En libertad el hijo de Conde-Pumpido, detenido en Madrid por una supuesta violación grupal

Los hechos, adelantados por 'El Debate' y confirmados por ABC, se habrían producido después de que el letrado solicitara el viernes por la mañana los servicios de la mujer. La joven acudió al domicilio de Conde-Pumpido, un chalé de la calle de Alcalá, en el distrito de San Blas, y se encontró con otros dos individuos más, uno español y otro venezolano.

Según parece, los tres le pidieron determinados servicios a los que ella no habría accedido, siendo en ese momento cuando se produjo la agresión. Según el testimonio de la joven, ella se negó en numerosas ocasiones a acceder a esas demandas a pesar de lo cual los tres sospechosos no se habrían detenido.

Una vez en la calle, al mediodía, la joven brasileña llamó al 091 para denunciar los hechos. En pocos minutos llegó al lugar una dotación policial y de inmediato se puso en marcha el protocolo policial establecido ante cualquier agresión sexual.

La víctima fue trasladada a un hospital para ser sometida a un reconocimiento médico en el que se apreciaron indicios compatibles con el relato de los hechos de la joven. A la chica se le tomaron muestras biológicas para poder extraer el ADN. Ante esa situación se decidió proceder a la detención de Cándido Conde-Pumpido Varela en el chalé donde se habría producido la agresión.

Los agentes, además, procedieron al registro del chalé en busca de indicios que pudieran apuntalar que allí se había cometido una agresión sexual y posteriormente se trasladó al detenido a dependencias policiales de la UFAM (Unidad de Familia y Menores) de la Jefatura Superior de Policía, donde el sábado se le tomó declaración.

El domingo el detenido fue puesto a disposición judicial y declaró ante el magistrado. Por la noche se le puso en libertad, lo mismo que a los otros dos detenidos, sin que se adoptasen contra ellos medidas cautelares. La Fiscalía no pidió su ingreso en prisión, -la víctima no tenía lesiones-, sino orden de alejamiento, por un supuesto delito de agresión sexual, según fuentes jurídicas. Fuentes policiales consultadas por ABC explicaron que «aún se está en la fase de acreditar la veracidad de la denuncia», ya que obviamente los testimonios son contradictorios.

El hijo del presidente del Tribunal Constitucional es, a la vez, un abogado mediático. Tanto por su papel de defensor del bailaor Rafael Amargo -encarcelado esta misma semana por vulnerar el 'apud acta' mientras espera dos juicios, por tráfico de drogas desde su casa de Malasaña-, cuya relación laboral acabó meses después de la primera detención del artista, en diciembre de 2020; como por aparecer en la operación Pompeya: en enero de 2019, declaró como imputado en la Audiencia Nacional, por indicios de blanqueo de capitales procedentes de una trama de proxenetas.

Entonces, rechazó haber lavado fondos de la red de proxenetas investigada en la causa y negó que esta trama, a uno de cuyos líderes defendió como abogado, haya delinquiera. El juez De la Mata consideraba que el letrado llevó a cabo «movimientos de fondos de forma paralela al sistema financiero ordinario» mediante el chiringuito financiero Bandenia. Aquella investigación señalaba que recibió en torno a 1,1 millones del datáfono del prostíbulo Vive Madrid, el mayor de la capital de España, a cambio de una comisión que superaba el 10 por ciento. Conde-Pumpido era el abogado del presunto líder de la trama y propietario del club, Ángel Crispín Gilaranz Velasco.

En 2019, Conde-Pumpido quedó fuera de la causa en la que se investigaban delitos de organización criminal, falsedad continuada en documento mercantil, estafa, blanqueo, insolvencia punible y defraudaciones fiscales. El archivó el procedimiento contra él.

En dicha causa, su imputación vino porque ejerció un tiempo como letrado del grupo y del principal investigado, José Miguel Artiles. En un principio, Bandenia pagaba 1.200 euros al mes por sus servicios, pero posteriormente acordaron que se le cediera un local en la calle Zurbarán en sustitución de ese dinero para que ejerciera su actividad en la abogacía, según el auto de procesamiento de 2019 del entonces titular del Juzgado Central de Instrucción 5 en el que decidió archivar la causa para el letrado.