Dos tercios de los decretos rechazados en democracia llevan el sello de Sánchez

PP y Vox justificaron su voto en contra con el argumento de que el apagón de abril fue culpa del Gobierno y que antes de poner en marcha cualquier medida tendría que haber dimisiones. Los populares, además, recordaron al jefe del Ejecutivo -ausente en el Congreso-, que ya le advirtieron durante la investidura que cuando sus socios dejasen de apoyarle, ellos no le salvarían.

Entre sus socios, principalmente entre los partidos de izquierdas -Podemos, BNG y Chunta-, la argumentación para no apoyar el decreto fue que consideraban que este está al servicio del «oligopolio» eléctrico. Incluso llegaron a decir que permitía a las energéticas instaurar proyectos de energía renovable que podían perjudicar a pequeños municipios rurales. Con dureza, la líder de Podemos, Ione Belarra, advirtió al PSOE y Sumar que «ya está bien de mentir a la gente, ya está bien de un Gobierno que busca el titular, medidas de maquillaje que no sirven para nada».

Noticia Relacionada

El PP acusa al PSOE de usar el agua como «arma política» para «castigar» a la Comunidad Valenciana

ALBA PÉREZ ESPADA

Los populares critican que mientras se beneficia a Castilla-La Mancha, la región valenciana resulta perjudicada

Junts, por su parte, votó en contra por la falta de materialización de los pactos alcanzados con el Partido Socialista. Su portavoz parlamentaria, Míriam Nogueras, recordó a los de Pedro Sánchez que «si quieren los votos de Junts, han de negociar y cumplir». Nogueras, como justificación de su rechazo al decreto, que según algunos de los socios Moncloa tampoco negoció con ellos, lamentó que «no se está cumpliendo el acuerdo».

Es la cuarta vez en lo que va de legislatura que la Cámara Baja deroga un decreto ley del Ejecutivo de coalición. Nunca antes un Gobierno había mostrado tal signo de debilidad. La primera fue, precisamente, cuando el Ejecutivo formado por el PSOE y Sumar cosechó su primera derrota parlamentaria, el 10 de enero de 2024. Desde entonces, cuando se rechazaron los subsidios del desempleo -también por culpa de Junts y Podemos-, han perdido un decreto ómnibus, el gravamen a las energéticas o el antiapagones.

Antes, entre 2018 y 2024, en las dos legislaturas anteriores presididas por Pedro Sánchez, la oposición tumbó también el decreto por los remanentes de los ayuntamientos, en el año 2020, y un decreto sobre vivienda. Estos dos, sumados a los cuatro de la actual legislatura, suman un total de seis decretos perdidos, de los nueve que el Congreso ha rechazado desde el año 1979.

Fue Adolfo Suárez, al inicio de la primera legislatura democrática, el primer presidente en perder un decreto en las Cortes. Entonces la oposición rechazó la «prórroga de la actuación de la Junta Central de Acuartelamiento».

El asunto, un intento de prolongar indefinidamente -hasta que una ley en proceso de tramitación lo regulara- la existencia de este ente creado en 1959 era una mera cuestión administrativa que ni siquiera se trató en pleno, sino en la Diputación Permanente al estar las Cortes disueltas.

Treinta y ocho años más tarde, en febrero de 2006, un error del PSOE tumbó un decreto impulsado por su propio partido para aumentar los tipos impositivos del impuesto sobre las labores del tabaco. Una treintena de parlamentarios socialistas se equivocaron y votaron en contra del decreto promovido por el gabinete de José Luis Rodríguez Zapatero, que se vio obligado a repetir el trámite.

En marzo del 2017, el Ejecutivo presidido entonces por Mariano Rajoy se llevó su primer varapalo político de enjundia, al perder el apoyo de Ciudadanos y ver rechazado el decreto sobre la estiba que habían llevado a convalidación. Era la segunda vez en democracia, algo que ya se ha vuelto habitual con Sánchez, que la oposición tumbaba una orden ejecutiva. El enfado por parte de Rajoy fue de tal calibre, que en el Partido Popular incluso se llegaron a plantear un adelanto electoral.

En muchos casos, a lo largo de los últimos años, el Gobierno de Pedro Sánchez ha utilizado los decretos como si se tratasen de un cajón de sastre. El Ejecutivo, mediante los ya populares ómnibus, ha camuflado dentro de medidas sociales de gran necesidad, concesiones a sus socios, como por ejemplo la cesión de un palacete en el centro de París al PNV.

Esta «trampa», como la han tildado en distintas ocasiones los partidos que le apoyan para justificar su voto en contra, también le ha servido al Gobierno para situar a la oposición entre la espada y la pared, forzándoles a ser copartícipe de decisiones cuestionables o, en el caso de no apoyar dichos decretos ómnibus, recriminándoles su negativa a tramitar cuestiones socialmente respaldadas.

Gran parte de los fracasos del Gobierno con la no convalidación de los seis decretos anteriormente mencionados, tiene mucho que ver con la forma de hacer política y de negociar del gabinete de Pedro Sánchez.

En la mayoría de ocasiones, tal como revelaron sus propios socios para justificar su voto negativo en el Congreso, afearon al presidente y a sus ministros su falta de voluntad negociadora. Socios y oposición han acusado múltiples veces a Moncloa de llegar a la votación sin haberse sentado a hablar con los grupos parlamentarios. Ejerciendo una labor de presión, 'in extremis', cuando comprobaban que las opciones de perder la convalidación del decreto era real. Entonces relatan una «estrategia de chantaje para intentar ablandar, en la gran mayoría de ocasiones sin éxito, a los partidos que habían hecho públicas sus discrepancias con el proyecto impulsado por el Ejecutivo». Gran parte de esas críticas se centran en el ministro de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, que es quien ha comandado la mayoría de la búsqueda de estos votos, con negociaciones agónicas y, por desesperación de Pedro Sánchez, sin saber el resultado final hasta el último minuto.

La debilidad parlamentaria con la que ha gobernado Pedro Sánchez desde su llegada al poder, con la moción de censura contra la corrupción del Partido Popular liderado entonces por Mariano Rajoy, le ha obligado a recurrir de forma constante a la fórmula del decreto para introducir reformas en nuestro sistema.

El líder socialista, que inicialmente gobernó en solitario con apoyos puntuales y posteriormente en coalición, primero con Podemos y luego con Sumar, formando una mayoría parlamentaria endeble con partidos tan opuestos entre sí como Bildu o el PNV o Junts y ERC, ha recurrido al menos en 160 ocasiones al real decreto, un mecanismo legal para aprobar iniciativas sin el preceptivo debate en las Cortes Generales. De ahí que, al tratarse de una decisión meramente ejecutiva, aunque el Congreso la tiene que refrendar para que siga teniendo vigencia en un plazo máximo de 30 días hábiles, sea un recurso a priori reservado para asuntos extraordinarios.

Al utilizar los decretos, el Gobierno obliga a los grupos parlamentarios a aceptar la validez de una ley sin permitir a los 350 diputados que forman el Congreso dar su opinión. El rechazo y la posterior tramitación como proyecto de ley, es la única opción que tienen para introducir cambios al texto promovido por el Ejecutivo con anterioridad. El artículo 86 de la Constitución recoge que el empleo de esta fórmula responde a una «extraordinaria y urgente necesidad».

En los siete años y un mes que lleva al frente del Ejecutivo, Sánchez ha superado en más de treinta el número de decretos que firmó el primer presidente socialista de la democracia, Felipe González, en sus casi 14 años en el poder.