemente porque no están de acuerdo con el resultado.

El fiscal del TC tiene de plazo hasta el martes para pronunciarse. El hecho de que el representante del Ministerio Fiscal en el Supremo se mostrara a favor de la revisión antes del fallo de la Sala Tercera no vincula al del Constitucional, pues su parecer se expresará una vez conocida la motivación de los magistrados del TS, que consideraron de forma unánime que «la mera diferencia numérica en los resultados que se aduce en este caso (1.200 votos) no es base suficiente para la revisión de los votos nulos no reclamados (unos 30.000)». «No se puede acceder a una revisión de este tipo de forma preventiva», sostuvieron los magistrados basándose en la propia jurisprudencia y doctrina del TC.

La segunda cita es el jueves en el Supremo, donde la Sección Quinta de la Sala Contencioso-Administrativa empezará a estudiar los primeros recursos contra los indultos que el Gobierno concedió en 2021 a los condenados del 'procés' y que en un primer momento esta misma sección, pero con una composición diferente, rechazó al apreciar la falta de legitimación de los recurrentes. Los primeros recursos, que se empezaron a tramitar hace ya más de un año, corresponden a Ciudadanos y Vox y afectan a los expresidentes de la ANC y de Omnium Cultural, Jordi Sànchez y Jordi Cuixart, respectivamente.

Está en manos de una Sala conformada por cinco magistrados revocar o no las medidas de gracia del Gobierno que llevó al Consejo de Ministros el hoy magistrado del TC Juan Carlos Campo, entonces titular de Justicia, y cuya motivación se cuestiona. En aquella ocasión Pedro Sánchez apeló a razones de «utilidad pública» y a la necesidad de tender «puentes de concordia entre personas que estamos muy alejadas en lo político». Tantos puentes se han tendido que hoy, dos años después, no hay duda de que el Ejecutivo y quienes desafiaron al Estado de derecho están más cerca que nunca.