Lo pedimos en los despachos y también en las calles

Tengo el honor de encabezar a la asociación profesional más votada por los guardias civiles y que nació hace cinco años para reivindicar una meta aún no alcanzada, la equiparación salarial y la igualdad de condiciones laborales de agentes de la Guardia Civil o de la Policía Nacional con los cuerpos policiales autonómicos. Justicia para la Guardia Civil, JUCIL, surgió de un movimiento iniciado por Jusapol y mantiene ese objetivo como el más importante y fundamental de su actividad. Pero como asociación defendemos todos y cada uno de los derechos laborales y sociales de los guardias civiles y algunos de ellos están a punto de ser pisoteados si se aprueba, en las condiciones en las que ahora se apunta, la reforma de la Ley de Seguridad Ciudadana.

Acudí a Congreso de los Diputados en marzo de 2022 al frente de una delegación de JUCIL para entregar a los grupos parlamentarios una copia del informe que habíamos solicitado a tres juristas de la Universidad San Pablo CEU sobre el contenido y posibles consecuencias de la reforma de la Ley de Seguridad Ciudadana. Entregamos además este informe, él lo había pedido, al ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska. Creemos, que la modificación se ha redactado solo con opiniones de políticos y se ha eludido la consulta a los profesionales encargados de la defensa de los más elementales derechos de los ciudadanos, el de su libertad y el de su seguridad.

Uno de aquellos encuentros en la Cámara Baja fue con integrantes de la Comisión de Interior del PSOE, la formación mayoritaria en el gobierno de coalición de socialistas y Podemos con el apoyo externo de grupos independentistas vascos y catalanes. El portavoz del PSOE en la comisión, el diputado David Serrano Pariente, dejó entrever que la reforma había sido paralizada sin fecha y que, dadas las características del calendario parlamentario…, podíamos estar casi seguros de que no volvería a reactivarse. ¡Qué poca palabra! O quizá, no pensemos mal, fue solo poca, muy muy poca capacidad de prever qué iba a hacer su propio partido unos meses más tarde.

Lo conocido de esta reforma titubeante y vergonzosamente exprimida a un gobierno débil, exhausto y desnortado hace temer que los perjudicados serán en primer lugar los ciudadanos, convertidos en rehenes de aquellos que por su voluntad y en cualquier momento conculquen su libertad de circulación, o la de ir al trabajo, acudir a por sus hijos al colegio o cosas tan personales como hacer compras o disfrutar del cine. Sin capacidad preventiva, a las Fuerzas de Seguridad les será difícil garantizar calles pacíficas. La seguridad de los ciudadanos queda comprometida si la ley se aprueba en las condiciones que se apuntan.

¿Qué pasará si un grupo de violentos corta una calle en el momento que elijan, o impide el paso del transporte público, o salta a las pistas de un aeropuerto? Sin capacidad para prevenir estas situaciones España puede convertirse en un país inseguro. Un país donde okupar un inmueble sea, como prevé este cambio en la ley, solo una falta leve y facilite aún más a las mafias el negocio de la reventa o el alquiler de casas okupadas a sus propietarios. Sin coste penal.

A pesar de que nuestra presencia en la calle se entiende por la mayoría de los ciudadanos como un plus para su seguridad, otros, los menos, desearían nuestra desaparición. Y no porque en un mundo feliz no hiciera falta el despliegue de cuerpos y fuerzas de seguridad, sino porque nuestra sola existencia supone un obstáculo para imponer su voluntad. Si hasta ahora hemos podido cumplir con nuestro compromiso de garantizar la seguridad y el orden público que nos requiere la sociedad, la reforma de la Ley de Seguridad Ciudadana, en los términos que se anuncia, nos acerca a un escenario de oscuridad, de incertidumbres y de dudas.

La respuesta a esta iniciativa legislativa fue hace algo más de un año la unión histórica de todas las siglas representativas de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad. Una unión que pretende acabar con el que puede ser el mayor ataque sufrido en los cuerpos policiales en la historia de la democracia española y que tuvo una primera reacción en noviembre de 2021 con una protesta que llevó a las calles de Madrid a cientos de miles de personas que expresaron, de manera pacífica pero contundente, su desacuerdo con las modificaciones. Y la unión ante la imposición por grupos minoritarios de su particular opinión sobre la seguridad, algo que afecta a todos los ciudadanos en España, se mantiene con nuevas y próximas iniciativas.

Somos los defensores de la ley, de la democracia y de los ciudadanos, pero tenemos la desagradable sensación de que este Gobierno, rehén de sus debilidades, acepta cambios que solo agradan a quienes con más ahínco intentan socavar el principal bien común: la seguridad, la base de una sociedad libre, justa y democrática. Por eso, volveremos a manifestar nuestra protesta por esta forma de hacer las cosas, por esta premura en aprobar leyes que anuncian otros fracasos sociales, como los sufridos en normas como la del 'sólo sí es sí', convertida en un coladero de excarcelaciones adelantadas para violadores, agresores y depredadores sexuales.